Alirio Uribe, una de las personas más perseguidas del Colectivo de Abogados, en la Sierra Nevada de Santa Marta, dando un taller a los indígenas Arhuacos [Foto: Sebastian Rőtters ]
Articulo publicado en el Boletín especial 15 años, octubre 2009
Jacobo Blickenov, voluntario de los EEUU (2008-9)
Instituciones del Gobierno colombiano abusan de sus poderes contra los defensores. El defensor Alirio Uribe es una de las víctimas más acosadas de esta práctica.
El día 21 de Febrero la revista Semana reveló que el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) seguía haciendo interceptaciones y seguimientos ilegales a miembros de la oposición política, magistrados de la Corte Suprema y altos funcionarios del gobierno1. Desde este día empezó el escándalo de las chuzadas. Esto sucedió dos meses después de que salieran las primeras noticias sobre las ONG de derechos humanos que también habían sido víctimas de los seguimientos e interceptaciones del DAS. Incluidos en estas organizaciones están: el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR), la Fundación Manuel Cepeda Vargas, la Asociación para la Promoción Social Alternativa (MINGA), la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADDES), Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez (CCALCP), la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP), la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, el Padre Javier Giraldo, el abogado Jorge Molano y la periodista Claudia Julieta Duque, todos acompañados por PBI.
CCAJAR fue una de las organizaciones más afectadas por la llamada «Operación Transmilenio», dirigida específicamente hacia Alirio Uribe, el presidente del Colectivo en ese entonces2. Semana menciona que los informes del DAS tenían los detalles más íntimos de su vida, hasta qué tipo de comida le gustaba3. Alirio Uribe comenta que «se siente una rabia porque toda la vida privada ha sido escrutada, pero lo que más impacta de todo este tema es que no se tiene claridad sobre qué era lo que se buscaba. Al final pueden ser varios objetivos: uno, para una guerra psicológica o amenazas, pero también se puede pensar que de pronto quisieran hacer algún atentado hacia algún miembro del Colectivo».
La primera entidad que llevó a cabo estas interceptaciones ilegales, el Grupo Especial de Inteligencia «G-3», fue creado en 2004 durante el tiempo en que Jorge Noguera fue director del DAS. CCAJAR lleva la parte civil de casos en contra de Noguera por homicidio y concierto para delinquir por su alianza con el paramilitarismo. El grupo «G-3» tenía órdenes de «destruir o neutralizar las actividades de las organizaciones de sociedad civil»4. Después venía el llamado Grupo de Observación y Verificación Nacional e Internacional, con tareas similares y el mismo coordinador, Fernando Ovalle. El DAS siguió estas operaciones de inteligencia por lo menos hasta 2008.
En este momento el caso está en las manos de la Fiscalía. Pero es probable que nunca vayamos a saber la totalidad de la información que tenía el DAS, porque el 22 febrero del 2009, el día que el nuevo director asumió el mando de este departamento, videos en posesión de la Fiscalía muestran a funcionarios del DAS sacando materiales de las oficinas de Inteligencia y Contrainteligencia5. Por ahora, lo que espera Alirio es «que haya una investigación y que se sancione a los responsables.» En agosto de 2009 la revista Semana informó que «a pesar de estar en medio del peor escándalo de su historia, el DAS continúa grabando ilegalmente a magistrados, congresistas y candidatos presidenciales»6.
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1 «El DAS sigue grabando», Semana, 21 de febrero de 2009
2 «Los del Siempre» Semana, 25 de abril de 2009
3 «Las fuerzas oscuras» Semana, 12 de junio de 2009
4 «Colombia: Vigilancia constante del CCAJAR y espionaje en contra del mismo y de otros defensores por parte del DAS», Observatorio para la protección de los defensores de derechos humanos, 23 de junio 2009
5 «El espionaje era peor», Semana, 25 de abril de 2009
6 «Increible... siguen “chuzando“», Semana, 29 de agosto de 2009