Cada uno de estos espacios ha generado que las juntas de acción comunal realicen una evaluación de las necesidades y prioridades en las zonas rurales de los municipios de Remedios, Yondó, San Pablo, Simití y Cantagallo; con esto han planteado una serie de exigencias y propuestas locales de fortalecimiento organizativo que se dieron a conocer en el Encuentro Regional por la Vida Digna con la presencia de más de 250 campesinos representantes de las juntas de acción comunal de la ZRC del Valle del Río Cimitarra, además del acompañamiento de organizaciones sociales.

Con este encuentro se socializó entre los espacios subregionales de la ZRC (Nordeste Antioqueño, parte media del Cimitarra y Sur de Bolívar) el acumulado actual de las propuestas y acciones que construyen la Mesa Regional por la Vida Digna. También se actualizaron y construyeron colectivamente las exigencias del campesinado de la ZRC del Valle del Río Cimitarra, en relación con la crisis humanitaria y los derechos humanos, los cultivos de uso ilícito y el desarrollo regional integral.

Estas exigencias se presentarían a los entes gubernamentales municipales, departamentales y nacionales para generar compromisos de generación de acciones efectivas, así como un plan de inversión y seguimiento frente a las exigencias del campesinado de la ZRC, actividad que no se pudo realizar por la ausencia en el Encuentro de los representantes del estado colombiano ante las exigencias de la población campesina.

Se hicieron presentes los órganos de control municipales, Procuraduría y Personerías, que se comprometieron a trabajar por propiciar momentos de encuentro con las autoridades locales.

El encuentro terminó con un plan de trabajo ante la ausencia del Estado, un documento de exigencias, la disposición de los Comités de Impulso de las Mesas por la Vida Digna del Nordeste Antioqueño, Sur de Bolívar y Parte Media del Cimitarra en el trabajo de exigibilidad de derechos y un fuerte grito de la comunidad campesina: ¡Viva la ACVC! ¡Viva la Zona de Reserva Campesina! ¡Vivan los derechos del campesinado!

Situación actual de los municipios Remedios, Yondó, Cantagallo, Simití y San Pablo

La propuesta de desarrollo de las Mesas Comunales por la Vida Digna busca conjugar intereses económicos, sociales y ambientales de la comunidad campesina del Valle del Río Cimitarra en el marco de la ZRC. La ZRC dispone de un Plan de Desarrollo sostenible construido participativamente entre comunidades y autoridades locales, basado en un diagnóstico que recogió las necesidades, expectativas, propuestas e iniciativas en marcha por parte del campesinado que fueron organizadas en siete programas que a su vez plantean proyectos concretos.

Durante el tiempo que lleva suspendida la ZRC, la población campesina ha dado continuidad al desarrollo de sus iniciativas y proyectos del Plan de Desarrollo, principalmente aquellos atinentes a la seguridad alimentaria, mejoramiento de vivienda y derechos humanos, los cuales han alcanzado importantes logros tanto en el mejoramiento de la calidad de vida como los niveles de relación social y estrategias alternativas de organizar la producción, la resolución de conflictos comunitarios y la interlocución con el Estado.

Sumado a las prioridades de ordenamiento del territorio desde la protección de los recursos naturales, el mejoramiento de las condiciones de vida del campesinado, el fortalecimiento de la economía campesina, la seguridad alimentaria y el respeto de los derechos humanos plasmados en este Plan de Desarrollo, los campesinos del Valle del Río Cimitarra hemos querido presentar este documento que muestra las exigencias de la comunidad organizada reflejada en los espacios que genera la Asociación Campesina del Valle del Rio Cimitarra (ACVC) de Mesas Comunales por la Vida Digna para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población campesina que la Constitución Nacional colombiana garantiza.

1. Desarrollo regional integral en la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra

1.1. Antecedentes

El valle del río Cimitarra es una región ubicada en el Magdalena Medio, en vías de desarrollo y con un gran potencial dado por su ubicación geográfica y por la riqueza de sus recursos. A pesar de contar con un grupo humano organizado –Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC)- que ha orientado en gran medida la ocupación y uso del territorio, se trata de una región que padece todas las consecuencias del abandono estatal y la práctica de un modelo impuesto que propicia la exclusión y el acrecentamiento de las desigualdades regionales.

Así, la pobreza generalizada de grandes masas campesinas, la inexistencia de reales posibilidades de desarrollo económico y social, la precariedad de sectores claves para el desarrollo como la salud, la educación, la vivienda y los servicios básicos, la concentración de la tenencia de la tierra, la economía de enclave como una posibilidad de subsistir, entre otros fenómenos, son de por sí factores estructurales generadores de conflicto en la región.

Es así como la población trabajadora del valle del Cimitarra se ha visto obligada a la movilización permanente para exigir del Estado compromisos reales para la solución de esta problemática social. En este sentido, los acuerdos de mayo de 1996 y octubre de 1998 llevaron a compromisos por parte del Estado en los planos político, económico y social, pero dichos acuerdos nunca se cumplieron.

Lo anteriormente señalado muestra que para articular el Valle del Cimitarra a la economía nacional de una manera coherente se requiere constituir una Zona de Reserva Campesina articulada a un Plan de Desarrollo Sostenible con criterios amplios y participativos, donde se involucren todas las dimensiones del desarrollo en la construcción de un proyecto desarrollo regional.

1.2. Zona de Reserva Campesina

Desde 1998 la ACVC promueve la creación de una Zona de Reserva Campesina (ZRC) en el valle del río Cimitarra, como parte de los acuerdos logrados con el Gobierno en ese mismo año. Las ZRC están reconocidas en la ley 160 de 1994, como un instrumento para regular los procesos de colonización, garantizar el acceso de los campesinos a la tierra, prevenir la concentración de la propiedad, proteger la economía campesina, la soberanía alimentaria y promover la aplicación de los derechos económicos sociales y culturales del campesinado.

La ACVC cumplió todos los procedimientos que exige la ley colombiana para que se declarara la ZRC, dentro de los que se destaca la construcción participativa de un Plan de Desarrollo, luego de lo cual el 10 de diciembre del 2002, el entonces Incora, mediante resolución 028 de 2002, declaró la ZRC del Valle del Río Cimitarra. La resolución 046 de abril 10 de 2003 proferida por la junta directiva del Incora suspendió los efectos jurídicos de la resolución 028 del 10 de diciembre de 2002 del mismo Incora, basándose en “los motivos de inconformidad expresados por sectores de la comunidad”, plasmados éstos en un comunicado público suscrito por autoridades que manifestaban su descontento con la declaración de la ZRC.

1.2.1. Exigencias comunitarias al estado central, departamental y municipal

Los campesinos habitantes de la Zona de Reserva Campesina exigimos:

· El levantamiento inmediato de la suspensión de la ZRC del Valle del Río Cimitarra.

· Consulta previa con la comunidad campesina sobre los planes de desarrollo municipales, presupuesto municipal y sus asignaciones en especial a la zona rural. Igualmente, consulta previa para las inversiones en la región del capital privado nacional o multinacional.

· Cumplimiento con los programas y proyectos contenidos en el Plan de Desarrollo Sostenible plasmados a continuación:

Programa desarrollo agropecuario y forestal

 Desarrollo agroindustrial de la caña en el valle del río Cimitarra 
 Desarrollo agroindustrial del arroz en el valle del río Cimitarra 
 Impulso a la ganadería campesina de búfalos en el valle del río Cimitarra 
 Proyectos piloto integrales de sustitución de cultivos ilícitos en el valle del Cimitarra 
 Desarrollo industrial de la ganadería doble propósito en el valle del río Cimitarra 
 Desarrollo industrial de especies menores en el valle del río Cimitarra 
 Impulso de la comercialización en doble vía a través de la red de cooperativas Cooperantioquia 
 Conformación e impulso del fondo agropecuario de desarrollo campesino en el valle del río Cimitarra 
 Impulso al desarrollo forestal integral del valle del río Cimitarra

Programa dotación de infraestructura básica

 Construcción de vivienda nueva y saneamiento básico 
 Electrificación de la zona rural del valle del Cimitarra 
 Mejoramiento y construcción de vías de comunicación terrestre y fluvial 
 Conformación de una empresa de transporte fluvial y terrestre de pasajeros en el río Cimitarra

Programa dotación de servicios

 Construcción de centros de salud 
 Construcción de escuelas veredales y colegios de bachillerato rural 
 Telefonía rural

Programa redistribución y formalización de la tenencia de la tierra

Programa recuperación y protección ambiental

Programa difusión del estado local, seguimiento y control

 Conformación de la empresa comunitaria de comunicaciones en el valle del Cimitarra 
 Creación de emisoras rurales comunitarias 
 Impulso al periódico regional del valle del Cimitarra

Programa fortalecimiento organizativo y derechos humanos

 Fortalecimiento de la ACVC 
 Creación e impulso de comités de derechos humanos 
 Creación e impulso de comités de desplazados 
 Conformación de refugios internos en la región 
 Conformación del centro regional de atención jurídica integral 
 Conformación y funcionamiento de la comisión permanente de verificación y observación de violaciones a los derechos humanos 
 Difusión de los derechos humanos, derecho internacional humanitario y participación comunitaria 
 Implementación de alertas tempranas

· Consultar con las comunidades los planes de ordenamiento territorial de los municipios, así como la debida planificación de obras de colegios, hospitales y las distintas estructuras.

· Una vez levantada la suspensión de la ZRC iniciar un proceso de apoyo en las comunidades rurales limítrofes de la ZRC para su inclusión en el área geográfica de la Resolución 028 de 2002 (documento de aprobación de la ZRC).

· Los gobiernos municipales, departamentales y nacionales deben presentar a las comunidades campesinas la debida rendición de cuentas —espacios participativos como cabildos abiertos— de presupuesto en inversión para las veredas, al igual que los porcentajes de cobertura e indicadores de resultados de la gestión municipal que muestren el resultado de las peticiones realizadas por las juntas de acción comunal con la debida generación de un plan de trabajo que dé cumplimiento a las necesidades de la comunidad.

· El gobierno municipal está en el deber de garantizar a los campesinos los procesos de levantamiento de las sanciones de las personerías jurídicas de las juntas de acción comunal y la adjudicación de éstas.

· Como campesinos exigimos que los funcionarios municipales dejen de requerir cartas de desplazamiento como requisito para ser beneficiario de subsidios, servicios de salud, vivienda, entre otros beneficios que son derechos de la comunidad, ya que esto está siendo en la práctica un mecanismo de despojo del territorio.

1.3. Plan de desarrollo sostenible de la ZRCVRC

El conocimiento y experiencia de los líderes de la ACVC, la realización de diagnósticos participativos comunitarios veredales y un gran taller regional desarrollado en el municipio de Cantagallo se constituyen en las bases de la planificación participativa para la construcción de esta propuesta regional de un plan de desarrollo sostenible.

De esta forma, se identificaron una serie de aspectos que se deben cubrir de manera rápida en la búsqueda del mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad allí presente. El fin último del plan es propender por un desarrollo adecuado y conveniente para la región, de las comunidades humanas allí asentadas y contribuir con un desarrollo adecuado y conveniente para el país. Del mismo modo, ofrecer un conjunto de alternativas y acciones frente a la problemática del Magdalena Medio y responder a las necesidades planteadas.

Una vez presentado este plan que recoge las necesidades de la población, las peticiones de las marchas campesinas de 1996, 1998 y 2007 y aprobada la ZRC las entidades gubernamentales se comprometen entre otros a:

• Ministerio del Medio Ambiente: prestará el apoyo necesario para gestionar el mercado internacional forestal y elevar el Plan de Desarrollo Forestal a Documento Consejo de Política Económica y Social (Conpes).

• Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural: Acompañar el proceso y apoyar los proyectos productivos a través de las instituciones del sector productivo, en asistencia técnica, organización y capacitación en convenios con el SENA e ICA. Obtención de la certificación como zona libre de aftosa y la inclusión de la zona al programa de fomento de producción de ganado blanco para exportación, igual que la producción bufalina.

• Incora ahora Incoder: Adelantar programas de titulación de baldíos y adquisición de tierras y acompañar los asentamientos con programas de gestión empresarial rural.

• Defensoría del Pueblo: Protección a las familias en cuanto se les garantice y respete los derechos constitucionales, como la vida, la propiedad privada, la libre asociación y autodeterminación.

1.3.1. Inversión social

1.3.1.1. Salud, vivienda y servicios públicos

Los caseríos del Valle del Río Cimitarra no cuentan con condiciones básicas de salud. En la mejor de las situaciones existe un puesto de salud, sin medicinas y con alguna persona que hace las veces de promotor pero que no cuenta con los implementos ni los suficientes conocimientos para atender un caso de emergencia. Tampoco se registran programas de salud preventiva, no hay programas de vacunación oficial, ni mucho menos programas de control prenatal ni de salud sexual y reproductiva.

En cuanto al acceso a servicios como energía, a excepción de algunos centros del municipio de Yondó, los caseríos cuentan en algunos casos con plantas propias abastecidas por la propia comunidad. En telefonía en un 80% de la zona rural no hay comunicación fija ni celular; en caso de emergencia la comunidad tiene que hacer largas caminatas para correr con suerte de lograr señal para comunicarse. Casi en la totalidad de los caseríos es inexistente un sistema de acueducto y disposición de aguas servidas, sin contar además con sistemas de manejo de excretas. No existen planes de manejo de basuras [1].

El plan de desarrollo sostenible con respecto a estos aspectos plantea fortalecer la ZRC en promoción de salud y prevención de enfermedades; seguridad alimentaria y nutrición; en emergencias y prevención de desastres, participación comunitaria y capacitación en salud; electrificación y telefonía rural [2]. Es por esto que la comunidad campesina exige en la ZRC:

· Adelantar un programa que reivindique los derechos sexuales y reproductivos de la mujer y que haga parte de la recuperación de identidades campesinas y la protección de la salud.

· Construcción, adecuación y mantenimiento de vías terrestres y fluviales de comunicación intermunicipal e interveredal que cumplan con los requisitos técnicos, ambientales y de uso frecuente de las comunidades.

· Puesta en marcha de la construcción de infraestructura de interconexión eléctrica rural para un servicio permanente y de calidad.

· Garantía de comunicación comunitaria como telefonía rural y telecomunicaciones (internet) para las comunidades campesinas.

· Brindar las garantías e infraestructura para un adecuado ejercicio del derecho a la salud y seguridad social para los campesinos (toma de exámenes de laboratorio, entrega de medicamentos, hospitalización, atención ambulatoria y de urgencias, quirúrgica, nutricional, materno-infantil, odontología, etc.) con estructuras adecuadas y personal capacitado con equidad, convivencia, calidad y participación comunitaria, rescatando el saber local y las prácticas de medicina alternativa existentes en la región.

· Presupuestar y ejecutar en todas las veredas planes de manejo de basuras y excretas así como planes de prevención de desastres y atención de emergencias naturales.

· Generación de programas y presupuesto para dotar de vivienda digna a todos las familias campesinas con: saneamiento básico, estructuras sanitarias, servicios públicos comunitarios –electrificación y teléfono- teniendo en cuenta la cultura y necesidades campesinas.

· Adecuación y optimización de los puestos de salud rurales con capacitación a los promotores para toma de muestras, atención de emergencias y manejo en primeros auxilios.

1.3.1.2. Educación

La educación existente no cubre con las demandas culturales, políticas, sociales y económicas del desarrollo regional. No hay una garantía de continuidad o articulación de los ciclos básica, media y bachiller para los estudiantes campesinos; no existe un colegio de secundaria en la zona rural.

Esto se suma a las deficiencias en estructura física adecuadas (con servicios sanitarios, saneamiento, áreas recreativas, áreas de estudio, bibliotecas, aulas audiovisuales dotadas, sillas, escritorios, etc.) o simplemente falta de estudios de planificación, haciendo escuelas en veredas sin el número de estudiantes correspondiente o sin profesor calificado para educar.

Otro aspecto para resaltar es el alto nivel de deserción estudiantil dada por estudiantes que no encuentran en ella la posibilidad de desarrollo personal y social ya que la pedagogía, los currículos y los planes educativos no alcanzan a establecer su vinculación con la realidad cultural, política, social, afectiva y económica de la región.

En el plan de desarrollo sostenible reclamamos la ampliación de la cobertura preescolar, básica, tecnológica y superior; mejoramiento de la infraestructura educativa; sistemas de información y apoyo a la educación no formal. Además como campesinos, en educación exigimos:

· Garantía de articulación de los ciclos básicos, media, bachiller y superior para los estudiantes campesinos teniendo en cuenta las características culturales, sociales y económicas de la población.

· Dotación de material didáctico, técnico y tecnológico, mobiliario, transporte, recreativo de calidad en la zona rural y urbana a la educación que cumplan con las necesidades de niños, jóvenes y adultos en los principales caseríos de la región.

· Creación de centros integrales de formación con énfasis en saberes y prácticas productivas sostenibles —agricultura, agroecología, veterinaria, zootecnia, zoología, minería, pesca, piscicultura y petróleos—, en función de fortalecer la identidad campesina.

· En aras de garantizar un desarrollo educativo efectivo para los estudiantes y familias campesinas, se deben brindar condiciones económicas, logísticas y administrativas para los docentes; además, un número suficiente de docentes cualificados que desarrollen una estrategia pedagógica a nivel rural.

· Promoción de la innovación e investigación educativa y científica.

· Construcción, rehabilitación, dotación, adecuación y acceso de infraestructura física para educación preescolar, básica, media vocacional, tecnológica y superior que incluyan albergues, restaurantes, bibliotecas, ludotecas, aulas audiovisuales y centros de computación y sistemas –internet- que se articulen a proyectos productivos de la región.

· Creación de programas de alfabetización para adultos y adultos mayores.

· Nombramiento de docentes por parte de las secretarias municipales y gobernaciones con garantías para el desplazamiento rural interno y externo, que cumplan con los requerimientos educativos nacionales.

· Brindar garantías y docentes especializados para niños discapacitados, además de la educación no formal para adultos mayores.

· Implementación de hogares infantiles y guarderías con personal capacitado y con garantías laborales para las veredas de la ZRC.

2. Derechos humanos y crisis humanitaria

2.1. Estigmatización y persecución de la población campesina

En los últimos años, desde la implementación de las políticas de acción contra los grupos armados, la comunidad campesina se ha convertido en objeto de la estigmatización sin otra razón que la de habitar esta zona desde hace años, a pesar de que la mayoría de los campesinos que habitan esta zona han llegado aquí por desplazamiento forzado en hechos violentos, han decidido hacer resistencia y permanecer aquí en una acción mancomunada de la organización campesina.

Este proceso de persecución a la comunidad se ve reflejada en los constantes episodios de represión y atropellos a los que se ven sometidos cuando se enfrentan a los retenes militares: interrogatorios ilegales, amenazas, intimidación, registro y filmación.

Estas situaciones caracterizan que los campesinos reflejen el temor por sus vidas ante la presencia de la Fuerza Pública en los caseríos. En algunas zonas como el sur de Bolívar y la parte media se suma a las constantes presiones, la persecución a la que sido objeto algunos campesinos que aún sobreviven de los cultivos de hoja de coca para generar ingresos para la compra de alimentos y de los elementos en la canasta familiar.

2.2. Violación de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario

La región del Valle del Río Cimitarra, al igual que el resto del Magdalena Medio, ha vivido en los últimos años una grave situación de crisis humanitaria, siendo violados constantemente los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH) al considerarse una zona de conflicto armado.

Los campesinos han sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales, judicialización de líderes comunales, exposición a la población civil en situaciones de combate, maltrato y tortura física y psicológica por parte de las Fuerzas Militares, hostigamiento y amedrentamiento por parte de grupos paramilitares que infunden miedo en la región, etc.

En la región persiste la crisis humanitaria y de derechos humanos de manera generalizada y sistemática, el control político militar y social en todos los cascos urbanos continúa en manos de los grupos paramilitares como “Águilas Negras”, “Héroes de Castaño”, “Autodefensas Gaitanistas de Colombia”, entre otras.

A pesar de estar en la misma jurisdicción donde tiene presencia la Fuerza Pública, no existen políticas públicas encaminadas al cumplimiento de las obligaciones estatales en materia de derechos humanos y se mantienen las amenazas contra pobladores, líderes comunales, organizaciones sociales y defensores y defensoras de derechos humanos.

2.3. Militarización y fumigaciones

Siendo una zona altamente militarizada, la situación de violación de derechos humanos es parte de la cotidianidad de los campesinos. En la región se encuentran Ejército de las Brigadas 14 y 5, con los batallones Nueva Granada de Barrancabermeja, la Armada Nacional y el Batallón Calibío de Antioquia.

En este sentido, la fuerte militarización de esta zona ha conllevado un agudo control militar, que trae implícito, entre otros, el señalamiento de la población civil como auxiliadores de los grupos armados al margen de la Ley, su presencia en caseríos, y retenes en las vías, que terminan convirtiéndose en bloqueos alimentarios.

De otro lado, el control estatal también ha hecho presencia a través de las fumigaciones con glifosato, las cuales se han hecho de manera indiscriminada, afectando no sólo los cultivos de pancoger de los campesinos -quienes a causa de la pérdida de sus cultivos se han desanimado a continuar con la agricultura-, llevando al desplazamiento. Igualmente se han presentado registros y manifestaciones en la salud por contaminación del aire, suelo y agua.

Cada año desde el 2001 la población campesina viene sufriendo las fumigaciones indiscriminadas, que atentan contra la salud y han generado desplazamientos. De manera específica, el primer semestre de este año inició con las fumigaciones con glifosato, que afectaron gravemente los cultivos de pancoger, los caseríos y las escuelas.

2.4. Exigencias del campesinado al estado central, municipal y regional

· Respeto de los derechos humanos y derecho internacional humanitario por parte de la Fuerza Pública -Brigada 14 y 5 del Ejército Nacional, Policía Nacional y Armada Nacional- que operan en la región.

· Cese de la estigmatización y señalamiento contra los campesinos y líderes comunitarios pobladores de la región por parte de autoridades civiles y militares.

· Respetar y respaldar públicamente la labor y proceso organizativo y social de la ACVC en el marco de la ZRC.

· Cese de las acciones de los grupos paramilitares que aún se presentan en la región, atendiendo las denuncias que se han presentado en este sentido.

· Reclamamos acciones efectivas para la verdad, justicia y reparación integral para las víctimas y familiares en los casos de violaciones de derechos humanos contra líderes y campesinos de la región que se encuentran en la impunidad.

· Atención y respuesta rápida por parte de las unidades de derechos humanos a los múltiples casos de ejecuciones extrajudiciales cometidos en la región.

· Cese de la criminalización contra los campesinos que económicamente sostienen a sus familias con el cultivo de coca.

· Exigir del Gobierno Nacional los recursos y garantías necesarias para el fortalecimiento y cabal cumplimiento de las funciones de las entidades de control y veedurías en la región.

· Constitución de una comisión permanente de verificación y observación de las violaciones a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario cometidas por los actores armados que participan en el conflicto.

· Cese de las fumigaciones indiscriminadas puesto que generan consecuencias de crisis humanitarias y desplazamiento forzado cuando no se cuenta con alternativas sostenibles a nivel económico para el campesino.

· Los campesinos no estamos de acuerdo con la participación de la Fuerza Pública en acciones asistenciales del Estado, ya que esto constituye una violación del Derecho Internacional Humanitario.

· No presentar a la población campesina como colaboradora en los informes de acciones militares, tanto en medios de comunicación como entre la misma comunidad debido a que viola el Derecho Internacional Humanitario.

3. Soberanía alimentaria e identidades campesinas

3.1. Medio ambiente y territorio

En la región del Valle del Río Cimitarra se pueden identificar importantes recursos como el petróleo, las fuentes hídricas, la plata, el oro, la madera, entre otros, que se han convertido en herramienta clave dentro de la economía campesina.

Además, la ganadería extensiva, los cultivos de coca, la producción agroindustrial, economía latifundista y la implantación de megaproyectos hacen de esta región un gran atractivo para las multinacionales, convirtiéndola en uno de los escenarios del conflicto social y armado, abandono estatal, constante violación de los derechos humanos con acciones como masacres, desapariciones forzadas, desplazamientos forzosos, ejecuciones extrajudiciales, entre otros.

La región presenta diferentes problemas de tipo ambiental como la contaminación relacionada con la minería (principalmente con el cianuro y mercurio en la extracción del oro), la extracción inadecuada tanto forestal como petrolera, las fumigaciones aéreas (con el glifosato), los insumos del procesamiento de la coca, además de la deforestación y el uso de tecnologías inadecuadas (agroquímicas, sobrepastoreo en la ganadería extensiva y cultivos en ladera).

Por otra parte, las cuencas hidrográficas de la región han sufrido un gran desequilibrio hídrico, ya que la paulatina sedimentación y contaminación de las aguas, las actividades industriales relacionadas con el procesamiento del petróleo (explotación y refinación), la minería artesanal y gran minería y la explotación maderera han contribuido al agotamiento de los recursos en fauna y flora en cuanto a disminución de especies terrestres y acuícolas.

3.2. Cultivos de coca y fumigaciones

Los campesinos del Valle del río Cimitarra hemos dado un uso autorregulado de los recursos naturales y de nuestro territorio, que comprende la veda de la caza por temporadas y calidad de la fauna, delimitación territorial de la explotación del recurso forestal, conservación del recurso hídrico, delimitación de los territorios de cultivo y habitación etc., el cual representa un valor agregado a los procesos de ordenamiento territorial.

Pero se ha presentado que para sobrevivir económicamente se ha recurrido al cultivo de coca. Como consecuencia de ello hemos sufrido procesos de persecución y estigmatización pero no se nos han brindado alternativas a corto, mediano y largo plazo en ingresos económicos para sustituir estos cultivos.

Lo que hemos recibido son fumigaciones indiscriminadas con glifosato del Plan Colombia, hechas desde el año 2001, que han traído contaminación de fuentes de agua y el envenenamiento de la flora y fauna existente en la región, entre las cuales se encuentran las selvas, los pastos y los cultivos de pancoger.

3.3. Cultura y derecho a la soberanía alimentaria

No solamente la falta de garantías a nivel de derechos humanos han provocado una crisis alimentaria y social en las zonas rurales del valle del río Cimitarra. A esto se suma la falta de un territorio fijo para los campesinos, donde se pueda cultivar teniendo en cuenta el uso racional del suelo, el cuidado de las especies, las identidades campesinas -hacia el suelo, las aguas, los productos, las semillas-, falta de conocimiento y aplicación de prácticas agrícolas orgánicas.

Además de una perdida cultural de las autonomías alimentarias y nutricionales hacia la producción de cultivos tradicionales como la yuca, plátano, maíz, arroz, así como un desestímulo hacia la medicina tradicional y las prácticas campesinas en los distintos espacios de la cotidianidad rural, incentivada por medios de comunicación, deficiencias educativas en las familias y carencia en trabajo juvenil por el amor por el territorio y a la esencia campesina.

3.4. Exigencias del campesinado al estado central, municipal y regional

· El cese inmediato de las fumigaciones con glifosato y la sustitución de los cultivos de coca de manera voluntaria y progresiva previamente concertada con el campesinado que incluya desarrollo agropecuario sostenible a corto, mediano y largo plazo en el proceso de sustitución.

· Interrupción del avance de la intervención de multinacionales con intereses en los recursos de la Zona de Reserva Campesina.

· Exigimos el subsidio económico que asegure el cultivo, producción, distribución y comercialización de alimentos para el consumo de las familias campesinas.

· Construcción de centros de acopio comunitarios en los cuales los campesinos puedan comercializar directamente, a precios justos, sin intermediarios, los productos que cultiven o que surjan de los diversos proyectos productivos permitiendo el autoabastecimiento.

· Priorizar en los planes de desarrollo municipal iniciativas de recuperación de cultura e identidad campesina para el cultivo y consumo de alimentos orgánicos y autóctonos.

· Construcción y financiación de banco de semillas nativas del valle del río Cimitarra.

· Prohibir la proliferación de semillas transgénicas en las zonas rurales y urbanas.

· Restringir de manera permanente la implementación de monocultivos para utilización en agrocombustibles.

· Subsidiar la producción de alimentos, privilegiando la autonomía alimentaria y nutricional en la selección de cultivos y en la inversión agrícola a los alimentos de autoconsumo.

· Incluir en los planes de desarrollo municipales y en todas las iniciativas sociales mecanismos de protección de las especies en vía de extinción y los espejos de agua desde la realidad e identidad campesina.

· Destinación presupuestal para dotar iniciativas de institutos agroecológicos pilotos con granjas integrales para la conservación y defensa de la fauna del río Cimitarra —babilla, caimán, tortuga, ponche, doncellas, iguana, pisingos, manatí, guagua, mico zambo, mico choiba, pava, pajuil, coroncoro, dorada, picuda, entre muchos otros—.

· Formulación de un plan de ordenamiento territorial-ambiental articulado a la dimensión del desarrollo forestal integral que proteja y autorregule la explotación de especies nativas y peces.

· Garantizar y dar cumplimiento a los compromisos de destinación presupuestal para mantenimiento, puesta en marcha u optimización de la infraestructura física y mecánica de los proyectos productivos ya instalados en la región.

· Generar iniciativas de proyectos productivos que obedezcan a las necesidades campesinas de autoconsumo basados en la agricultura, la explotación racional de los recursos naturales, y los conocimientos tradicionales del campesinado.

· Favorecer espacios de encuentro intermunicipales e interveredales para el intercambio de proyectos y de productos para el autoabastecimiento y la comercialización.

· Ejercer un control a las empresas nacionales y multinacionales para el respeto en la utilización del territorio y los recursos.

· Incluir en los presupuestos los gastos de funcionamiento de consejos locales de cultura que se encarguen de fortalecer y capacitar la formación artística y cultural.

· Dotar de equipos e instalaciones para poner en marcha emisoras comunitarias, administradas por los campesinos.

· Proporcionar materiales para la realización de infraestructura física de casas de la juventud y cultura para el fomento de iniciativas juveniles que protejan y formen líderes.

· Financiar la promoción y ejecución de proyectos productivos.

· Garantizar el cumplimiento de las acuerdos de 1996, 1998 y 2007 donde el Gobierno a través de Acción Social se compromete a abordar soluciones a los daños perpetrados por las fumigaciones en los cultivos ilícitos, adelantar un inventario de los cultivos lícitos afectados en el Valle del Río Cimitarra y el Sur de Bolívar, además del acompañamiento a la formulación de estrategias para liberar al Magdalena Medio de los cultivos de coca por vías diferentes a la fumigación [3].

Estas son nuestras exigencias como campesinos del Valle del Río Cimitarra presentadas en el Encuentro Comunal por la Vida Digna, las cuales serán nuestra bandera de organización y lucha.

14 de Noviembre de 2009

Documento Redactado por Equipo Técnico de ACVC