La abogada Soraya Gutiérrez y el voluntario español José Antonio Serrano

José Antonio Serrano, voluntario de España (2008-9)

Debido a su trabajo de lucha por el respeto a los derechos humanos, Soraya Gutiérrez y su hija afrontan amenazas y seguimientos.

Cuatro años después de que la abogada Soraya Gutiérrez  fuera víctima de un atentado y de graves amenazas directamente a su persona y a su familia, la huella de lo que significó empaña su mirada cuando lo recuerda. Inevitablemente lo vincula con inquietud a los recientes hechos de espionaje y seguimientos de que ha sido objeto como parte integrante de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR), dentro de la Operación Transmilenio1 del DAS. 

En febrero del 2003 Soraya trabajaba en el caso de la masacre ocurrida en El Páramo de la Sarna, donde fueron asesinadas 15 personas que viajaban en un autobús. Días después de reunirse con víctimas de esta masacre, la abogada se dirigía a su casa en Bogotá manejando el coche blindado que tenía asignado. Otro vehículo se cruzó en su camino. Descendieron tres hombres fuertemente armados que intentaron obligarla a bajar del vehículo. Afortunadamente consiguió escapar y llegar a casa. En días anteriores, Soraya y su entorno habían sido objetos de otros seguimientos e intentos de intimidación. Todos los hechos fueron pertinentemente denunciados, pero jamás obtuvieron una respuesta satisfactoria por parte de las autoridades ni hubo una investigación acertada, según manifiesta Soraya. 

Tampoco la hubo ante las nuevas amenazas que sufrió dos años más tarde, implicando esta vez a su hija. Además de seguimientos al bus escolar donde se movilizaba la niña, se recibió un paquete en su casa dirigido a la pequeña y falsamente remitido por su abuelo, en cuyo interior se hallaba una muñeca descuartizada, pintada de esmalte rojo con una nota escrita: «Usted tiene una familia muy linda: no la sacrifique». 

El impacto en la vida personal y profesional de Soraya fue gravísimo.  «Cuando uno asume esta labor de defensa de los derechos humanos  en un país como este, pones tu carrera y profesión al servicio de la lucha contra la impunidad, sabes que corres unos riesgos y estás dispuesto a ello. Es distinto cuando se meten con tu lado más débil, tu familia y seres queridos. Eso tiene un impacto muy fuerte, durísimo». Todo esto tuvo un coste para su vida familiar y de pareja, tuvo que cambiar de domicilio, e incluso influyó en el desarrollo de su hija. Pero al mismo tiempo siguió trabajando.

«En los primeros meses vivía muy angustiada, pero nunca pensé en dejar el país de manera permanente. Estoy convencida de que no me voy de Colombia, no me voy a exiliar nunca. Tengo la certeza y la convicción de que el trabajo de defensa de derechos humanos  se tiene que hacer desde aquí. Los que quieren que nos vayamos no lo van a lograr, al menos conmigo». 

Es difícil ponerse en su piel y saber de dónde esta mujer y las personas como ella sacan la fuerza para seguir adelante en su trabajo dentro de este ambiente hostil. Soraya reconoce la dificultad: «la fortaleza que tenemos es creer que lo que hacemos está contribuyendo a mejorar la situación de este país,  a hacer justicia y a encontrar la verdad. Estamos convencidos de que lo que hacemos es un compromiso ético y de vida. Además es todo el trabajo que hemos desarrollado como equipo, no de uno o dos abogados, sino como Colectivo. Nos apoyamos los unos en los otros y eso nos hace fuertes. Hemos ganado reconocimiento nacional e internacional, y esto nos aporta fortaleza. Nos ayuda el  trabajo de organizaciones hermanas, agencias de cooperación y organizaciones que nos acompañan, como PBI, no sólo con el acompañamiento físico sino con todo lo que implica proteger nuestro espacio de trabajo. Son estas condiciones las que nos sostienen, son una mezcla de lo personal, político, e institucional, así como  creer que estamos aportando a la paz. Si no, como muchos otros, ya nos hubiéramos ido».&nb