Miembro de la Comunidad de Paz junto a María del Pilar Sanmartín Berraquero y Laure Isabelle Luciani (PBI Colombia). Foto: Raphael Buenaventura/Grace Media

Peregrinación de paz

 

Cuando PBI llegó puntual a su cita con la Comunidad de Paz, todo estaba dispuesto. La gente preparada, los chiveros[1] a punto para salir de la finca La Holandita en San José de Apartadó (Antioquia) y la incertidumbre y la alegría en el ambiente. Y es que marchaba, junto con el movimiento Grace y la comunidad plurinacional Tamera (ubicada en Portugal), de peregrinación a Bogotá[2].

 

Este caminar por las calles y barrios de la capital tenía un doble sentido: la protesta y la solidaridad. Por un lado, visibilizar su historia como víctimas frente a la opinión pública de las violaciones de derechos humanos, tanto civiles y políticos como económicos, sociales y culturales a las que, según su propia versión, les somete el Estado a través del conflicto armado; y también mostrar el actuar paramilitar e insurgente que tiene lugar en las zonas donde habitan los miembros de la Comunidad de Paz[3]. Por otro lado, ser aliento de aquellas víctimas sin voz o sin fuerza, así como expresar su solidaridad y hermandad con aquellas iniciativas sociales que surgen desde la base, desde lo más puramente humano, para construir espacios de paz.

 

La primera parada de la peregrinación fue en Facatativá (Cundinamarca), punto de encuentro del centenar de participantes, donde nos esperaba un fuerte dispositivo policial. Entre otras comunidades, visitamos La Virgen de las Rocas[4], donde familias desplazadas sobreviven reciclando basura. El día siguiente la peregrinación continuó a la Fiscalía General de la Nación en Bogotá para dejar los más de 300 ataúdes en miniatura representando a los muertos que ha ido arrastrando la Comunidad en una impunidad aplastante desde que se creara en 1997. Y así fue. Después de un duro tramo de caminata llegamos al edificio gubernamental donde tras dejar las “cajitas” en el soportal, el sacerdote jesuita Javier Giraldo y Eduar Lanchero, ambos acompañantes de la Comunidad de Paz, y Gloria Cuartas, ex alcaldesa de Apartadó, entre otras personas, expresaron su repudia ante lo que consideran la falta de investigación y diligencia por los crímenes cometidos contra la Comunidad. Cantos de paz y de solidaridad acompañaron este acto fuertemente simbólico frente a funcionarios de la Fiscalía y a la prensa. Nos emocionamos al pensar que si todos estos muertos estuvieran vivos y caminando con sus familiares, la peregrinación hubiera sido cuatro veces más grande.

 

Y es que la Comunidad de Paz tiene una historia de dolor y heroísmo que no pasa desapercibida. Sus habitantes han denunciado cerca de 600 violaciones de derechos humanos que incluyen 197 asesinatos y centenares de desapariciones, desplazamientos, torturas, detenciones arbitrarias y robos[5]. Sin embargo, nada detiene a este conjunto humano tan particular, donde coherencia y radicalidad se conjugan en su caminar como Comunidad para dar como resultado un ejemplo de dignificación de la vida nada sencillo de imitar.

 

En el marco de la peregrinación, representantes de la Comunidad de Paz continuaron exigiendo durante la reunión con la Vicepresidencia la creación de una Comisión de Evaluación de la Justicia[6], órgano que tendría la misión de identificar los mecanismos que han llevado a la impunidad en la región del Urabá.

 

Luego en la localidad de Bosa (Bogotá), las personas participantes de la peregrinación caminaron por sus calles y compartieron sus experiencias junto con otras organizaciones. Testimonios conmovedores de resistencia y de lucha. De indígenas y afrocolombianos. De la ciudad y del campo. De todos los colores y sinsabores. Pero con un objetivo: la resistencia no violenta a la desidia y la rendición.

 

Y es que en este marco de compartir vivencias tuvieron lugar varias actividades culturales y pedagógicas como obras de teatro, oraciones y canciones. Fuimos testigos de cómo el mensaje de la Comunidad de Paz alienta otras luchas en el país y se le hace referencia como un proceso de resistencia ejemplar[7].

 

El día finalizó con una eucaristía donde Javier Giraldo recordó el significado y el sentido profundo del proceso de vida de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. El sacerdote resaltó la fuerza, valentía y coherencia que desarrollan sus miembros, así como sus principios de no violencia y neutralidad.

 

La peregrinación siguió su marcha hacia la localidad de Ciudad Bolívar de la mano de un guía que ha vivido y sigue viviendo la realidad local. Caminar en esta parte de la ciudad de Bogotá no es fácil. La localidad se levanta sobre una colina que ha ido acogiendo a la población desplazada a medida que llegaba desde distintas regiones del país. Los pobladores viven una situación tensa debido a la presencia y actividad del paramilitarismo[8] y con una alta estigmatización.

 

Los últimos pasos de la Comunidad de Paz y el movimiento Grace y Tamera fueron en las veredas de Córdoba y San José de Apartadó, donde construyeron juntos el altar de la capilla que se sitúa sobre el lugar donde encontraron los restos de Luis Eduardo Guerra, miembro muy reconocido de la Comunidad de Paz asesinado en la masacre de febrero del año 2005 en la vereda Mulatos.

 


[1]              Vehículos particulares que ofrecen transporte colectivo informal

[2]              La peregrinación se realizó en noviembre de 2010.

[3]              «San José de Apartadó, Comunidad de Paz: La libertad como instinto de sobrevivencia», Raúl Zibechi, América Latina en Movimiento (ALAI), 20 de enero de 2011

[4]              Según comunicado público de Sinaltrainal y otras organizaciones, en mayo de 2009, según testigos, un helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) de Madrid arrojó material incendiario matando a dos niñas de 7 y 16 años de edad e hiriendo a otras tres. El objetivo era su pronto desalojo debido a la negativa de las familias de abandonar la zona. Ver: www.sinaltrainal.org/index2.php

[5]        « San José de Apartadó, modelo de resistencia civil frente al conflicto colombiano», Periódico Diagonal, 31 de marzo de 2010

[6]              La Comisión de Evaluación de la Justicia hace parte de una de las cuatro condiciones que la Comunidad exige para el restablecimiento de las relaciones con el Estado. Las otras tres condiciones son la restitución del buen nombre, honra y dignidad de la Comunidad por parte del Gobierno; la reubicación del puesto de policía en el caserío de San José de Apartadó; y el reconocimiento de las Zonas Humanitarias de la Comunidad.

[7]              «San Jose de Apartado: se reafirma la impunidad», dhColombia, 18 de agosto de 2010

[8]              «Informe revela que reductos paramilitares están delinquiendo en Bogotá», RCN Radio, 30 de abril de 2010