(Washington, DC, 20 de enero de 2010) - Los gobiernos responsables de graves violaciones de los derechos humanos han intensificado durante el último año los ataques contra defensores de derechos humanos y las organizaciones que documentan los abusos, dijo Human Rights Watch hoy en la publicación de su Informe Mundial 2010
www.hrw.org/es/news/2010/01/19/informe-mundial-2010-los-abusadores-de-derechos-humanos-atacan-los-mensajeros
El informe de 612 páginas, que constituye el vigésimo examen anual de la organización sobre las prácticas globales de derechos humanos, resume las tendencias principales de los derechos humanos en más de 90 naciones y territorios de todo el mundo, sobre la base del extenso trabajo de investigación realizado en 2009 por el personal de Human Rights Watch. El capítulo introductorio de esta edición, a cargo del director ejecutivo Kenneth Roth, argumenta que la capacidad del movimiento de derechos humanos para ejercer presión en representación de las víctimas ha crecido enormemente durante los últimos años, y que este desarrollo ha generado una reacción por parte de los gobiernos abusivos que se intensificó particularmente en 2009.
"Los ataques contra defensores de los derechos pueden ser vistos como un homenaje perverso al movimiento de derechos humanos, pero eso no atenúa el peligro", señaló Roth. "Bajo diversos pretextos, los gobiernos abusivos están atacando las bases mismas del movimiento de derechos humanos".
Los ataques contra los observadores de derechos humanos no se limitan a los gobiernos autoritarios como Birmania y China, dijo Human Rights Watch. En los países con gobiernos electos que se enfrentan a insurgencias armadas ha habido un fuerte aumento de ataques armados contra los observadores de derechos humanos. Aunque el conflicto armado de Chechenia se ha atenuado, hubo una serie devastadora de asesinatos y amenazas contra abogados y activistas que luchan contra la impunidad en el Cáucaso septentrional.
Human Rights Watch señaló que algunos gobiernos son tan abusivos contra las personas y organizaciones que ningún movimiento nacional de derechos humanos puede funcionar, como es el caso de Eritrea, Corea del Norte y Turkmenistán.
La introducción del informe dice que además de Rusia y Sri Lanka, otros países donde observadores de derechos humanos fueron asesinados con el fin de silenciarlos incluyeron a Kenia, Burundi y Afganistán.
Human Rights Watch mencionó a Sudán y China como países que habitualmente clausuran a grupos de derechos humanos, y a Irán y Uzbekistán como países que hostigan abiertamente y detienen arbitrariamente a trabajadores de derechos humanos y a otros críticos. Colombia, Venezuela y Nicaragua amenazan y acosan a los defensores de derechos. Defensores de derechos humanos se enfrentan a la violencia en países como la República Democrática del Congo y Sri Lanka. Algunos gobiernos como el de Etiopía y Egipto utilizan leyes extremadamente restrictivas para debilitar la labor de las organizaciones no gubernamentales. Otros países utilizan la suspensión de las licencias profesionales de los abogados (China e Irán, por ejemplo), los cargos criminales - a menudo falsos derivados de ataques simulados (Uzbekistán y Turkmenistán), y las leyes penales sobre el libelo (Rusia y Azerbaiyán) para silenciar a los críticos.
Grupos locales e internacionales de derechos humanos que trabajan en Israel han experimentado un clima más hostil que nunca, después de documentar los abusos cometidos por Israel, así como por Hamas, durante los enfrentamientos de diciembre 2008 - enero 2009 en Gaza e Israel, y en relación con el bloqueo en curso de Israel sobre Gaza.
Roth dijo que la única manera en que los gobiernos abusivos terminarán su asalto contra los defensores de derechos es si los otros gobiernos que apoyan los derechos humanos convierten a los derechos una parte central de sus relaciones bilaterales.
"Los gobiernos que apoyan los derechos humanos necesitan levantar su voz, convertir el respeto a los derechos humanos en la base fundamental de su diplomacia - y de sus propias prácticas", señaló Roth. "Necesitan demandar un cambio real por parte de los gobiernos abusivos".
Roth dijo que el gobierno de Obama, en particular, enfrenta el desafío de restablecer la credibilidad de Estados Unidos en materia de derechos humanos. Hasta ahora, Roth afirmó, los resultados son mixtos, con una mejora notable en la retórica presidencial, pero una traducción incompleta de la retórica a la política y la práctica.
El Gobierno de Estados Unidos ha terminado el programa coercitivo de interrogación de la CIA, pero para cumplir con el derecho nacional e internacional contra la tortura aún necesita investigar y enjuiciar a aquellos que hayan ordenado, facilitado o llevado a cabo la tortura y otros malos tratos, agregó. Se venció el plazo para el cierre del centro de detención en Guantánamo, pero la cuestión más importante es cómo va a ser cerrado. Human Rights Watch y otros han instado al Gobierno ya sea a enjuiciar a los sospechosos detenidos ante los tribunales federales ordinarios, o de manera segura repatriarlos o reasentarlos en algún otro lugar. El gobierno de Obama ha insistido en mantener las comisiones militares que proporcionan una justicia deficiente y en continuar deteniendo a sospechosos por un tiempo indefinido sin cargos ni juicio, ambas situaciones conllevan el riesgo de perpetuar el espíritu de Guantánamo, dijo Roth.
Human Rights Watch también afirmó en la introducción de su informe que un nuevo sistema de justicia internacional, que incluye a la Corte Penal Internacional (CPI), ha sido el foco de ataque. El asalto se desarrolló después de que la Corte emitiera en marzo una orden de arresto contra el presidente de Sudán Omar al-Bashir por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos por las fuerzas sudanesas y las milicias aliadas en contra la población civil de Darfur.
Después de que la Corte emitió la orden, muchas democracias africanas eligieron inicialmente la comodidad de la solidaridad regional en lugar de tomar una posición de principios en apoyo a la justicia internacional, afirma la introducción del informe.
En lugar de aplaudir a la Corte Penal Internacional por tomar medidas para desagraviar el asesinato en masa y el desplazamiento forzado de tantos africanos en Darfur, la Unión Africana decidió en julio no cooperar con la ejecución de la orden de detención. Algunos de los dirigentes africanos fueron más allá al decidir proteger a Bashir en lugar de a las víctimas de los abusos de Darfur.
La investigación de Human Rights Watch durante el año pasado abarcó una amplia gama de abusos en prácticamente todas las regiones del mundo.
Un ensayo adicional del informe, titulado "Maltrato a los pacientes", describe las políticas de salud gubernamentales que someten a los pacientes a la tortura o a malos tratos, y el fracaso de las sociedades médicas nacionales e internacionales en evitar la complicidad de los proveedor de servicios médicos en esos abusos. El ensayo se basó en la investigación de Human Rights Watch en Egipto, Libia, Jordania, Kurdistán iraquí, China, Camboya, India y Nicaragua.
En muchos países, Human Rights Watch documentó las violaciones de los derechos humanos sufridas por mujeres y niñas, incluidas las relacionadas con el embarazo, el parto, y el papel de las mujeres como cuidadoras y proveedoras. Por ejemplo, la mortalidad materna evitable y la discapacidad como consecuencia de las políticas y leyes negligentes matan y mutilan a más mujeres al año que el impacto los conflictos armados, señaló Human Rights Watch.
En Irán, Human Rights Watch investigó la continua represión gubernamental de activistas pacíficos después de la disputada elección presidencial de junio de 2009. Human Rights Watch documentó la detención de miles de personas ordinarias y de alto perfil, proporcionando cuentas detalladas de la violencia estatal contra los manifestantes pacíficos, la detención arbitraria de defensores de derechos humanos, y el abuso y la tortura en centros de detención ilegales de Irán.
En China, además de su labor constante de documentar el acoso y encarcelamiento de defensores de derechos humanos, Human Rights Watch publicó un informe en el que se describe la operación secreta de "cárceles negras", donde las autoridades detienen a personas que secuestran de las calles de Beijing y otras grandes las ciudades. La mayoría de los detenidos son peticionarios que buscan reparación por abusos que van desde la corrupción del Gobierno hasta la tortura policial.
En Cuba, Human Rights Watch documentó cómo el gobierno de Raúl Castro, en vez de desmantelar el aparato represivo de los años de Fidel Castro, lo ha mantenido firmemente en su lugar, conservando a decenas de presos políticos detenidos y arrestando a docenas de disidentes.
En Zimbabue, los investigadores continuaron la supervisión y documentación de las violaciones de los derechos por el partido del ex presidente Robert Mugabe contra sus socios y partidarios en un Gobierno de coalición. Human Rights Watch también documentó tácticas brutales del Ejército y la Policía en los campos de diamantes de Marange para controlar el acceso a los campos y hacerse cargo de la extracción y el comercio de diamantes sin licencia.
Un informe sobre Birmania documenta los casos de docenas de activistas políticos prominentes, monjes budistas, activistas sindicales, periodistas y artistas detenidos desde las protestas políticas pacíficas de 2007 y condenados a penas draconianas después de juicios injustos.
En Gaza e Israel, Human Rights Watch documentó violaciones de las leyes de la guerra tanto por Israel como por Hamas. El asalto militar de Israel en Gaza hace un año incluyó el uso ilegal de municiones de fósforo blanco, el asesinato de civiles con misiles lanzados por aviones teledirigidos, y los disparos contra civiles que agitaban banderas blancas. Hamas y otros grupos armados palestinos lanzaron cohetes en centros de población israelí, y Hamas mató a presuntos colaboradores y maltrató a opositores políticos durante la guerra.
En Libia, Human Rights Watch publicó un informe crítico del Gobierno en una conferencia de prensa en Trípoli. El evento fue la primera conferencia de prensa abierta en Libia. El informe señala que aunque algunas mejoras limitadas se encuentran en curso, las cuales incluyen un espacio más amplio para la libertad de expresión, las leyes represivas continúan sofocando a la libertad de expresión y de asociación, y los abusos de la agencia de Seguridad Interna siguen siendo la norma.
En la República Democrática del Congo, Human Rights Watch documentó el asesinato deliberado de más de 1,400 civiles, un patrón de violaciones atroces, y otros abusos cometidos por fuerzas gubernamentales y rebeldes durante las dos sucesivas operaciones del Ejército congoleño contra una milicia hutu de Ruanda, en el este del país . Human Rights Watch también informó de graves deficiencias en la operación de mantenimiento de la paz de la ONU en el Congo que limitan su capacidad para proteger eficazmente a los civiles.
En Guinea, Human Rights Watch elaboró un informe detallado sobre los asesinatos, agresiones sexuales y otros abusos en un mitin de la oposición en la capital, cometidos principalmente por miembros del cuerpo élite de la Guardia Presidencial. La evidencia sugiere que los ataques fueron planeados de antemano y alcanzaron la categoría de crímenes contra la humanidad.
Human Rights Watch dijo que a pesar del crecimiento del movimiento de derechos humanos, los defensores de derechos humanos siguen siendo vulnerables y necesitan grandemente el apoyo de los gobiernos que respetan los derechos.
"Los gobiernos que se consideran defensores de los derechos humanos suelen guardar silencio frente a estos abusos por parte de aliados, argumentando prioridades diplomáticas o económicas", señaló Roth. "Pero ese silencio los hace cómplices en los abusos. La única respuesta adecuada a las violaciones graves de los derechos humanos es ejercer presión sobre los autores".
El conflicto armado interno de Colombia sigue estando asociado a numerosos abusos por parte de grupos armados irregulares, entre los cuales se encuentran guerrillas y grupos sucesores de los paramilitares. El número de desplazados internos de Colombia asciende a más de tres millones, y cada año se suman nuevos desplazados como resultado de la continua violencia. Los defensores de derechos humanos, periodistas, líderes comunitarios, sindicalistas, líderes indígenas y afrocolombianos, líderes de personas desplazadas y las víctimas de paramilitares que exigen justicia o la restitución de tierras son objeto de amenazas y violencia por parte de actores armados. En 2009, hubo varias denuncias de asesinatos de líderes de grupos de desplazados, y la comunidad indígena Awá, en el departamento fronterizo de Nariño, al sur del país, fue atacada en múltiples ocasiones por diversos actores armados, sufriendo varias masacres y asesinatos durante el año.
Mientras los asesores del Presidente Álvaro Uribe promueven una segunda reforma constitucional para convocar a un referéndum que le permita presentarse a un tercer mandato, su gobierno se ha visto sacudido por escándalos sobre interceptaciones y seguimientos ilegales de defensores de derechos humanos, periodistas, políticos de la oposición y jueces de la Corte Suprema de Justicia por parte del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
Abusos por parte de las guerrillas
Tanto las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) siguen cometiendo abusos contra civiles. Las FARC, en particular, se ven involucradas frecuentemente en masacres, asesinatos, amenazas y reclutamiento de niños para el combate. En febrero, las FARC masacraron a 17 Awá en Nariño. También serían responsables de haber disparado contra la defensora de derechos humanos Islena Rey, en el departamento de Meta.
Las FARC y el ELN habitualmente utilizan minas antipersonales. El Observatorio de Derechos Humanos de la Presidencia de la República informó que, entre enero y septiembre de 2009, 109 civiles resultaron heridos y 32 fueron asesinados como resultado de minas antipersonal y municiones sin explotar.
Los paramilitares y sus sucesores
El gobierno de Uribe sostiene que ya no existen paramilitares. Sin embargo, si bien más de 30.000 personas participaron en un proceso de desmovilización paramilitar, existen evidenias que demuestran que muchas de ellas no eran paramilitares. Otros nunca se desmovilizaron, y algunos retomaron sus actividades delictivas luego de la desmovilización. La mayoría de estas personas nunca fueron investigadas.
Los grupos sucesores de los paramilitares, a menudo bajo el mando de jefes paramilitares de rango medio, se expanden rápidamente. La Policía Nacional de Colombia informó que, en julio de 2009, los grupos contaban con más de 4.000 miembros y ampliaban rápidamente sus áreas de operación. Al igual que los paramilitares, los grupos participan en narcotráfico, reclutan activamente a nuevos soldados y cometen numerosos abusos, como masacres, asesinatos, violaciones sexuales, amenazas y desplazamientos forzados. En Medellín, luego de que se registrara una reducción ininterrumpida de los indicadores oficiales de violencia, desde 2008 la cantidad de homicidios presuntamente perpetrados por estos grupos ha incrementado de manera alarmante.
En los últimos años, la Corte Suprema de Colombia ha realizado avances sin precedentes en la investigación de denuncias de colaboración de miembros del Congreso colombiano con los paramilitares. En el llamado escándalo de la "parapolítica", más de 80 congresistas y senadores-casi todos de la coalición del Presidente Uribe- están siendo investigados o han sido condenados. Sin embargo, el gobierno de Uribe en varias oportunidades ha tomado medidas que podrían frustrar las investigaciones, como atacar públicamente a los miembros de la Corte Suprema a título personal. Mientras tanto, las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía General de la Nación sobre militares de alto rango y empresarios que habrían colaborado con los paramilitares han avanzado lentamente.
La implementación de la Ley de Justicia y Paz, que reduce drásticamente las penas para los paramilitares desmovilizados que confiesen atrocidades, ha sido lenta y dispar. Cuatro años después de la aprobación de la ley, aún no hay condenas firmes. La mayoría de los paramilitares ni siquiera participan en el proceso. Los fiscales han logrado pocos avances en la recuperación de las tierras y los bienes que fueron apropiados ilícitamente por los paramilitares.
La extradición de la mayoría de los líderes paramilitares a Estados Unidos, ordenada por el Presidente Uribe en mayo de 2008, interrumpió las confesiones de estos líderes en el marco del proceso de Justicia y Paz. No se sabe en qué medida los fiscales estadounidenses están interrogando a los líderes paramilitares sobre sus cómplices en Colombia o sus crímenes de derechos humanos.
Abusos e impunidad de las fuerzas militares
En los últimos años se ha registrado un incremento significativo de la cantidad de ejecuciones extrajudiciales de civiles atribuidas al Ejército colombiano. Los miembros del Ejército, ante la presión por demostrar resultados, asesinan a civiles y luego informan que se trata de combatientes muertos en enfrentamientos. Estas supuestas ejecuciones se han producido en todo el país e involucran a diversas brigadas del Ejército. Los datos iniciales indican que el índice de ejecuciones se habría reducido durante 2009, posiblemente como resultado de la atención internacional y el inicio de investigaciones penales.
La Fiscalía General de la Nación está investigando diversos casos que involucran a más de 2.000 víctimas, aunque las investigaciones avanzan lentamente. En sus conclusiones preliminares luego de la visita que realizó en junio de 2009 a Colombia, Philip Alston, el Relator Especial de la ONU sobre Ejecuciones Extrajudiciales, señaló: "la cantidad de casos, su alcance geográfico y la diversidad de unidades militares implicadas indican que estos asesinatos fueron perpetrados de manera relativamente sistemática por una cantidad significativa de militares". Afirmó que el sistema de justicia militar colombiano agrava el problema al impedir que los casos de derechos humanos sean remitidos al sistema de justicia ordinaria.
Durante años, el Presidente Uribe negó públicamente la existencia del problema, y acusó a los grupos de derechos humanos que denunciaban las ejecuciones de formar parte de una campaña promovida por las guerrillas que estaba destinada a desacreditar a las fuerzas militares. Luego de un resonante escándalo mediático desatado en septiembre de 2008 en relación con la ejecución de varios jóvenes oriundos de Soacha, un barrio de bajos recursos de Bogotá, Uribe destituyó a 27 miembros de las fuerzas militares. Durante 2009 se han producido nuevas destituciones. Sin embargo, el Presidente Uribe ha continuado afirmando que las ejecuciones no son más que casos aislados.
Violencia contra sindicalistas
Durante años, Colombia ha sido el país con las mayores cifras de asesinatos de sindicalistas a nivel internacional, y según datos de la Escuela Nacional Sindical, la principal ONG colombiana dedicada al monitoreo de los derechos laborales, han sido más de 2.700 los asesinatos registrados desde 1986. Gran parte de estos asesinatos se atribuyen a grupos paramilitares, que han perseguido a los sindicalistas en forma deliberada. Si bien la cantidad de asesinatos cometidos cada año se ha reducido en comparación con la década de 1990, época en que se registraron los índices más altos y en que tuvo lugar la violenta expansión de los paramilitares, más de 400 sindicalistas -muchos de los cuales pertenecían a sindicatos de maestros- han sido asesinados durante el gobierno de Uribe.
La impunidad respecto de estos casos es generalizada: en casi el 95 por ciento de las muertes no se ha llegado a una condena y los asesinos continúan en libertad. En los últimos años se incrementó la cantidad de condenas, en gran medida debido a la presión de Estados Unidos (ver más adelante), pero aun si se mantiene el promedio actual de condenas anuales, Colombia demoraría décadas en ponerse al día con los casos pendientes.
Defensores de derechos humanos
El Ministerio del Interior de Colombia ofrece un programa de protección para defensores de derechos humanos, periodistas y dirigentes sindicales. Sin embargo, el programa no abarca a todos los grupos vulnerables.
A su vez, el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, que realiza un monitoreo de campo de la situación de derechos humanos en el país para prevenir abusos, emite regularmente "informes de riesgo" en los cuales advierte sobre amenazas contra comunidades y personas. Sin embargo, otras autoridades colombianas en ocasiones han ignorado estos informes de riesgo, y no han tomado las medidas necesarias para impedir los abusos.
Como señaló Margaret Sekaggya, Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos, en conclusiones preliminares luego de su visita a Colombia en septiembre de 2009, "[u]n motivo fundamental de la inseguridad de los defensores de derechos humanos radica en la estigmatización y el señalamiento sistemáticos de que son objeto por parte de funcionarios del Gobierno, [quienes los acusan de] ‘terroristas' o ‘guerrilleros'".
Interceptaciones y Seguimientos Ilegales
En febrero de 2009, Semana, una de las principales revistas de noticias colombianas, informó que el servicio de inteligencia nacional (Departamento Administrativo de Seguridad o DAS), que depende directamente del Presidente Uribe, durante años ha llevado a cabo interceptaciones ilegales de teléfonos y mensajes de correo electrónico, y seguimientos de una gran cantidad de personas consideradas críticas del gobierno de Uribe. Entre estos se incluyen sindicalistas, defensores de derechos humanos, periodistas independientes, políticos de oposición y magistrados de la Corte Suprema.
La Fiscalía General de la Nación inició una investigación sobre las interceptaciones, pero Semana informó que, inexplicablemente, al comienzo los fiscales se centraron en forma casi exclusiva en las interceptaciones realizadas entre 2002 y 2005 (mientras estuvo a cargo el ex jefe del DAS Jorge Noguera, quien está siendo juzgado por homicidio y vínculos con los paramilitares), pese a que existen pruebas de que el DAS llevó a cabo interceptaciones y seguimientos sistemáticos durante los años siguientes. Si bien dos de los fiscales a cargo de la investigación renunciaron, las investigaciones han continuado avanzando lentamente.
Mientras tanto, según Semana, continuaron las interceptaciones. Por ejemplo, Semana reveló que numerosas llamadas del magistrado auxiliar de la Corte Suprema Iván Velásquez, el investigador principal del escándalo de la "parapolítica", habían sido intervenidas ilegalmente hasta fines de agosto de 2009.
Orientación sexual e identidad de género
En 2007, el Comité de Derechos Humanos de la ONU determinó en X v. Colombia que Colombia había incumplido sus obligaciones internacionales al negarle beneficios de pensión a la pareja de un hombre homosexual. El estado no ha cumplido la recomendación del Comité de conceder estos beneficios. Pese a una directiva policial que exhorta a los agentes estatales a proteger a los defensores de los derechos de LGBT, en 2009 hubo varios informes de asesinatos y amenazas en contra de ellos.
Actores internacionales clave
Estados Unidos sigue siendo el actor extranjero con mayor influencia en Colombia. En 2009, proporcionó cerca de US$ 663 millones al gobierno colombiano, un poco menos que en años anteriores. Si bien gran parte de la asistencia continúa siendo a través de ayuda militar o policial, una proporción cada vez mayor consiste en asistencia social y económica. Pese a que el 30 por ciento de la ayuda militar proveniente de Estados Unidos está condicionada al cumplimiento de requisitos en materia de derechos humanos, el Departamento de Estado de Estados Unidos no ha exigido sistemáticamente su cumplimiento. En septiembre de 2009, el Departamento de Estado certificó por primera vez durante el gobierno del Presidente Barack Obama que Colombia cumplía los requisitos de derechos humanos.
El Congreso estadounidense ha postergado la ratificación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia hasta que existan "pruebas concretas de resultados sostenidos" en relación con la impunidad respecto de la violencia contra sindicalistas y el rol de los grupos paramilitares. La presión estadounidense probablemente sea el principal factor que llevó a la conformación de un grupo de fiscales especializados para investigar el asesinato de sindicalistas.
El Reino Unido habría reducido su asistencia militar a Colombia, aparentemente en respuesta a los escándalos sobre interceptaciones y las ejecuciones extrajudiciales. La Unión Europea proporciona asistencia social y económica a Colombia, y ha brindado ayuda a los programas de desmovilización paramilitar del gobierno.
La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos, encargada de verificar las desmovilizaciones paramilitares, emitió informes en 2009 en los cuales expresó su preocupación por las actividades de los grupos sucesores de los paramilitares. Señaló un incremento en la cantidad de masacres, homicidios, amenazas y "limpieza social" por parte estos grupos.
La Corte Penal Internacional continúa realizando un análisis de la situación en Colombia. El fiscal de la CPI ha tenido en algunos casos un rol positivo al ejercer presión sobre las autoridadas para que investiguen los crímenes que están sujetos a la jurisdicción de la CPI.
Además de las visitas realizadas durante 2009 por los relatores especiales de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sobre defensores de derechos humanos y sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se encuentra activa en Colombia, y tiene presencia en Bogotá, Medellín y Cali.