Un gran porcentaje de su territorio corresponde a las sabanas de los llanos orientales en donde la altura sobre el nivel del mar oscila entre los 110 y 230 metros; su zona limítrofe con el departamento de Boyacá es montañosa y se integra al relieve de la Cordillera Oriental que abarca desde el piedemonte llanero hasta más de 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar. El clima presenta variaciones de temperatura que van de 27° hasta 8°, condiciones que hacen que el departamento cuente con ventajas naturales y ambientales que lo convierten en un lugar privilegiado para el desarrollo de la agroindustria de la palma, el sorgo, el arroz y el algodón, la extracción de minerales, petróleo y el turismo.

Su disposición geográfica le permite contar con una región montañosa de piedemonte poblada en su mayoría por inmigrantes de Boyacá, y una sabana extensa habitada por llaneros. Los primeros se dedican fundamentalmente a las actividades agrícolas y los segundos concentran su actividad en la ganadería extensiva y los cultivos de palma africana. También habitan la región comunidades indígenas como los Salivas y los U’wa, entre otros, en resguardos como Barro Negro y Caño Mochuelo. Las actividades petroleras y de agroindustria han estimulado la entrada de nuevos grupos poblacionales. Un primer grupo esta constituido por los inversionistas de la agroindustria y trabajadores agrarios provenientes de regiones como Tolima o Santander. Un segundo grupo lo conforman los profesionales, técnicos y malleros asociados a la economía petrolera. Adicionalmente, las necesidades de seguridad propias de la industria petrolera han provocado una intensa militarización de la zona con presencia del Ejército, la Policía, la SIJIN, el DAS y otros instituciones policiales, judiciales y de inteligencia.

Un poco de historia.

Existe un imaginario colectivo en la sociedad colombiana respecto a la región llanera. Cuando se mencionan los Llanos Orientales de Colombia, inmediatamente vienen a la mente del lector las extensas sabanas naturales, con miles de cabezas de ganado, excelentes paisajes, esplendorosos atardeceres, música de arpa, cuatro y maracas y una sabrosa “mamona”o “ternera a la llanera”. Otros recuerdan el Llano por los paseos a tierra caliente, los mosquitos, los inmensos ríos y la espesa vegetación que abriga una enorme riqueza en biodiversidad. Pero todo esto tiene una contra-cara, una imagen construida a través de los titulares de prensa, que habla del conflicto armado, los cultivos ilícitos, los desplazados, los escándalos de corrupción, las regalías petroleras y una que otra feria o reinado.²

Como ocurre con una parte importante del territorio nacional, su historia ha estado marcada por una dupla problemática, trágica y recurrente. De un lado, una injusticia social que se revela claramente en la pobreza y el abandono estatal; del otro, una violencia social y política que se remonta a los años 40 y 50 del siglo XX y que sin perder esa esencia fundamentalmente campesina, adquiere un ropaje diferente a partir de los años 60 y 70 hasta el presente: el de un conflicto armado interno. Estos dos rasgos, los cuales naturalmente están relacionados y se entrecruzan todo el tiempo, adquieren una significación especial en la configuración económica, política, social y cultural del departamento, y conforman un espacio particular en el que se instalan, tanto el fenómeno petrolero –siguiendo un patrón similar al del departamento contiguo de Arauca-, como el fenómeno paramilitar y de conflicto social y armado que lo acompaña.

Históricamente estos territorios estuvieron ocupados por comunidades indígenas, las que sufrieron el despojo de sus territorios, de su trabajo y de sus riquezas por parte de los conquistadores españoles, siendo sometidas a un exterminio sangriento. Sin embargo, algunas comunidades lograron sobrevivir y actualmente se encuentran en resguardos ubicados en el extremo oriental, en límites con el departamento de Arauca y sobre el margen del río Meta. Durante los siglos XVI y XVII la región fue colonizada y los conquistadores instalaron la sede de gobierno para la provincia, como parte del Virreinato de la Nueva Granada, en Morcote, hoy corregimiento del municipio de Paya, del departamento de Boyacá. Existe un consenso sobre la centralidad que jugaron las misiones jesuitas y dominicas en el adoctrinamiento de las comunidades y en la creación de la Hacienda y el Hato, dos figuras centrales en la estructuración y organización social de la región. No obstante, las diferencias entre los historiadores giran en torno a la centralidad económica y política que jugó la región en la organización colonial de la Nueva Granada durante los siglos XVII y XVIII. Hoy es claro que el Casanare desempeñó un papel económico importante, no obstante, en términos políticos la región tendrá que esperar hasta la independencia para ganar protagonismo nacional.

A principios del siglo XIX, el desarrollo de la campaña libertadora de 1819, al mando del General Simón Bolívar, contó con la participación de centenares de llaneros casanareños quienes combatieron con arrojo en batallas trascendentales para la historia de Colombia, como la batalla del Pantano de Vargas y la batalla del Puente de Boyacá. En todo el proceso de lucha que culminó con la llamada “independencia”, al Casanare se le conoció entre los patriotas como la Provincia Libertadora de Colombia. Los costos humanos y materiales que el Casanare asumió para la construcción de la República fueron inmensos, pero la respuesta del Estado ha sido la marginación, el abandono y la estigmatización.

La historia del departamento del Casanare, en sus comienzos, tiene estrecha relación con la del departamento de Boyacá, ya que por mucho tiempo Casanare dependió como provincia, municipio, o intendencia, de ésta última entidad territorial. Así, en 1821, fue provincia de Boyacá; en 1857 fue un departamento del Estado Federal, y desde 1886 fue nuevamente provincia. Sólo desde 1897 tuvo vida independiente al ser convertido en intendencia y en 1951 en comisaría, calidad que perdió en 1953, cuando pasó de nuevo a ser parte del departamento de Boyacá. La ley 19 de 1973 la erigió en intendencia y la Asamblea Nacional Constituyente le otorgó la calidad de departamento el 4 de julio de 1991. Esta cronología es importante, pues da cuenta de las dificultades para la producción de un orden político administrativo en el proceso que da lugar al Estado Nación colombiano, pero además nos habla de la marginación del Casanare y su dificultad para estructurar un proyecto de región.

Casanare hasta la década de los ochenta del siglo XX se caracterizó por contar con una economía sustentada en la agricultura, la ganadería y la explotación maderable. El tradicional modelo ganadero y la cultura llanera se deben en parte a la influencia de las misiones jesuitas y al mestizaje profundo de los colonos con la cultura indígena.³ Sin embargo, a finales de los ochenta y comienzos de los noventa, en la prensa nacional e internacional se dio a conocer la presencia de importantes yacimientos petrolíferos en la región, los más grandes en la historia de Colombia -incluso mayores a los de Caño Limón en Arauca-, los cuales desde décadas anteriores se presumía descansaban en las profundidades del piedemonte. Esos hallazgos prometían ser la salvación económica de un departamento en donde la mayoría de las comunidades atravesaban por el más cruel y constante abandono del Estado.

Tales descubrimientos anunciaron un giro de 180 grados en la economía de los casanareños, giro que dibujaba a su vez una oportunidad: las “regalías” que recibiría el departamento podrían resolver muchas situaciones que impedían el desarrollo social del departamento. Pero tanta fantasía se esfumó. Las políticas del Estado y la configuración de la economía neoliberal, abrían otra oportunidad: permitir que empresas multinacionales se encargaran de este negocio y efectivamente fue así, la petrolera de origen británico: British Petroleum –BP-, se encargó de ello.

La BP en el Casanare

Aunque la British Petroleum Exploration hizo presencia en el país desde la década de los veinte, y luego en los sesenta con pequeños negocios, sólo desde 1986 estableció una presencia significativa a través de la adquisición de terrenos en el piedemonte de la cordillera oriental, por medio de contratos “Farm In”. El pozo de Cusiana comenzó a ser explotado en el marco del Contrato de Asociación Santiago de las Atalayas (SDLA), conformado por las empresas British Petroleum Exploration, Triton, Total y ECOPETROL. En 1993, año en que se formaliza la explotación y producción de petróleo en Cusiana y Cupiagua, la BP contaba con el 19% del SDLA de Tauramena, mientras ECOPETROL tenía el 50% y el resto se lo repartían Total y Triton (19 y 12% respectivamente). La empresa británica era dueña del 100% de los intereses privados del piedemonte en un área localizada al norte de los campos Cusiana y Cupiagua y mantenía claros intereses en el Río Chitamena, en Monterralo, Recetor y Upía.⁴

En esos primeros años, la BP no sólo se hizo a la operación petrolera en estas tierras usurpando recursos nacionales y generando impactos ambientales negativos como la destrucción de fuentes de agua, alteraciones del ecosistema asociadas a la quema de gas, daños en el suelo ocasionados por la sísmica, construcción de carreteras sin planificación, etc. Su estrategia para enfrentar la realidad sociopolítica de una región signada por la presencia de actores armados de izquierda y de derecha, y comunidades organizadas, fue bastante cuestionada.⁵

Siguiendo el modelo de la OXY en Arauca, la BP dispuso y patrocinó la presencia de mercenarios extranjeros que apoyaban (y apoyan) las operaciones extractivas. Como lo denuncian varias organizaciones sindicales y de derechos humanos, durante el desarrollo de la construcción del oleoducto, Roger Browm, Coronel retirado del Special Army Services (SAS) de Inglaterra, figuró como presidente en diversos documentos de la empresa. La injerencia inglesa, así como la presencia de mercenarios extranjeros es clara en la región hasta hoy. La investigación de un grupo de periodistas colombo británico descubrió que durante el desarrollo de la construcción del oleoducto, Brown intentó contratar a un grupo de oficiales retirados del Ejército israelí, para entrenar paramilitares y disponer para ellos de equipo de guerra (helicópteros, armas, uniformes y munición), negociaciones que se vieron interrumpidas a raíz de la publicación de los hallazgos de la investigación periodística, en el diario The Guardian, en Londres.

Según declaraciones de varias organizaciones de derechos humanos, en Casanare la BP dispuso y patrocinó la presencia de mercenarios extranjeros que apoyaban las operaciones extractivas. La injerencia inglesa, así como la presencia de estos mercenarios fue clara en la región. Aunque todo esto se dio a conocer, ninguna acción efectiva se tomó al respecto. Como afirmó Amnistía Internacional en su documento AI: AMR 23/044/1997, se elevaron varias denuncias a la compañía petrolera, entre ellas vale la pena mencionar las formuladas a través del programa televisivo World in Action emitido en el Reino Unido, donde se afirmó que la BP había firmado un contrato con Defence Systems Limited(empresa privada de seguridad británica) para impartir cursos de formación en técnicas contrainsurgentes que, según los informes, incluían manejo de armas letales, fuego de francotirador y lucha cuerpo a cuerpo, a una unidad policial encargada de proteger al personal de BP y sus instalaciones en la región de Casanare.

El entrenamiento contrainsurgente se acompañaba de fuertes sumas con las cuales la BP contrató fuerza pública colombiana para proteger sus negocios. Soberanía a cambio de dólares. Por su parte, el New York Times publicó un informe donde se señaló que la BP contrató a 500 soldados y 150 oficiales del Ejército colombiano para intensificar y asegurar las instalaciones petroleras a lo largo del país. Se estima que la BP pagó en esos años entre 54 y 60 millones de dólares para protección privada. Esta situación no ha cambiado en el presente. El Ejército colombiano, a través de la Brigada XVI sigue recibiendo dineros de la BP. Según nos han informado diversas fuentes, además de los contratos formales, la empresa da un bono de entre 700.000 y 800.000 pesos a oficiales y suboficiales de esta brigada por su papel en la protección de la infraestructura petrolera.

Adicionalmente se ha descrito el apoyo bélico directo por parte de esta empresa. Como afirma Amnistía Internacional, es alarmante que DSC/OCENSA haya comprado material militar para la XIV Brigada del Ejército colombiano, que tiene un historial atroz de violaciones de derechos humanos. Precisamente cuando DSC/OCENSA compró material militar en 1997, un grupo importante de militares pertenecientes a la XIV Brigada estaban siendo investigados por complicidad en una matanza de 15 civiles desarmados en la localidad de Segovia en abril de 1996 y por vínculos con organizaciones paramilitares responsables de violaciones de derechos humanos generalizadas.

Las denuncias sobre las violaciones a los derechos humanos por parte del Ejército colombiano y la BP en esos años son claras y provienen de diversas fuentes. Por ejemplo, en 1998 el Parlamento Europeo condenó al gobierno colombiano por su permisividad ante la situación ocasionada por la petrolera. Desde allí se:“Pide al Presidente de Colombia que publique íntegramente el informe de su Comisión de Derechos Humanos sobre las actividades de British Petroleum en Casanare y pide a las compañías petroleras europeas que observen las normas más estrictas de respeto de los derechos humanos y de protección del medio ambiente, en especial considerando las condiciones de conflicto en las que trabajan”⁶

Impactos de la explotación petrolera

El departamento de Casanare, pese a ser poco reconocido en el ámbito nacional, se volvió centro de atención del país y de la comunidad internacional con el descubrimiento de Cusiana y la llegada de una de las más grandes multinacionales con presencia en Colombia, laBritish Petroleum –BP-. Así comenzó la “bonanza” petrolera de los noventa, que en realidad no fue para los casanareños ni para el país, pues en últimas quienes se beneficiaron de ella fueron ciudadanos provenientes de todas las regiones del país y por supuesto extranjeros. La llegada desmesurada de gente buscando trabajos relacionados con la explotación petrolera generó una sobre población en municipios que no estaban preparados con infraestructura para atender a quienes llegaban, como fue el caso de Aguazul y El Yopal, entre otros.

La operación de los yacimientos petroleros de Cusiana y Cupiagua en los años 90, convirtieron en muy poco tiempo el piedemonte llanero, que era una zona marginada y agrícola, en la principal zona de producción petrolera en Colombia. Entre enero y agosto de 1996 llegaron más de 6.000 personas a El Yopal, 1.800 a Aguazul y 2.300 a Tauramena⁷. Como era de esperarse, ello ocasionó una transformación radical de las condiciones sociales y culturales de la región, dibujándose así un momento que muy pocos han observado con detenimiento. Algunos de los efectos de esta dinámica inicial del petróleo fueron:

A finales del 2003, consolidadas las Autodefensa Campesinas del Casanare, Héctor Germán Buitrago, alias ‘Martín Llanos’, heredero y jefe de los ejércitos privados de paramilitares de los “buitragueños” llamó a la construcción del nuevo pacto político para el Casanare a todos los aspirantes a cargos públicos y cuerpos colegiados del departamento, contratistas y saltimbanquis del Estado. Comerciantes y líderes empresariales, hacendados y Fuerza Pública, jueces y fiscales, guardaron, más que discreto, cómplice silencio. ¹⁰

La Decimosexta Brigada¹⁸

El 8 de diciembre de 1992, mediante resolución No.00010 del 6 de Octubre del mismo año, fue activada la Decimosexta Brigada del Ejército con sede en El Yopal. Su creación obedeció, entre otras causas, al incremento del accionar subversivo en los departamentos de Arauca y Casanare y los problemas que ello planteaba a la seguridad de los complejos petroleros de Caño Limón y Cusiana, los cuales se perfilaban en ese momento como eje de desarrollo para las poblaciones casanareñas y araucanas. El 7 de diciembre de 1996 sería desactivado el Comando Operativo No.2 con sede en Arauca, para dejar de pertenecer a la Decimosexta Brigada y formar la Décimo octava Brigada. La Decimosexta Brigada quedó entonces conformada de la siguiente forma:

Se le asignó un área de responsabilidad que comprende los 19 municipios del departamento de Casanare y 4 municipios del departamento de Boyacá¹⁹, siendo adscrita a la Cuarta División del Ejército Nacional con sede en la ciudad de Villavicencio, Meta.

Para la misma época comienza a fortalecerse la organización paramilitar Autodefensas campesinas de Casanare – ACC-, la que en poco tiempo extendió su accionar a varios municipios del departamento, entre ellos: Monterrey, Villanueva, Maní, El Yopal, Aguazul, Tauramena, entre otros, justamente en los municipios en los cuales la ANUC tenía asociaciones municipales. El origen de la presencia de estas organizaciones armadas en el departamento está relacionado con la inmigración de personas provenientes de las zonas esmeraldíferas del departamento de Boyacá, las cuales contaban con una larga tradición de conformación de grupos paramilitares. Personajes como Gonzalo Rodríguez Gacha, alias ‘El Mejicano’, Víctor Carranza, Víctor Feliciano y Héctor Buitrago, adquirieron extensas propiedades en los departamentos de Meta y Casanare. ²⁰

A pesar de contar con el apoyo directo de hacendados ganaderos, arroceros, palmeros y funcionarios públicos, y de ser presentada como una estrategia para reducir, e inclusive para desalojar de la zona a los grupos insurgentes, hasta la fecha ello ha sido sólo un sofisma de distracción, pues la insurgencia mantiene presencia en zonas importantes del departamento y no han sido efectivas las acciones en su contra por parte de paramilitares y organismos del Estado. Por el contrario, la insurgencia ha mantenido y prolongado la confrontación militar, pero debe tenerse en cuenta que el mayor número de víctimas en ese conflicto no ha sido de combatientes sino de civiles, cuyo sacrificio se trata de justificar aduciendo sin fundamentos alguna supuesta vinculación con la guerrilla.

Violación Sistemática a los Derechos Humanos

El alto grado de militarización oficial que presenta la región llevaría a pensar que la población civil está protegida, mucho más si se tiene en cuenta que el enorme apoyo económico que recibe la Brigada XVI del gobierno de los Estados Unidos está supuestamente condicionado a unos estándares de comportamiento en materia de derechos humanos. Sin embargo, la realidad es otra. El período más violento en el departamento se inicia en los 90 y aún se prolonga. Esta fase de violencia en Casanare se inicia con el seguimiento, señalamientos y asesinato de líderes campesinos y comunales, pasando por una época desoladora donde la práctica de la desaparición forzada se convierte en algo corriente para los grupos paramilitares.“¿Cuántas personas han desaparecido en el departamento de Casanare, Colombia? Esta pregunta, aparentemente sencilla, resulta compleja si nos preguntamos cuántos desaparecidos no fueron reportados a ninguna organización, y se vuelve todavía más compleja en el contexto de los debates políticamente polémicos sobre la exhumación, identificación y reunificación de los restos.”²¹

En los casos de desapariciones, con frecuencia el autor invierte muchos esfuerzos no sólo en desaparecer a la persona sino también en ocultar lo más posible los detalles de lo ocurrido. Tarde o temprano se vuelve evidente que hay una persona desaparecida, pero puede no tenerse ningún detalle sobre cuándo, por qué, cómo o por quién fue desaparecida. Sólo entre diciembre de 2002 y febrero de 2003, fueron desaparecidas mas de cincuenta personas en los municipios de Recetor y Chámeza, poblaciones ubicadas en las estribaciones de la cordillera oriental, convirtiéndolas en poblados habitadas por huérfanos y viudas. Todo esto ocurrió mientras unidades del Ejército Nacional, adscritas al Batallón de Infantería Ramón Nonato Pérez, desarrollaban fuertes operativos en la región. Según los sobrevivientes, los miembros de la fuerza pública eran vistos constantemente en compañía de reconocidos paramilitares pertenecientes al bloque de ‘Martin Llanos’.

“Mil quinientas personas (1.500) han sido reportadas como desaparecidas durante el período 1986 – 2007 en el departamento de Casanare”²² Los autores de esta investigación, quienes también elaboraron una síntesis para este Informe, calculan, con muy serios fundamentos, que 1.029 personas desaparecidas no fueron reportadas en ese mismo período, lo que da un total de 2.553 (dos mil quinientas cincuenta y tres personas) desaparecidas durante el período 1986 - 2007 en el departamento de Casanare. Hoy las cosas no han cambiado de manera sustancial; sólo ha variado la forma de cometer actos degradantes en contra de la dignidad humana. Las organizaciones sociales nacionales e internacionales, así como la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y el Programa Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, han tenido que conocer denuncias de ejecución extrajudicial de muchos colombianos, incluyendo funcionarios de esas mismas instituciones. Es corriente escuchar casos en los que los familiares de las víctimas relatan cómo miembros de la fuerza pública detuvieron a sus seres queridos en plena luz del día y actuando como autoridad judicial – sin tener facultades- los llevaron detenidos, simularon enfrentamientos en los que siempre las víctimas eran civiles en estado de indefensión, y posteriormente fueron presentados como ‘guerrilleros dados de baja en combate’. Para encubrir el hecho, desaparecieron sus documentos, colocaron armas junto a sus cadáveres, armas que técnicamente no tenían capacidad de respuesta frente al armamento de dotación de las fuerzas armadas, y así mismo material de propaganda alusivo a grupos insurgentes; les vistieron prendas de camuflado que en muchos casos no correspondían a la talla de las víctimas, y sin intervención de autoridad judicial, los cuerpos fueron trasladados en la mayoría de los casos a las instalaciones de la sede de la Brigada XVI, donde intervenía el CTI-²³, dando la oportunidad a los responsables de los crímenes de contaminar las ‘pruebas judiciales’.

Se tiene registro de casos en que fueron ejecutados extrajudicialmente menores de edad vinculados a instituciones educativas, dirigentes comunales, campesinos, trabajadores de las empresas petroleras, familiares de militares activos, y hasta informantes de la misma fuerza pública. Como se puede observar en la siguiente nota de prensa de un prestigioso medio de comunicación en nuestro país:

“Toda la cúpula del Grupo Antisecuestro Gaula del Ejército en el departamento del Casanare, fue cobijada con medida de aseguramiento por un juez de la ciudad de Villavicencio por el secuestro y posterior asesinato de un civil identificado como Eduardo Pérez Vega. La medida fue proferida por el Juez Primero Penal Municipal de Villavicencio, Héctor Alonso Martínez y cobija al mayor Gustavo Enrique Soto Bracamonte, comandante del equipo; el teniente John Alexander Suancha Florián, el cabo segundo Gelver Pérez García y los soldados profesionales Elio Ernesto Celis Bedoya, Carlos Alfredo Bello Bolívar, Abdón Guanaro Guevara y Johny Higuera Moreno. Los militares se encuentran detenidos en la guarnición militar de Yopal, mientras se define su situación judicial. Los hechos sobre los cuales se les acusa a los uniformados ocurrieron hacia las 10 de la mañana del pasado 27 de julio, cuando el civil Eduardo Pérez Vega fue sacado contra su voluntad de una sala de Internet del barrio Ciudad Porfía, de Villavicencio, por cuatro hombres que portaban sus insignias y se identificaron como miembros del Grupo Gaula de Casanare. Inmediatamente lo subieron a una camioneta azul Toyota Hi-Lux, con vidrios polarizados, cuatro puertas, de platón, en la cual lo condujeron por la vía hacia Yopal. Dos horas más tarde, el cuerpo de Pérez fue sepultado como NN en el cementerio de Corozal, Casanare, y fue reportado por el grupo Gaula como “muerto en combate” con los frentes 27 y 28 de las FARC. La salida de los militares con Pérez del Internet quedó grabada en una cámara de seguridad del sector y el tránsito de la camioneta quedó registrado en los peajes en la carretera hacia la capital del Casanare. Además, en la Simcard del teléfono celular de la víctima (Pérez Vega) quedaron registradas llamada hechas por la hermana del cabo Pérez García. De acuerdo con la investigación realizada por la Fiscalía, el que ordenó y dispuso el desplazamiento del personal a Villavicencio fue el comandante del grupo Gaula, Gustavo Enrique Soto Bracamonte. El teniente Alexander Suancha Florián, fue quien firmó la misión Jericó II, en la que se ejecutó el homicidio de Pérez Vega, con la participación de los otros tres soldados profesionales capturados. Ninguno de los uniformados aceptó los cargos.”²⁴

Muchos otros casos han ido quedando registrados en numerosas fuentes que este Informe ha tratado de reunir. Es ya de dominio público que la práctica de ejecuciones extrajudiciales en Colombia es algo sistemático y no sólo un problema del Casanare ni tampoco un conjunto de casos aislados, debido a la corrupción de algunos militares, como trata de sostenerlo el Gobierno. El caso del Casanare muestra a las claras que esa práctica sistemática encaja con intereses transnacionales, asumiendo planes de ‘pacificación’ y exterminio en regiones económicamente estratégicas, en las cuales se ha tratado de implementar la política denominada de “seguridad democrática” diseñada por el Presidente Uribe Vélez.

Cuando se concluía la recopilación de información que se presenta en este Informe, ya la Fiscalía General de la Nación, a través de su Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, indicaba que hasta el momento 952 integrantes del Ejército Nacional habían sido vinculados a investigaciones sobre ejecuciones extrajudiciales con carácter de “falsos positivos”, o sea motivadas en el afán de presentarresultados positivos en los planes gubernamentales de lucha contrainsurgente, atribuyendo a las víctimas un carácter ficticio de “insurgentes”. No es exagerado sostener que la ejecución extrajudicial es un homicidio doloso perpetrado o consentido por personas cuya ilegítima actuación se apoya, de manera inmediata o mediata, en potestades detentadas por el Estado.²⁵La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien a finales de 2008 realizó una visita oficial a Colombia, afirmó que la Ejecución Extrajudicial se "convierte en delito de lesa humanidad si es difundido y sistemático contra la población". No hay duda de que la gran cantidad de casos de falsos “muertos en combate” que han sido registrados en Colombia, responden a un afán del alto Gobierno de presentar como “exitosa” su política de “seguridad democrática”, constituyendo, por consiguiente, crímenes de lesa humanidad.

Al tratar de ofrecer una mirada de conjunto sobre lo ocurrido en el Casanare durante las últimas décadas, este Informe, sin ser exhaustivo, dada la limitación de los recursos, muestra con suficiente contundencia que la barbarie de la violación de los derechos humanos que afecta a Colombia, está profundamente articulada a las dinámicas de la economía transnacional, la cual se proyecta en la destrucción del medio ambiente; en la exclusión de las poblaciones de los beneficios inherentes a sus propios recursos, y en el exterminio de las franjas de población organizada que presenta algún nivel de resistencia a tales formas de opresión, sin detenerse ante la atrocidad de los métodos.

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