El caserío de NUEVO ANTIOQUIA, adscrito a la jurisdicción municipal de TURBO y colindante con varias veredas del corregimiento de San José de Apartadó donde existen asentamientos integrantes de nuestra COMUNIDAD DE PAZ, ha sido, desde hace más de 15 años, un cuartel del paramilitarismo de la región de Urabá y un centro de coordinación entre la fuerza pública del Estado y las estructuras paramilitares más criminales que han inundado de sangre la región. Así lo han testimoniado ante funcionarios de la ONU, soldados que han prestado su servicio militar en dicha base y participaron en patrullajes conjuntos con los paramilitares para perpetrar masacres y desapariciones a finales de los 90. En el proceso de Fiscalía que investiga la masacre del 21 de febrero de 2005, militares y paramilitares que han confesado su participación en el horrendo crimen le han contado a la Fiscalía cómo las coordinaciones básicas entre militares y paramilitares para planificar y ejecutar la masacre tuvieron como epicentro las bases de Nuevo Antioquia. En los últimos años, meses y semanas, nuestra Comunidad no ha cesado de denunciar las incursiones paramilitares que han afectado a las comunidades aledañas de Playa Larga, Rodoxalí, La Esperanza, Mulatos, La Resbalosa, La Hoz, Sabaleta, Alto Bonito, Las Nieves y El Porvenir, en algunas de las cuales se ha visto hasta 600 paramilitares uniformados, armados e identificados con brazaletes, quienes van y vienen de su cuartel en Nuevo Antioquia, donde departen a la vista de todo el mundo con militares y policías. En uno de los últimos episodios del mes pasado, los paramilitares guardaron sus bicicletas en la Estación de la Policía mientras se llevaban detenidos a miembros de nuestra Comunidad para desaparecerlos o amenazarlos de muerte.

Desde hace muchos años se le ha suplicado al Señor Presidente de la República Álvaro Uribe Vélez, a sus Ministros de Defensa y a muchas otras autoridades del Estado, que intervengan en NUEVO ANTIOQUIA para suprimir ese nido de criminales amparados sin pudor alguno por el Estado; se le ha suplicado en todos los tonos al Gobierno que remueva al personal militar y policial del lugar que a todas luces pisotea la Constitución y todas las normas de Derecho, y que envíe allí a oficiales que conozcan y respeten la Constitución y las leyes. Todos nuestros clamores han sido, sin embargo, inútiles. El Presidente Uribe y sus Ministros de Defensa, han dado muestras contundentes de que respaldan todos esos crímenes y se contentan con responder que “allí ya no hay paramilitares, pues todos se desmovilizaron”. Con esa frase, que dista años luz de la realidad real, envían al archivo todas las denuncias. Una actitud similar asumen los órganos de control del Estado, al dejar en la impunidad absoluta todos los crímenes, incursiones y amenazas que continuamente está perpetrando dicha estructura criminal.

El pasado domingo, 18 de octubre de 2009, en horas de la mañana, los paramilitares de Nuevo Antioquia le enviaron una nueva nota a nuestra Comunidad de Paz que dice así:

“A ustedes, les pedimos el favor de que se salgan de esas tierras lo más pronto posible, porque estamos en busca de algunos que la han cagado, más o menos ustedes se imaginan quiénes son y si los llegamos a encontrar va a correr sangre y el que este por ahí va a llevar del tarro también, sea inocente o no sea inocente  o si no se salen por uno pagan todos, no es una amenaza es una información que está en peligro sus vidas sino obedecen.”

Nuestra Comunidad reitera su decisión firme de no obedecer órdenes de criminales aunque estén respaldados de manera tan clara por los poderes del Estado. El Señor Presidente Uribe será el primer responsable de todo lo que estos criminales lleven a efecto en los próximos días, así como todas las jerarquías militares, quienes han mantenido una ceguera voluntaria frente a todos los clamores, y los órganos de control del Estado no estarán exentos de complicidad por ser tan sordos y dejar en la impunidad tantísimos crímenes.

La Brigada XVII del Ejército fue creando a su alrededor desde 1997 un núcleo de paramilitares con miras a destruir nuestra Comunidad de Paz y sus acompañantes. Uno de sus integrantes ha sido WILLIAM GUZMÁN, como lo hemos denunciado en numerosos comunicados. El pasado domingo 11 de octubre de 2009, William llegó en moto al caserío de San José en compañía de otro hombre; allí retuvo a un miembro de nuestra Comunidad, le confirmó que él trabajaba con los paramilitares y en estrecha relación con el Ejército y que ya habían decidido asesinar a EDUAR LANCHERO, acompañante de nuestra Comunidad de Paz. Afirmó que le han hecho seguimientos a Eduar desde hace tiempo y que su muerte es cuestión de pocos días.

Eduar fue blanco principal de la cantidad de falsedades que la Brigada le hizo afirmar al desertor de las FARC alias “Samir” el pasado 28 de mayo en la entrevista realizada por el ex Ministro Fernando Londoño Hoyos, pero ya antes en la Escuela de Cadetes José María Córdova, se había descubierto que algunos oficiales le presentaban fotos de Eduar a los soldados para que lo memorizaran como alguien que había que matar. El Gobierno colombiano se ha negado a darle explicaciones de toda esta persecución contra Eduar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Será responsable de cualquier cosa que le ocurra a Eduar y, una vez más, queda claro ante el país y ante el mundo que las viejas estructuras paramilitares siguen actuando como antes bajo su protección.