Articulo publicado en el Boletín especial 15 años, octubre 2009
Kristina Johansen, voluntaria de Noruega (2006-7)
Gustavo Gallardo, abogado del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, ofrece su apoyo a víctimas de ejecuciones extrajudiciales en el Casanare.
Los hermanos Luís Guillermo Robayo Mora y Rubén Darío Avendaño Mora, de 25 y 14 años respectivamente, fueron asesinados el 16 de abril de 2007 en Hato Corozal (Casanare), presuntamente por el Gaula1 del Ejercito del Casanare2. Los padres, los campesinos Jorge Avendaño y Guillermina Mora, cuentan que habían ido a Paz de Ariporo a comprar ganado y que nunca regresaron. Los muertos fueron presentados por las autoridades como dos guerrilleros dados de baja.
Me acuerdo de la mirada grave que se repetía en los dos hijos pequeños que quedaron vivos cuando estuve en su finca, en junio de 2007, acompañando al abogado Gustavo Gallardo, del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP). Íbamos de camino al pueblo de Sácama cuando pasamos cerca de unos soldados que patrullaban por la carretera.
«Mi familia vive muy traumatizada. Los niños han tenido problemas con los estudios a causa de lo que les pasó a sus hermanos. Ellos no dicen nada, pero se quedan pensando. Y uno analiza que de pronto no sea por los hermanos, sino porque piensan que de pronto les llegue a pasar algo a ellos, o a nosotros», dice Jorge Avendaño.
La experiencia de la familia Avendaño Mora desafortunadamente no es la única: Según un informe de la Fiscalía3, hasta el 20 de diciembre de 2008 el organismo tenía a su cargo 848 procesos de los denominados casos de «falsos positivos», en los que murieron 1.375 personas. De los 848 procesos, 768 son casos posteriores a 2004. De éstos, la mayoría fueron denunciados en 20074. Durante ese año y hasta ahora, PBI ha estado acompañando a personas que han jugado un papel fundamental en la denuncia y difusión de esta realidad. El trabajo de los defensores consiste en impartir talleres, recibir denuncias y asesorar a víctimas, desde las ciudades hasta las zonas más remotas del país. Implica también confrontar directamente a los presuntos responsables a través del sistema de justicia penal militar – donde por lo general empiezan las investigaciones - y de la justicia ordinaria. Generar debates públicos sobre el tema es otra tarea importante. Al exponerse públicamente, los familiares y sus defensores corren el riesgo de ser estigmatizados, amenazados y hasta asesinados5.
Cuando uno de nosotros, como voluntario de PBI, acompaña estos procesos, no sólo se acerca al dolor, al miedo y a la rabia de los familiares, sino también al del resto de personas que les acompañan en su lucha.
Recuerdo la noche que acompañamos a Gustavo Gallardo a un parque en Yopal, donde se reunió con una mujer cuyo esposo había sido asesinado hacía poco. Mientras yo jugaba con su hija, de unos cinco años, la mujer daba su testimonio y lloraba sobre el hombro del abogado. Gustavo, que sufre en persona los efectos de la persecución y el desplazamiento, nos comentó posteriormente que tenía ganas de llorar con la viuda, pero que aguantó porque consideraba que tenía que darle fuerzas y esperanza. El trabajo persistente de los defensores de los derechos humanos y la valentía de las víctimas está haciendo ver al mundo que la vida de un campesino vale lo mismo que cualquier otra vida. Como dice Jorge Avendaño:
«Lo principal es que esto no quede impune. Una persona no puede quitarle la vida a otra, eso no lo dice ninguna Biblia, ninguna ley».
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1 Son unidades elite creadas por la Ley 282 de 1996, exclusivamente dedicadas a evitar y actuar en contra del secuestro y la extorsión. Está conformado por personal del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Fiscalía General de la Nación y las Fuerzas Militares. En este momento el país cuenta con 16 GAULAS del Ejército y dos de la Armada Nacional. (Fuente: www.ejercito.mil.co/index.php)
2 «A juicio ex comandante del Gaula por “falsos positivos”», El Espectador, 19 de agosto de 2009
3 «Nuevas capturas por falsos positivos», El Colombiano, 27 de enero de 2009
4 «Más de mil militares: involucrados en falsos positivos», AFP/Terra Colombia, 28 de enero de 2009
5 «Los defensores de derechos humanos acusados sin fundamento – Presos y señalados en Colombia», Human Rights First, febrero de 2009