La Fiscalía profirió medida de aseguramiento, detención preventiva sin beneficio de excarcelación, en contra de 24 presuntos responsables del desplazamiento forzado de afrodescendientes de las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, y de la invasión de tierras en esa zona del Bajo Atrato (Chocó), entre 1997 y 2001.