Ejes de trabajo
Para que la presencia internacional sea útil y tenga efectos disuasorios, es fundamental que las violaciones de derechos humanos a nivel local sean visibilizadas a nivel internacional. A través del conocimiento de estas situaciones, la comunidad internacional podrá incidir por el respeto de los derechos humanos y la protección de quienes los defienden. Asimismo, potenciales agresores y victimarios conocerán las consecuencias políticas de sus acciones. Para ello organizamos reuniones y encuentros con autoridades políticas, organizaciones de la sociedad civil y colegios de abogacía, ofreciendo información de primera mano con el objetivo de fortalecer una red de apoyo que, en caso de emergencia, pueda ofrecer una respuesta como comunidad internacional.
La organización de encuentros entre las personas defensoras de DDHH y el conjunto de la población es una de las actividades más representativas del trabajo de PBI-EE. Gracias a estos encuentros, se ofrece a la sociedad el contacto directo con la realidad de la defensa de los DDHH desde la voz de sus protagonistas, con el fin de generar una conciencia crítica en la sociedad del Estado
español y motivar su compromiso por la defensa de los DDHH. Asimismo, organizamos acciones de sensibilización para visibilizar la labor de las/os defensoras/es de derechos humanos a través de formatos culturales como exposiciones fotográficas, ciclos de cine y obras de teatro.
Otro pilar de actuación en PBI-EE consiste en la Educación para la Transformación Social. Creemos que una educación en DDHH, que fomente el consenso, la participación no-violenta, y una conciencia crítica global, fortalecerá el desarrollo de una comunidad internacional comprometida con la justicia y la paz. Para ello diseñamos materiales didácticos, intervenciones educativas para
diferentes edades, producción de publicaciones etc.
PBI brinda protección integral (física, política, mediática y psicosocial) a grupos e individuos objeto de represión y violencia sociopolítica, a través de la estrategia de la disuasión: el acompañamiento internacional disuade la violencia y promueve el mantenimiento del espacio de trabajo de las personas y colectivos que defienden los derechos humanos. Desde PBI-EE se apoya el acompañamiento a través del contacto con personas voluntarias y la recaudación de fondos para el sostenimiento de los equipos en terreno.
La difusión del trabajo que realizan los proyectos y fundamentalmente las organizaciones y personas defensoras de DDHH que acompañamos es la base de nuestro trabajo, por lo que mantenemos activos múltiples mecanismos de difusión de informes, publicaciones, noticias etc., tales como la interlocución con medios de comunicación, el envío de información periódica a nuestra
base de socias/os, la presencia en redes sociales, etc. Asimismo, mantenemos colaboraciones con periodistas y medios de comunicación para dar visibilidad internacional a los casos que acompañamos como una estrategia de protección, que siempre va acompañada de un análisis de riesgo.
PBI es una organización referente en el ámbito de la protección y a lo largo de sus más de 40 años de trayectoria ha adquirido una profunda experiencia en realizar formaciones para brindar estrategias de protección y seguridad a organizaciones defensoras en diferentes países del Sur Global. Desde hace varios años, PBI-EE apuesta por volcar la experiencia acumulada en el terreno, organizando procesos de formación con el objetivo de brindar herramientas para mejorar las condiciones en las que las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos sociales en nuestro entorno llevan a cabo su labor por la defensa de los derechos humanos.
Ejes estratégicos
Casi la mitad de las personas defensoras de derechos humanos asesinadas en 2022 se dedicaban a la defensa de la tierra, el territorio, el medioambiente y los derechos de los pueblos indígenas.
Estas alarmantes cifras se enmarcan en un contexto global de emergencia ecosocial con diferentes aristas: los impactos del cambio climático, el agotamiento de recursos energéticos y materiales, o la pérdida masiva de biodiversidad, son algunas de las más relevantes.
Los conflictos socioecológicos se multiplican en aquellos territorios donde se encuentran los bienes comunes naturales que resultan estratégicos para alimentar una economía global en permanente crecimiento. En los últimos años, el contexto de agotamiento de recursos fósiles, la apuesta por un cambio de tecnología sin transformar el modelo de producción y consumo está generando nuevos conflictos: se incrementan aquellos asociados a megaproyectos de energías renovables, aumentan los megaproyectos mineros para la extracción de minerales estratégicos y se amplía la frontera extractiva al norte global.
Además, la creciente amenaza de eventos climáticos severos impacta de manera desproporcionada sobre estos pueblos que han sido históricamente los principales defensores de la tierra, el territorio y el medioambiente. La frecuencia e intensidad de eventos climáticos extremos están en aumento, generando un panorama global donde la adaptación y resiliencia de las comunidades se ven amenazadas. Las sequías e inundaciones vinculadas al cambio climático aumentan la vulnerabilidad de las comunidades empobrecidas y marginadas, afectando sus medios de vida y seguridad alimentaria. Esta realidad se replica en diversas regiones del norte global, donde los eventos climáticos extremos amenazan la estabilidad y el bienestar de comunidades más vulnerables.
A la par de estos desafíos, el cierre de espacios para quienes defiende el medioambiente supone una seria amenaza a la capacidad de la sociedad en su conjunto para abordar los retos de la emergencia ecosocial de manera efectiva. La sociedad civil desempeña un papel crucial en la promoción de políticas ambientales sostenibles y de transición justas, en la construcción de formas de vida alternativas, y en la defensa de los derechos de quienes se ven afectados por los impactos de dicha emergencia.
Abordar estos problemas complejos requiere un enfoque sistémico y colaborativo a nivel internacional. Proteger los derechos de los pueblos indígenas implica fortalecer la sociedad civil, contrarrestar los procesos de criminalización y abogar por políticas ecosociales justas y equitativas.
«No es por estar en contra de los proyectos o de las empresas, sino por defender lo que es nuestro: los bienes comunes, la calidad del agua, la salud de la población.»
Las grandes corporaciones están frecuentemente asociadas a la vulneración de derechos humanos y a la generación de impactos ecosociales en las comunidades en las que operan, y es imperativo que sus actividades no comprometan la dignidad, los derechos, ni las formas de vida de las personas y comunidades que se ven afectadas por ellas. Esto implica la necesidad de que las empresas respeten los estándares internacionales de derechos humanos en toda la cadena de valor de sus operaciones, desde el trato justo a las personas trabajadoras hasta el respeto por las comunidades locales y el medio ambiente.
En este contexto, las defensoras y defensores de derechos humanos que trabajan en el contexto de implementación de megaproyectos corporativos desempeñan un papel vital. Estas personas se enfrentan a riesgos significativos al desafiar prácticas empresariales que con frecuencia vulneran los derechos humanos. Muchas veces, su labor implica señalar casos de explotación laboral, impactos ecológicos y sociales perjudiciales, y violaciones de derechos en las cadenas globales de suministros. Al enfrentarse a importantes intereses económicos y geopolíticos, las personas, organizaciones y comunidades defensoras con frecuencia son blanco de graves ataques que les dejan en una situación de alto riesgo. Proteger a estas personas es crucial para promover el respeto a los derechos humanos y dar prioridad a la sostenibilidad de la vida sobre los beneficios empresariales.
Es por ello que es urgente visibilizar esta situación y exigir que los Estados establezcan y hagan cumplir regulaciones sólidas, efectivas y vinculantes que aseguren que las empresas respeten los derechos humanos en todas sus operaciones. Estos marcos regulatorios deberán garantizar la protección de personas, organizaciones y comunidades defensoras, posibilitar la prevención
de vulneraciones de derechos humanos, establecer responsabilidades y sanciones concretas, y garantizar la participación, el acceso a la justicia y la reparación a las personas y comunidades afectadas.
La defensa de los derechos de colectivos históricamente discriminados por motivos interseccionales como las identidades sexuales y de género, el origen étnico o la clase, entre otras, se erige como un pilar fundamental para la construcción de sociedades justas, equitativas y diversas. Las personas LGTBIQA+ enfrentan numerosas formas de discriminación y violencia, desde la falta de reconocimiento legal y social, el trato discriminatorio en el ámbito laboral y público, hasta agresiones y crímenes de odio. Las mujeres, personas no binarias y disidencias de género, en particular, encaran una doble opresión debido a su género y orientación sexual, siendo objeto de discriminación y violencia machista. Si además son personas racializadas o de clases populares, las violencias se multiplican. La lucha por los derechos de estos grupos es esencial para garantizar el respeto a la diversidad y la igualdad, promoviendo así sociedades donde todas las personas y colectivos puedan vivir libremente y tengan sus derechos garantizados.
Las mujeres defensoras de derechos humanos desempeñan un papel crucial en esta lucha, enfrentando riesgos específicos por su labor. Con frecuencia, enfrentan patrones de criminalización específicamente dirigidos a vulnerar su condición de género, que se intersectan con patrones racistas y clasistas cuando se trata de mujeres indígenas, racializadas y populares. Se infravalora su
rol político, se vierten sobre ellas difamaciones basadas en atributos morales machistas, deben hacer frente a sistemas judiciales patriarcales, o se cometen contra ellas agresiones sexuales. Y es que, cuando las mujeres defienden derechos humanos, están al mismo tiempo desafiando normas culturales, religiosas, sociales y legales muy arraigadas en las sociedades patriarcales.
Frente a este contexto, los colectivos de mujeres y las organizaciones feministas despliegan estrategias y acciones para la defensa de derechos. La capacidad organizativa, las estrategias de solidaridad y apoyo mutuo, la participación activa en sus comunidades y organizaciones, la apuesta por alternativas basadas en la sostenibilidad de la vida, y la puesta en marcha de estrategias de
protección feminista y autocuidado, son rasgos esenciales del trabajo que realizan las defensoras de forma cotidiana.
La interseccionalidad de las violencias que sufren las personas racializadas, las disidencias sexuales y de género y las mujeres destaca la urgencia de abordar los riesgos sistémicos que enfrentan.
Es esencial exigir a los Estados que protejan los derechos de estos colectivos y a quienes los defienden, para garantizar el pleno goce de derechos de todas las personas, independientemente de su origen étnico, su clase social, su orientación sexual o su género.
«Ser defensora es un compromiso de vida. Es romper todos los estereotipos.»
La restricción de espacios para la sociedad civil y los procesos de criminalización representan desafíos cruciales en todo el mundo. La sociedad civil juega un papel fundamental en la defensa de los derechos humanos y en la promoción de la democracia, la igualdad, la justicia y la paz. Sin embargo, en diversas regiones, se observa un creciente cierre de estos espacios, con medidas que limitan la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil para operar, expresarse y abogar por cambios positivos. Además, quienes defienden los derechos humanos se enfrentan a un patrón sistémico de violencias que tienen como objetivo obstaculizar y frenar su labor. Entre las formas más comunes de represión se encuentran las difamaciones, hostigamientos, estigmatizaciones, acoso judicial, amenazas, agresiones y otras formas de criminalización físicas, legales y sociales. Este fenómeno amenaza la salud de las democracias al socavar la diversidad de voces y perspectivas que contribuyen al desarrollo de sociedades más equitativas y justas.
Las posibilidades para el acceso y el disfrute de los derechos humanos están profundamente atravesadas por relaciones de poder de clase, género, origen étnico, lugar de procedencia y orientación sexual, entre otras. En el sur global, los procesos de criminalización contra quienes defienden derechos humanos alcanzan niveles de violencia extremos.
En el contexto europeo y del norte global, el aumento de los discursos de odio presenta una preocupación apremiante. La retórica discriminatoria dirigida hacia grupos étnicos, y disidencias sexuales y de género socava los valores fundamentales de la igualdad y la dignidad humana. Este fenómeno no solo tiene repercusiones sociales, sino que también puede incitar a la violencia y la discriminación sistémica. La necesidad de contrarrestar los discursos de odio es crucial para preservar sociedades democráticas y justas, donde todas las personas y colectivos se sientan seguras y vean sus derechos reconocidos.
En este panorama global, la apertura de espacios para la sociedad civil y la protección de quienes defienden derechos humanos deben ser garantizados por los Estados en todos sus niveles de gobierno, para lo que se requiere una colaboración activa entre instituciones internacionales, organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil misma. Establecer leyes y políticas que protejan y fortalezcan el papel de la sociedad civil es esencial para garantizar su capacidad para abogar por derechos y libertades fundamentales. Además, la promoción de la educación y la conciencia pública es clave para contrarrestar los discursos de odio y la criminalización, y fomentar sociedades equitativas, plurales y diversas en todas las regiones del mundo.
«Lo que buscan esos señalamientos es acabar con la honra, acabar con la credibilidad y, sobre todo, con la legitimidad de la labor que realizamos.»
Los elevados índices de impunidad son una característica común en los países donde PBI realiza labores de acompañamiento y observación. En muchos contextos, la impunidad ronda el 97% de los casos. Este hecho es extremadamente grave debido a que establece un clima propicio para continuar perpetuando las violaciones de derechos humanos.
Dentro de esta perspectiva temática, PBI destaca la importancia del acompañamiento a diversos procesos sociales. Entre ellos, se enfoca en el acompañamiento a organizaciones y comunidades que trabajan por la recuperación de la memoria histórica, donde se busca, a través del derecho a la verdad, esclarecer los hechos y reconstruir y preservar la narrativa de eventos pasados para
comprender el contexto actual. Asimismo, otorga prioridad a la búsqueda de justicia, trabajando en colaboración con comunidades sobrevivientes para combatir la impunidad, exigiendo investigaciones imparciales, la independencia judicial, el respeto al debido proceso y la rendición de cuentas por violaciones a los derechos humanos.
Además, PBI se compromete activamente en la reparación y dignificación de las víctimas y supervivientes de conflicto, brindando apoyo a iniciativas que buscan restituir la dignidad de aquellas personas y comunidades afectadas por las violencias pasadas para garantizar la no repetición de los hechos. Por último, la organización se dedica a la lucha contra todas las formas de represión
contemporánea que enfrentan las personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos.
Este enfoque plantea no solo la necesidad de abordar los crímenes del pasado, sino también de enfrentar las vulneraciones de derechos vigentes, contribuyendo así a la construcción de paz y de sociedades más justas y respetuosas de los derechos humanos.
«Nos falta mucho por caminar. No va a haber recuperación por las pérdidas de nuestros familiares, pero vamos logrando que se respete a los pueblos indígenas, que no se les haga fácil asesinar a un paisano, a un ser humano. A veces la justicia llega.»
