Retrato de la Hermana Rosa que trabaja en el convento de la Madre Laura en Medellín.
La hermana Rosa, como se la conoce popularmente, trabaja con víctimas de la violencia en la Comuna 13. Ella acompaña emocionalmente a las víctimas de la Operación Orión y del reclutamiento forzado de jóvenes. Trabaja en el convento de la Madre Laura desde hace más de una década y tiene una larga historia de defensa de los derechos humanos en diferentes partes de Colombia y Latinoamérica.
PBI: ¿Cuál es la historia de la Comuna 13?
Hermana Rosa: La Comuna 13 está ubicada al noroccidente de Medellín, tiene una población de 160.000 habitantes aproximadamente y la conforman 24 barrios de la ciudad. Ha sido una comuna abandonada por el Estado durante muchos años y esta ausencia permitió que un grupo subversivo se posicionara dentro de ella llegando a consolidar su autoridad entre la población. Las organizaciones barriales y populares emprendieron la tarea de ir construyendo a través de mingas o comités comunitarios las viviendas y el acceso a ellas. Las familias convivían pacíficamente con este grupo.
En el año 2000 empezaron confrontaciones armadas entre los grupos de milicias que habitaban la comuna y los grupos paramilitares. Fueron confrontaciones muy fuertes donde constantemente intimidaban a la población civil. Frecuentes hostigamientos que sembraban terror y miedo en los pobladores porque este grupo pretendía sacar a los milicianos y tomar el control sobre la comuna. Todos los grupos reclutaban a los jóvenes para fortalecerse y poder enfrentar al enemigo. También hubo asesinatos, desplazamientos, privación de libertad ilegal. En el 2001 la confrontación se hizo más fuerte ya que ningún grupo quería ceder. En el 2002 y por orden del presidente de la República se sacaron de la comuna a los milicianos a sangre y fuego a través de varios operativos conjuntos de la fuerza pública y los grupos paramilitares: las operaciones Antorcha, Mariscal y Orión marcaron la historia de la comuna por las diversas violaciones de los derechos humanos contra la población civil que allí se dieron. Se agudizaron el desplazamiento, los asesinatos, las detenciones arbitrarias, las desapariciones y los asesinatos extrajudiciales. En la operación Orión —que se llevó a cabo el 16 de octubre de 2002— hubo disparos indiscriminados desde un helicóptero contra la comunidad y no permitían a los civiles recoger a los heridos para que fueran atendidos en los diferentes centros asistenciales.
Después de esta operación hubo más control del territorio por parte de los grupos paramilitares y la fuerza publica. Controlaban la entrada y salida de la población, hacían retenes ilegales, requisas, detenciones arbitrarias y todo tipo de atropello. El miedo era generalizado, la gente no decía nada.
PBI: ¿Cómo es la situación actual?
HR: Después de la Operación Orión, las cosas no han cambiado. Hay control paramilitar, continúan los asesinatos selectivos, las desapariciones forzadas, el reclutamiento de jóvenes y menores de edad y los desplazamientos. Se han conformado bandas lideradas por los reinsertados de los grupos paramilitares que siguen delinquiendo y se pelean las plazas de drogas, las vacunas, el control del territorio y todo aquello que pueda seguir generando terror en la comuna.
En este momento me preocupa el tema de los niños y niñas ya que son el futuro de la sociedad y no hay garantías para el libre desarrollo y crecimiento de sus potencialidades humanas. Los están reclutando desde los seis años de edad para que hagan parte del grupo armado en la comuna tronchándoles así sus sueños, ilusiones y esperanzas y hasta las ganas de vivir. Estos niños son utilizados para transportar armas, drogas, controlar territorios y muchos de ellos se retiran de las escuelas. Son niños muy vulnerables dadas las condiciones de pobreza y orfandad en que han quedado algunos de ellos por la guerra. Además los van induciendo al consumo y tráfico de drogas. Esta situación también los ha llevado a que se dé fácilmente la prostitución infantil. Ha habido amenazas, desplazamientos y hasta asesinato de niños por no hacer parte de estos grupos. Hay muchas madres que prefieren sacarlos de los colegios y de las escuelas y mantenerlos encerrados durante todo el tiempo para evitar ser amenazados y reclutados en esos grupos. Muchas madres han llegado al extremo de tener que negar que sus hijos vivan allí.
PBI: ¿Cómo son las amenazas contra el trabajo que hacen y contra ustedes mismos?
HR: La situación nos preocupa ya que la comunidad de la Madre Laura está inmersa en la Comuna 13 y no puede ser ajena al dolor y sufrimiento que vive la gente. Damos respuestas concretas a las viudas, huérfanos, desamparados y victimas del conflicto abriendo un espacio de atención y acompañamiento donde se les escucha y se dan algunas soluciones. Este trabajo ha generado malestar en algunos actores armados impidiéndonos a veces realizar nuestro trabajo que tiene que ver también con la defensa de la vida y porque de alguna manera se ha venido visibilizando a las víctimas para que sus acontecimientos y las violaciones de sus derechos no queden en la impunidad.
Lo que más ha incomodado a estos grupos son las denuncias que venimos haciendo últimamente sobre la vinculación de niños y niñas al conflicto donde hemos podido documentar algunos casos. Igual que con las denuncias frente al cierre de La Escombrera en la comuna donde suponemos que hay cuerpos de desaparecidos. El 26 de febrero teníamos una reunión con las diferentes secretarías de la administración para presentar los casos documentados de algunos niños y tomar algunas medidas de seguridad frente al tema y, casualmente, dos días antes de la reunión, violentaron las cerraduras de la puerta y entraron a la oficina donde estaba la información de todo lo que pasa con los niños y niñas. Allí desbarataron el computador y parece ser que robaron la información. Cabe anotar que en la oficina había muchas otras cosas de valor que no fueron tocadas. Obviamente esto trajo preocupación porque no hay garantías de seguridad para hacer un trabajo por las víctimas. Después de este hecho empezamos a ver gente sospechosa fuera de la oficina y más intentos de robo. El 20 de octubre hubo un grupo armado con deseos de entrar al convento. Es una amenaza y una intimidación a la comunidad para que se calle.
PBI: ¿Cómo percibe el acompañamiento por parte de la comunidad internacional?
HR: El trabajo que hacen ustedes, el apoyo de la comunidad internacional, nos permite tomar aire y pensar que no estamos solas. Hay gente que piensa como nosotros y es solidaria dándonos su apoyo y acompañamiento. Queremos que las víctimas sean más apoyadas y que ustedes hagan un pronunciamiento a nuestro gobierno para que tome medidas sabias que contribuyan al bienestar del pueblo y que los recursos que envían a nuestro país no sean para incrementar la guerra ni apoyar a los victimarios. El pueblo está cansado de tanto atropello y de ver cómo premian a los victimarios. Tengo una petición especial a la comunidad internacional y es mirar de qué manera puede ayudar el pueblo colombiano en la construcción de la paz. El pueblo colombiano sufre demasiado y ni siquiera tiene la oportunidad de levantar la voz. Es un pueblo lleno de esperanza y de confianza, primero en el Señor y en las personas de buena voluntad que quieran darle la mano para que un día pueda respirar con paz y tranquilidad.
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Según el Instituto Nacional de Medicina Legal, entre enero y septiembre del presente año se cometieron 122 homicidios en la Comuna 13, siendo la tercera con el mayor índice de criminalidad en la ciudad. Los reportes de la Personería de Medellín señalan que este sector registra el mayor número de casos de desplazamiento forzado intraurbano, con 61 declaraciones.
«Operación Orión: siete años de conflictos no resueltos en Comuna 13», IPC, 15 de octubre de 2009