Son en su mayoría mujeres, cabezas de familia, provenientes de diferentes partes de Colombia y que unidas por un mismo dolor llegaron un día a la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (ASFADDES). Todas luchan con determinación para encontrar sus seres queridos, desaparecidos en diferentes circunstancias durante los últimos 30 años.

«La desaparición forzada es la sustracción de una persona a la fuerza, sin tener una orden judicial, sustrayéndola de su entorno familiar, social y laboral, violándola todos los derechos y negando dar información a la familia sobre su paradero. Eso es lo que diferencia la desaparición de un secuestro», explica Gloria Gómez, presidenta de la organización. «La desaparición forzada destruye el núcleo familiar, cualquier expresión de lucha social, hace mucho más daño porque genera incertidumbre, angustia, miedo y terror». Este año ASFADDES cumple 25 años de historia, personificada en su búsqueda y resistencia por esclarecer la verdad sobre el paradero de sus familiares, obtener justicia y reparación para este crimen que las Naciones Unidas han calificado como «un ultraje a la dignidad humana».[1]

Aunque se constituyeron como organización en 1983, el recorrido en común de estos familiares empezó en 1982 a raíz de la desaparición entre marzo y septiembre en Bogotá de 13 personas, en su mayoría estudiantes de la Universidad Nacional. «Para contarles la historia de ASFADDES necesariamente tenemos que empezar por hablar que la desaparición forzada es un crimen de Estado y que en Colombia se comienza a aplicar a mediados de la década de los 70 en el marco de la política de seguridad nacional. Empezó a ser utilizada como modalidad represiva para eliminar los opositores del Gobierno», cuenta Gómez. Inspiradas por las Madres de la Plaza de Mayo en Argentina, las fundadoras de ASFADDES se unieron para buscar respuestas sobre la suerte de sus parientes y «reanudar esfuerzos en la búsqueda y exigencia de respuestas del Estado colombiano», recuerda Gómez.

Los familiares se reunían para juntos visitar las dependencias judiciales, los botaderos de cadáveres, el Instituto Médico Legal, las cárceles y los municipios aledaños a Bogotá. «Lo que notamos es que se incrementó la desaparición y al mismo tiempo se proliferó los NN (No Nombres), los cuerpos quemados con ácidos, mutilados y en avanzado estado de descomposición». Según Gómez, muchos de estos NN jamás fueron identificados y se convirtieron en números, enterrados en fosas comunes. Motivados por los estudiantes y otras organizaciones de derechos humanos, los familiares empezaron a organizar las primeras marchas en la ciudad como «un tribunal de denuncia», cuenta Gómez, que se institucionalizó todos los jueves como una forma de identificación con las madres en Argentina y otros países.

A través de su afiliación a la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Desaparecidos (FEDEFAM), que reúne 19 asociaciones de 13 países, los familiares colombianos tuvieron la oportunidad de enterarse de otras historias de desaparecidos ocurridas en países del Cono Sur. Según Gómez, ver el valor de otras familias y el contacto que establecieron entres distintas organizaciones representó un gran apoyo para los miembros de ASFADDES, principalmente en su capacitación para transformar su dolor en fortaleza para seguir con su lucha.

Pero pese al apoyo internacional, los familiares recuerdan que se sintieron solos en los primeros años de lucha en Colombia, ya que no contaban con el apoyo de la opinión pública y tampoco de los funcionarios gubernamentales. «La sociedad era totalmente indiferente a esta realidad que se empezaba a deslumbrar, inclusive cuando hacíamos nuestras marchas en la calle nos gritaban, nos agredían, nos decían ´viejas sin oficio, viejas locas´», cuenta Gómez. «Los funcionarios donde nosotras acudíamos para denunciar se limitaban a atendernos con frases sarcásticas, diciendo que seguramente nuestros seres queridos habían ido de turismo por Colombia, o se habían ido con la amante, o que simplemente se habían ido para el monte».

Gómez atribuye a «la terquedad, la solidaridad y el compromiso de los familiares» los elementos fundamentales para que ASFADDES cumpla sus 25 años de historia pese a todos los obstáculos que han vivido. Y destaca que estas características les han ayudado a lograr importantes cambios legislativos, entre ellos la inclusión del artículo 12 en la constitución de 1991, el cual define que «nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes»; y la tipificación del delito de desaparición forzada bajo la ley 589, que estableció mecanismos de sanciones a los victimarios, la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y algunos derechos para los familiares.

Sin embargo, señala que aunque hace siete años que la ley existe, hasta hoy nadie ha sido condenado por este reglamento, y recuerda que apenas este año la Comisión de Búsqueda empezó a funcionar de acuerdo con su mandato, impulsando investigaciones para encontrar los desaparecidos con vida o ubicar sus restos.

Resalta además que muchos de los miembros de ASFADDES, familiares, compañeros y abogados que participaron de este proceso padecieron de persecuciones, desapariciones, asesinatos e incluso más de medio centenar de familiares se vieron obligados a exiliarse a lo largo de los años, pese a la adopción de mecanismos de protección exigidas al Gobierno por las Medidas Provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1997 y el acompañamiento internacional de Peace Brigades International desde el 1994.

Para el 2008, ASFADDES espera que «finalmente el Estado demuestre una voluntad política que se vea plasmada en investigaciones eficaces sobre el paradero de los desaparecidos, que sancionen los responsables y que finalmente se pueda trabajar la memoria histórica y rescatar la dignidad y el buen nombre de nuestros seres queridos», anhela Gómez. Asimismo, la organización aspira que Colombia ratifique la Convención para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 20 de diciembre de 2006. Un tratado que, según Louise Arbour, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, podría ayudar a erradicar esta práctica que ya ha cobrado la vida de más de 51.000 personas de acuerdo con los casos denunciados ante el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU. Una realidad que representa «sólo la punta del iceberg, dado que muchos casos no llegan a ser presentados»[2], como describió Arbour.