Nueve miembros del personal de dos destacadas organizaciones de derechos humanos guatemaltecas con sede en la ciudad de Guatemala han recibido más de 40 mensajes de texto SMS con amenazas de muerte. A una de estas personas, además, la han seguido unos desconocidos armados. Los mensajes SMS hacen referencia al trabajo de las organizaciones para que se haga justicia por los crímenes cometidos durante el conflicto armado interno de 1960 a 1996. Las vidas de estos activistas podrían correr peligro.

Entre el 30 de abril y el 5 de mayo, nueve miembros del personal de SEDEM y UDEFEGUA recibieron más de 40 mensajes de texto SMS. En algunos casos se envió el mismo mensaje a varias de ellas. Por ejemplo, el 2 de mayo dos personas recibieron este mensaje, aunque con faltas de ortografía: “Tienen 1 hora esta es la última advertencia. Déjense de meter con nosotros, archivos desclasificados del
ejército. Le quebraremos el culo a sus hijos después será a usted”. Ambas organizaciones han pedido a Amnistía Internacional que no revele los nombres de las víctimas. El 4 de mayo, dos hombres no identificados que viajaban en un automóvil verde oscuro con cristales tintados aparcaron ante la casa de una de estas personas. Ésta llamó a la policía, que interrogó a los sospechosos allí mismo. La policía más tarde informó a la víctima de que los dos hombres iban armados y tenían una licencia válida de armas. Los policías dijeron también que habían dejado
marchar a los dos hombres porque no había indicios para pensar que suponían una amenaza. Esa misma mañana, otros dos miembros del personal recibieron un mensaje SMS que decía: “Te estoy vigilando [...] Qué bien que no fuiste al trabajo, te tengo bien en la mira. Puta de mierda [...] Tenés miedo”.
Esta oleada de amenazas de muerte e intimidaciones parece estar relacionada con la campaña emprendida por SEDEM y otras organizaciones guatemaltecas de derechos humanos para conseguir la desclasificación de todos los archivos del ejército que contienen información sobre violaciones graves de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno. Tras una batalla judicial de casi
tres años de duración, el 9 de febrero de 2009 la Corte de Constitucionalidad ordenó a las autoridades guatemaltecas que entregaran algunos de esos archivos. El gobierno cumplió la orden en parte el 6 de marzo, pero dijo que el resto de los archivos habían desaparecido. Se ha encargado a la Fiscalía General que investigue la pérdida de los archivos que faltan.