Peace Brigades International (Brigadas Internacionales de Paz-PBI) quiere expresar su profunda preocupación en relación al artículo titulado «The FARC and the ´Peace Community´» (Las FARC y la ´Comunidad de Paz´) escrito por Mary Anastasia O´Grady en el diario norteamericano The Wall Street Journal el 13 de diciembre de 2009. PBI rechaza rotundamente la afirmación de que la Comunidad de Paz de San José de Apartadó colabora con la organización guerrillera denominada Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Nos parece sumamente preocupante e irresponsable que la única base para tal acusación sea el pronunciamiento de Daniel Sierra Martínez, alias 'Samir' —guerrillero desmovilizado de las FARC—, sin mencionar las profundas implicaciones para la seguridad de los miembros de la Comunidad de Paz.
La Comunidad de Paz de San José de Apartadó se fundó en 1997 como un intento de resistencia civil y no violenta en el contexto del conflicto armado interno y para prevenir el desplazamiento forzado. PBI —ONG internacional— empezó a trabajar en Colombia en 1994 y a partir de 1997 ha acompañado física y políticamente a la Comunidad de Paz y a la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. PBI está ubicada en cuatro regiones de Colombia y acompaña a otras 14 organizaciones de derechos humanos y comunidades desplazadas que están en el proceso de retornar a sus tierras.
En varias ocasiones, tanto tribunales nacionales de justicia como internacionales han reconocido la legalidad y la legitimidad de la comunidad, además de la necesidad de proteger a sus miembros. La Comunidad de Paz de San José de Apartadó ha sido beneficiaria de medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde el año 2000, las cuales se ratificaron en febrero de 2008.
Según la afirmación en 2007 de la Corte Constitucional colombiana, el Estado colombiano debe proteger los derechos humanos de los integrantes de la Comunidad de Paz y garantizar su protección a través de la Oficina Nacional de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo. En febrero de 2009, la Defensoría del Pueblo publicó un Informe de Riesgo (No. 003 de 2009) sobre las condiciones de seguridad de los habitantes del corregimiento de San José de Apartadó. Este informe hace hincapié en el hecho de que las actividades de grupos armados ilegales crean riesgo de desplazamiento forzado.
A lo largo de los años, PBI ha facilitado varias misiones diplomáticas a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Durante estas visitas, los diplomáticos se han encontrado con miembros de la comunidad, oficiales de la fuerza pública y otros representantes institucionales. Las embajadas que han participado en estas visitas han seguido muy de cerca las condiciones de seguridad de la comunidad.
Respetamos el derecho de la señora O´Grady para entrevistar a 'Samir' y publicar sus acusaciones, pero debemos destacar el hecho de que estas acusaciones tienen sólo una fuente y no han sido verificadas. Queremos subrayar que la Comunidad de Paz ha sido víctima de múltiples agresiones cometidas por parte de todos los actores armados dentro del conflicto colombiano.
Esperamos que futuros artículos al respecto contemplen las consecuencias que tienen las acusaciones sobre vínculos con la guerrilla en un país como Colombia: la aserción no sólo es infundada, sino que es altamente peligrosa.
Emily Nelson
Relaciones Públicas / Comunicaciones
PBI Colombia
Publicada en inglés en The Wall Street Journal:
online.wsj.com/article/SB10001424052748703523504574604451039816192.html