En la Consulta Popular 12 comunidades indígenas rechazaron la exploración y

Articulo publicado en el Boletín ColomPBIa No. 11 de mayo 2009:

Entre el 24 y el 28 de febrero 12 comunidades indígenas de los resguardos de Uradá,  río Jiguamiandó, de Río Chageradó-Turriquitadó y de Río Murindó así como afrodescendientes de la Zona Humanitaria de Pueblo Nuevo, río Jiguamiandó, realizaron un ejercicio de autonomía: se expresaron sobre la puesta en marcha del proyecto Mandé Norte en su territorio. La respuesta fue contundente y se rechazó de forma unánime.

¿Qué es el proyecto Mandé Norte?

La compañía minera Muriel Mining Corporation obtuvo varios permisos del Gobierno nacional para la explotación de minerales en una zona geográfica comprendida por los territorios de los municipios de Vigía del Fuerte, Urrao, Frontino, Mutatá, Dabeiba, Murindó, Carmen del Darién, entre otros, conformando el megaproyecto Mandé Norte.[1] Según el investigador y escritor Alfredo Molano Bravo el proyecto es “uno de los planes más avasalladores, depredadores y arbitrarios que se mueven en el Chocó”[2]. Para el pueblo Embera-Katío, el cerro Carrepero,  ubicado en la zona del proyecto,  constituye uno de los sitios más sagrados de su cultura. “Allí está el equilibrio ecológico entre los seres humanos y los espíritus buenos y malos desde la cosmovisión embera, y es el centro  botánico en donde están concentradas  las plantas medicinales, la farmacéutica de los médicos tradicionales y el conocimiento mismo”[3]. Así mismo la Organización Indígena de Antioquia (OIA) afirma que al explorar y explotar el territorio tradicional, estarán profanando lo sagrado. Las comunidades afectadas por el proyecto Mandé Norte expresaron que no se cumplió con la consulta previa  y que en el peor de los casos se hizo de manera fraudulenta. “Invitaron a algunos líderes a unas reuniones en los que les dieron trago y comida y nunca les hablaron de la exploración que iban a hacer. Para el Gobierno, este procedimiento fue válido y ya comenzaron con la prospección”, expresó Yagarí”[4], integrante de la OIA. Por otra parte estas 12 comunidades rechazaron los acuerdos firmados por el Cabildo Mayor Indígena de la zona del Bajo Atrato, CAMIZBA, y el Cabildo Mayor de Carmen del Darién, CAMICAD, con la empresa.

Por estas razones las comunidades afectadas decidieron llevar a cabo una consulta y contestar a la pregunta “¿Quieren o no la exploración y explotación minera del proyecto Mandé Norte en nuestro territorio?”.  La consulta previa de los pueblos indígenas y las comunidades negras frente a los proyectos previstos en sus territorios ancestrales está establecida en el artículo 330 de la Constitución Nacional y en el Convenio 169 de 1989 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aprobado en Colombia por la Ley 21 de 1991. Según la Procuraduría General de la Nación, “la consulta previa está destinada a asegurar los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes a su territorio y a la protección de sus recursos naturales y valores culturales, sociales y económicos como garantía de su subsistencia como grupo humano”[5]. En este caso, la consulta de los pueblos se realizó con el acompañamiento de delegados internacionales, de miembros de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes de otras regiones del país así como organizaciones nacionales. PBI estuvo presente a petición de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP), organización que aceptó la solicitud de acompañamiento que les hizo la comunidad Embera de la región[6].

La Consulta Popular se inició con un homenaje a la Madre Tierra. Más de 1.000 indígenas se encontraron en Coredocito con el fin de que se escuchara su voz. Ese día – 25 de febrero – cerca de 800 votaron y la unanimidad se opuso al proyecto Mandé Norte. Posteriormente los participantes viajaron hacia dos zonas ya deforestadas, “una donde se ubicaron los campamentos técnicos de la empresa (…) y otra  donde se instalaron los militares que acompañaron las acciones de este proyecto”[7]. En estos lugares se realizaron ceremonias de reconciliación para los espíritus y de protección del cerro. Posteriormente se realizó un segundo día de votación en la comunidad afrodescendiente de Pueblo Nuevo donde las más de 280 personas que votaron lo hicieron en contra. Según Oscar Ayala, observador llegado desde Paraguay: “la población ha participado con mucho entendimiento de los fines de la consulta, lo que refleja un afianzamiento muy importante en el desarrollo de estas prácticas, que indican la autonomía de las comunidades”[8].

Ahora el asunto pasa al plano jurídico y CIJP plantea la posibilidad de que algunas organizaciones apoyen a las comunidades en su decisión de defensa del territorio, protección de ecosistemas y su supervivencia como pueblos.[9]