Este informe es el resultado de una serie de hechos que se tipifican en graves violaciones a los derechos humanos y violaciones al derecho internacional humanitario a la población del Catatumbo, en especial al sector campesino.
Una vez más, los pobladores de esta zona reciben de parte de los agentes del Estado múltiples agresiones, entre ellas señalamientos, amenazas, maltratos físicos y sicológicos, invasión de la propiedad privada, privación injusta de la libertad, entre otros.
Era urgente y necesario emprender esta comisión de verificación extraordinaria, luego de que, en menos de cuatro días, a partir del 6 de febrero de 2010, el Ejército y Fiscalía habían llevado a cabo 13 detenciones de personas reconocidas por sus calidades comunitarias, familiares y laborales; personas a las que se les negó mínimos como el ser informadas del por qué de sus capturas.
Esta violencia ejercida contra la comunidad ha desatado zozobra general, una incertidumbre frente a los ataques que el Estado dirige contra a la población civil y a la negación de todos sus derechos.
Visitar las comunidades afectadas fue un propósito de los procesos organizativos campesinos de la región, la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) y el Comité de Integración Social del Catatumbo (Cisca), que hicieron un llamado de solidaridad a las organizaciones sociales y de derechos humanos regionales, nacionales e internacionales y medios de comunicación para que se sumaran en un recorrido que tuvo como fin fundamental llevar una voz de esperanza a cada una de las familias que han sido afectadas con atropellos y agresiones por parte del Estado, a través de la Fuerza Pública y Fiscalía, y rodear el trabajo de los líderes campesinos, quienes nuevamente son blanco de persecución, convirtiéndolos en objetivos militares y “falsos positivos” judiciales.
A lo largo de la visita a los corregimientos de la Trinidad (municipio de Convención), San Juancito (municipio de Teorama), El Aserrío (municipio de Teorama) y el municipio El Tarra, se escuchó a familiares de víctimas, amigos y vecinos, quienes expresaron su preocupación, indignación y dolor por los hechos que les han alejado forzosamente de sus parientes.
A pesar de las dificultades de tiempo y financieras, se logró escuchar la voz de los campesinos y compilar una serie de denuncias que fueron sistematizadas y analizadas para tener una mayor comprensión de todas las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario en el que incurrieron por acción los militares, policías y Fiscalía; y por omisión las autoridades civiles regionales y nacionales al igual que los órganos de control.
Por tanto, se espera que este informe sea un insumo para que las autoridades competentes den inicio a las acciones que permitan determinar los responsables de todos los hechos planteados en el documento y se apliquen las sanciones necesarias y evitar así un mayor grado de impunidad.