Guatemala, Octubre de 2014.

La intención de esta Alerta es llamar la atención y compartir nuestra profunda preocupación por el deterioro de la situación de Derechos Humanos en Guatemala. PBI constata un creciente cierre de espacios para su defensa y reivindicación, que afecta a quienes acompañamos en varias regiones del país y que se pone de manifiesto en:

1. El incremento de amenazas y agresiones en contra de defensores y defensoras de Derechos Humanos.

2. El ahondamiento de la criminalización de la protesta social.

3. La desvalorización del diálogo como instrumento para superar conflictos de manera no-violenta, reivindicado por defensores y defensoras de derechos humanos, organizaciones y actores sociales guatemaltecos.

4. El desalojo violento como respuesta a la protesta social.

Observamos como todo ello se intensifica de manera preocupante en varios contextos, principalmente en aquellos donde planes de inversión económica o proyectos de explotación sobre la tierra o los bienes naturales son cuestionados desde diversas expresiones de resistencia social, ante la falta de respeto a la información y consulta a comunidades y pueblos interesados y ante agresiones reiteradas de actores que los llevan a cabo o los promueven (1).

A partir de la labor de acompañamiento y observación internacional, PBI ha documentado que en tales contextos están siendo gravemente afectadas por este cierre de espacios diversas comunidades, organizaciones sociales y de Derechos Humanos, defensores y defensoras de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y de derechos colectivos de los pueblos indígenas. En este escenario, llamamos su atención en particular sobre la situación en la región Ch'orti' (Chiquimula) y en San Juan Sacatepéquez (Guatemala), donde han tenido lugar hechos muy preocupantes, destacados en un comunicado de la Convergencia por los Derechos Humanos de Guatemala que identifica “un patrón de provocaciones encaminadas a la promoción de conflicto que justifique una acción represiva” (2).

Desalojo violento y detención temporal de integrantes de la Central Campesina Ch'orti' Nuevo Día (CCCND)

Los días 17 y 18 de septiembre, en el contexto de una jornada de paro nacional y concentraciones sociales de protesta en todo el país, miembros de comunidades maya Ch'orti' de Camotán y Jocotán e integrantes de la CCCND participaron en una manifestación realizada en el puente Jupilingo (Camotán, Chiquimula). En la mañana del día 18, unos 200 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) con equipo antimotines intervinieron para desalojar el bloqueo de carretera generado por la concentración de la población, empleando para ello armas de fuego, bombas de gas lacrimógeno, piedras y palos, según observó PBI. Resultaron varias personas heridas: (una de ellas herida por una bala) y la intoxicación por gases lacrimógenos afectó a personas adultas, a niños y niñas. Fuentes de prensa también reportaron que cinco elementos de la PNC resultaron heridos en el enfrentamiento.

Durante el desalojo, la PNC detuvo a dos integrantes de la CCCND, Norma Lila Sut Sancir y Carlos Alfredo Juárez Díaz, y a otras tres personas de comunidades Chortí, acusándoles de atentar contra el orden público. La CCCND ha expresado preocupación sobre la detención de miembros de la organización mientras actuaban de manera pacífica, denunciando la falta de justificación de las acusaciones, la violencia empleada en su contra, y la falta de garantías del debido proceso tras las detenciones. El 22 de septiembre, después de tres días en prisión preventiva, las cinco personas fueron liberadas sin cargos por falta de pruebas en la audiencia de primera declaración ante el juez. Front Line Defenders manifestó “que el arresto y la detención de Norma Lila Sut Sancir y de Carlos Alfredo Juárez Díaz forma parte de un intento de las autoridades de criminalizar a defensores de derechos humanos (...)”, y que tales acciones “tienen como objetivo causar temor a todos aquellos que se encuentran defendiendo sus tierras y sus derechos ante los intereses de empresas extractivas nacionales y extranjeras” (3).

El desalojo violento del Puente Jupilingo y la detención de dos integrantes de la CCCND ocurre en un contexto de grave aumento de ataques, amenazas, intimidaciones, actos de criminalización y señalamiento negativo o difamaciones contra la organización y sus integrantes. Entre marzo y septiembre, PBI ha registrado 81 incidentes de seguridad en el marco del acompañamiento a la organización, cinco veces más de los que le afectaron en el semestre anterior (17). Brigadas de Paz acompaña a la CCCND desde el año 2009.

Atentados contra la vida y la integridad física de personas y Estado de Prevención en comunidades de San Juan Sacatepéquez

La falta de respeto a la información y consulta de las Doce Comunidades Kaqchikeles de San Juan Sacatepéquez sobre la construcción de una cementera y de un tramo del proyecto de carretera Anillo Regional, profundiza desde hace años un conflicto que afecta gravemente a las comunidades y sus miembros, causándoles daños que incluso afectan a su tejido social.

Comunicados de las comunidades, la Convergencia por los Derechos Humanos y la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) se han referido a los hechos ocurridos entre el 19 y el 20 de septiembre, poniendo de manifiesto que tuvieron lugar graves atentados contra la vida y la integridad física de numerosas personas en la aldea Los Pajoques. Tanto las comunidades como la Convergencia han cuestionado la falta de presencia de la PNC cuando fue requerida, primero para atender la denuncia contra trabajadores de la cementera que hirieron con armas de fuego a otras cuatro personas de la aldea ocasionando la muerte de dos de ellas, y posteriormente para detener a parte de los agresores, evitar que volviesen a atacar a más personas, y garantizar su vida. Hasta la fecha no se ha establecido oficialmente el número total de muertos. Según el Ministerio de Gobernación 11 personas han muerto pero fuentes de la prensa cuentan con ocho difuntos. La Convergencia ha demandado la investigación adecuada y el esclarecimiento de responsabilidades, y exige a la PDH y al MP “la investigación y análisis del patrón de acciones provocadoras” identificado en estos y otros hechos que tuvieron lugar la misma semana; asimismo, reclama “deducir responsabilidades por incumplimiento de deberes a las autoridades del Ministerio de Gobernación y PNC cuya negligencia facilitó la muerte de los sospechosos de asesinato”.

Sin embargo, el 22 de septiembre, el Gobierno declaró el Estado de Prevención en el municipio durante 15 días (Decreto Gubernativo 6 – 2014, de 21 de septiembre de 2014), afectando en particular a las aldeas Los Pajoques, Pilar I, Pilar II, Santa Fe Ocaña y Cruz Blanca. Desde entonces aproximadamente 2.000 elementos de la PNC y el ejército están presentes en comunidades de San Juan Sacatepéquez. En ese contexto, han sido emitidas 26 órdenes de captura contra miembros de las comunidades, que se agregaron a 10 ya existentes. El 24 de septiembre las fuerzas públicas de seguridad realizaron allanamientos de varias viviendas en las aldeas mencionadas. El recorte de garantías y derechos esenciales que conlleva el Estado de Prevención es un motivo de preocupación central, particularmente tomando en cuenta la situación de cierre de espacios apuntada y el precedente de 2008, cuando el Estado de Prevención resultó en violaciones graves de derechos humanos documentadas por diversas instancias. El día 25 PBI observó la labor de verificación de la situación de derechos humanos realizada en comunidades del municipio por una delegación de organizaciones guatemaltecas de Derechos Humanos y de mujeres. PBI acompaña a las Doce Comunidades Kakchikeles de San Juan Sacatepéquez desde el año 2009.

PBI Guatemala actualizará a su red de apoyo en el país y el exterior sobre estas y otras situaciones, y en particular sobre la de los actores sociales que acompañamos en estas áreas, solicitando en ese marco la actuación de la comunidad internacional presente en el país para la implementación de medidas que contribuyan a su protección en tales contextos.