Articulo publicado en el Boletín ColomPBIa No. 11 de mayo 2009:
En el informe Los defensores de derechos humanos acusados sin fundamento – Presos y señalados en Colombia1, Human Rights First (HRF) analiza 32 casos de personas que son o han sido investigadas, llegando a la conclusión de que en Colombia se «intimida (a los defensores) con investigaciones y procesos penales sin fundamento». Para esta organización «en un sistema de justicia penal destacado por sus niveles de impunidad, la tenacidad de los fiscales Colombianos que persiguen casos en contra de los defensores de derechos humanos es impresionante». Uno de los factores agravantes señalados es que los cargos sin fundamentos, por lo general de rebelión y pertenencia a organizaciones guerrilleras, «se hacen muy públicos (…) lo que mina la credibilidad de los defensores y los señala como blancos de ataques, frecuentemente por parte de grupos paramilitares». Además de ponerles en riesgo, estos «procesos penales obligan a los defensores a gastar tiempo y recursos en su propia defensa, lo que limita su capacidad de trabajar a favor de los derechos humanos». El informe recuerda que el Relator Especial de la ONU para los Defensores de Derechos Humanos ha declarado que «estos procesos forman parte de una estrategia para silenciar a los defensores de los derechos humanos»2.
El informe insiste en la ilegitimidad de las investigaciones, que a veces se extienden durante años y en el uso que en ellas se hace «de testimonios falsos de excombatientes». El informe hace referencia asimismo a la utilización de «testimonios preparados o coaccionados por los fiscales regionales» y de «archivos de inteligencia inadmisibles» en procesos judiciales. En cuanto a los testimonios de excombatientes, cabe destacar que «la jurisprudencia en Colombia, tanto de la Corte Suprema como de la Corte Constitucional, articula que se debe manejar el testimonio de tales testigos con precaución porque viene de personas que no son imparciales».
De los 32 casos de defensores y defensoras de derechos humanos recogidos por HRF, 11 están relacionados con miembros de organizaciones acompañadas por PBI Colombia. Otros tantos, están relacionados con organizaciones cercanas por las que PBI ha llevado a cabo acciones puntuales de protección, como en el caso de Carmelo Agámez (Secretario técnico de la sección Sucre del Movimiento de Víctimas de Crímenes del Estado) o de Teofilo Acuña (Presidente de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar).
En un informe especial sobre los defensores y las defensoras de los derechos humanos en América3 publicado en el año 2003, Amnistía Internacional subrayaba que «la magnitud de las dificultades y los ataques a los que se enfrentan los defensores de los derechos humanos refleja a menudo la omnipresencia de las violaciones de derechos humanos. El factor clave de los ataques contra los defensores es la necesidad que tienen los perpetradores de violaciones de derechos humanos de encubrir sus crímenes a fin de eludir el procesamiento». En esta época comentaban que habían aumentado de manera espectacular el número de casos de acusaciones penales falsas formuladas contra activistas de derechos humanos. Señalaba que se habían vuelto habituales y generalizadas las operaciones de vigilancia secreta, los registros de las dependencias de organizaciones no gubernamentales y el robo de importante información en posesión de estas, que en ocasiones eran utilizados en las investigaciones posteriores.
El Informe de HRF concluye subrayando el posible papel que podría tener el gobierno de los Estados Unidos en «combatir los procesos penales sin fundamento en contra de los defensores de derechos humanos» dado que es el financiador principal de las reformas judiciales en Colombia.
1 Human Rights First, febrero de 2009
2 »Informe de la Misión a Colombia de la Representante Especial del Secretario General sobre la cuestión de los defensores de los derechos humanos», Hina Jilani, Órganos de las Naciones Unidas, E/CN.4/2002/106/Add.2.24
3 «Actores esenciales de nuestro tiempo: los defensores de los derechos humanos en América», Amnistía Internacional, 2003