«Lo que buscan esos señalamientos es acabar con la honra, acabar con la credibilidad y, sobre todo, con la legitimidad de la labor que realizamos.»
La restricción de espacios para la sociedad civil y los procesos de criminalización representan desafíos cruciales en todo el mundo. La sociedad civil juega un papel fundamental en la defensa de los derechos humanos y en la promoción de la democracia, la igualdad, la justicia y la paz. Sin embargo, en diversas regiones, se observa un creciente cierre de estos espacios, con medidas que limitan la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil para operar, expresarse y abogar por cambios positivos. Además, quienes defienden los derechos humanos se enfrentan a un patrón sistémico de violencias que tienen como objetivo obstaculizar y frenar su labor. Entre las formas más comunes de represión se encuentran las difamaciones, hostigamientos, estigmatizaciones, acoso judicial, amenazas, agresiones y otras formas de criminalización físicas, legales y sociales. Este fenómeno amenaza la salud de las democracias al socavar la diversidad de voces y perspectivas que contribuyen al desarrollo de sociedades más equitativas y justas.
Las posibilidades para el acceso y el disfrute de los derechos humanos están profundamente atravesadas por relaciones de poder de clase, género, origen étnico, lugar de procedencia y orientación sexual, entre otras. En el sur global, los procesos de criminalización contra quienes defienden derechos humanos alcanzan niveles de violencia extremos.
En el contexto europeo y del norte global, el aumento de los discursos de odio presenta una preocupación apremiante. La retórica discriminatoria dirigida hacia grupos étnicos, y disidencias sexuales y de género socava los valores fundamentales de la igualdad y la dignidad humana. Este fenómeno no solo tiene repercusiones sociales, sino que también puede incitar a la violencia y la discriminación sistémica. La necesidad de contrarrestar los discursos de odio es crucial para preservar sociedades democráticas y justas, donde todas las personas y colectivos se sientan seguras y vean sus derechos reconocidos.
En este panorama global, la apertura de espacios para la sociedad civil y la protección de quienes defienden derechos humanos deben ser garantizados por los Estados en todos sus niveles de gobierno, para lo que se requiere una colaboración activa entre instituciones internacionales, organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil misma. Establecer leyes y políticas que protejan y fortalezcan el papel de la sociedad civil es esencial para garantizar su capacidad para abogar por derechos y libertades fundamentales. Además, la promoción de la educación y la conciencia pública es clave para contrarrestar los discursos de odio y la criminalización, y fomentar sociedades equitativas, plurales y diversas en todas las regiones del mundo.