«No es por estar en contra de los proyectos o de las empresas, sino por defender lo que es nuestro: los bienes comunes, la calidad del agua, la salud de la población.»
Casi la mitad de las personas defensoras de derechos humanos asesinadas en 2022 se dedicaban a la defensa de la tierra, el territorio, el medioambiente y los derechos de los pueblos indígenas.
Estas alarmantes cifras se enmarcan en un contexto global de emergencia ecosocial con diferentes aristas: los impactos del cambio climático, el agotamiento de recursos energéticos y materiales, o la pérdida masiva de biodiversidad, son algunas de las más relevantes.
Los conflictos socioecológicos se multiplican en aquellos territorios donde se encuentran los bienes comunes naturales que resultan estratégicos para alimentar una economía global en permanente crecimiento. En los últimos años, el contexto de agotamiento de recursos fósiles, la apuesta por un cambio de tecnología sin transformar el modelo de producción y consumo está generando nuevos conflictos: se incrementan aquellos asociados a megaproyectos de energías renovables, aumentan los megaproyectos mineros para la extracción de minerales estratégicos y se amplía la frontera extractiva al norte global.
Además, la creciente amenaza de eventos climáticos severos impacta de manera desproporcionada sobre estos pueblos que han sido históricamente los principales defensores de la tierra, el territorio y el medioambiente. La frecuencia e intensidad de eventos climáticos extremos están en aumento, generando un panorama global donde la adaptación y resiliencia de las comunidades se ven amenazadas. Las sequías e inundaciones vinculadas al cambio climático aumentan la vulnerabilidad de las comunidades empobrecidas y marginadas, afectando sus medios de vida y seguridad alimentaria. Esta realidad se replica en diversas regiones del norte global, donde los eventos climáticos extremos amenazan la estabilidad y el bienestar de comunidades más vulnerables.
A la par de estos desafíos, el cierre de espacios para quienes defiende el medioambiente supone una seria amenaza a la capacidad de la sociedad en su conjunto para abordar los retos de la emergencia ecosocial de manera efectiva. La sociedad civil desempeña un papel crucial en la promoción de políticas ambientales sostenibles y de transición justas, en la construcción de formas de vida alternativas, y en la defensa de los derechos de quienes se ven afectados por los impactos de dicha emergencia.
Abordar estos problemas complejos requiere un enfoque sistémico y colaborativo a nivel internacional. Proteger los derechos de los pueblos indígenas implica fortalecer la sociedad civil, contrarrestar los procesos de criminalización y abogar por políticas ecosociales justas y equitativas.