Alguien decía que si existe “Día Mundial” dedicado a algún fenómeno, entonces éste obligatoriamente debe de enfrentar algún tipo de  problema. El 22 de marzo es el Día Mundial del Agua. Aunque el agua cubre un 70 % de la superficie de la tierra, solamente el 2.5 % de ella es dulce.[1] Este porcentaje disminuye aún más en cuanto a la posibilidad de su uso, teniendo en cuenta su calidad, cada vez más contaminada por el uso de productos químicos, las radiaciones, las infecciones, etc. La escasez de agua afecta a todos los continentes y según la Organización Mundial de la Salud (OMS) a cuatro de cada diez personas en el mundo.[2] La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) advierte que para el año 2025, 1 800 millones de personas  enfrentarán graves problemas de escasez de agua, y 2/3 partes de la población en el planeta sufrirán condiciones de falta total.[3] Por todo eso, podemos concluir que el agua es un bien limitado.

                  Estas son solo algunas de las alertas para que el 22 de febrero de 1993 la Asamblea General de las Naciones Unidas adopte la resolución A/RES/47/1983 por la cual el día 22 de marzo de cada año será declarado Día Mundial del Agua.[4] 17 años después, en junio de 2010, la Asamblea General aprobó, por 142 votos a favor, 22 abstenciones y ningún voto en contra, la Resolución sobre el derecho humano al agua y al saneamiento, reconociendo que el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos.

                  Es importante anotar que el problema actual del agua no es un problema de cantidad, sino una crisis de gobernabilidad. De aquí se hace de gran importancia reconocer el acceso al agua potable, como derecho humano universal: un derecho básico, individual y colectivamente inalienable.[5] Ningún recurso es más básico que el agua, de crucial importancia para nuestras vidas. Entre los debates teoricos, jurídicos y políticos, a veces nos olvidamos de pensar en un hecho sencillo: Para que se garantice el derecho al agua, tiene que haber personas de carne y hueso que lo defienden. Aquí vamos a dar un ejemplo concreto, desde nuestra experiencia.

                  Brigadas Internacionales de Paz (PBI) en Guatemala acompaña a la Asociación para la Protección de la Montaña de las Granadillas (APMG) desde agosto de 2008. Esta Asociación nace en el Departamento de Zacapa, cuando un grupo de personas se da cuenta de que el  ecosistema de la montaña Las Granadillas esta en peligro a causa de la explotación de madera, los monocultivos y las grandes extensiones para la ganadería. [6] Sobre todo se alertaron porque en esta montaña se encuentran las únicas fuentes de agua que benefician directamente a las aldeas de Zacapa y su cabecera municipal.  La organización buscó el apoyo de la la Iglesia Luterana en Guatemala (ILUGUA), en particular del Reverendo José Pilar Álvarez Cabrera, y del Colectivo Madre Selva. Estas organizaciones realizaron un diagnóstico sobre el deterioro del lugar y entre sus resultados destaca que en su parte baja, la montaña ha perdido el 70% de la cobertura del bosque debido a su explotación ilegal, y a la débil aplicación de la Ley Forestal.

                  Los miembros de la asociación marcan como objetivo de su labor convertir la montaña en área protegida lo que dificultará su explotación por el ser humano y de este modo se puedan conservar mejor sus recursos de vital importancia para la población en la zona. Como suele ocurrir, este propósito entra en conflicto con los intereses económicos en la zona de donde surgen las amenazas contra los y las integrantes de la asociación.  A principios de 2009 el Reverendo José Pilar Álvarez y dos miembros de la APMG enfrentaron acusaciones judiciales vinculadas al desarrollo de su trabajo de protección de la montaña, pero las causas fueron sobreseídas en la primera audiencia ante el juez. Mientras tanto la población exclamaba lemas como “los bosques no se venden, se defienden”. Actualmente se encuentra en debate un Proyecto de Ley para declarar el área de la montaña “Reserva protectora de manantiales Chortí - Ladina. Montaña de Las Granadillas. Zacapa -Chiquimula”, iniciativa que ha sido impulsada por la asociación. Desde septiembre de 2010, PBI ha documentado una agudización de los ataques contra los y las integrantes de la APMG, que van desde el seguimiento, rumores y advertencias intimidatorias en contra de líderes de la asociación, hasta amenazas de muerte al señor José Pilar Álvarez Cabrera. En noviembre de 2010, ocho personas, miembros de la APMG y de la ILUGUA, recibieron de nuevo una citación judicial en el marco de un proceso penal instruido en su contra, en el que se les previene por los delitos de detenciones ilegales y amenazas.

                 PBI reconoce que todo Estado demuestra su condición de Estado de Derecho cuando acusaciones contra presuntos responsables de cometer actos criminales conducen a investigaciones judiciales en las que se respeta las garantías del debido proceso. Sin embargo, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre defensores de derechos humanos señala que: "Los Estados recurren cada vez en mayor medida a acciones legales para vulnerar los derechos humanos de los defensores de los derechos humanos que denuncian violaciones. Los defensores son detenidos y enjuiciados en virtud de acusaciones falsas. (...) Algunos Estados tienden sistemáticamente a invocar la seguridad nacional y la seguridad pública para limitar el alcance de las actividades de los defensores. En muchos países, los sindicalistas y los miembros de ONG y de movimientos sociales se ven reiteradamente sometidos a detenciones y procesos penales por cargos de "asociación ilícita", "obstrucción de la vía pública", "incitación al delito", "desobediencia civil" o "amenaza a la seguridad del Estado, la seguridad pública o la protección de la salud o la moral públicas".”[7]

Las judicializaciones tienen un bajo coste político y suponen un esfuerzo mínimo para los victimarios, mientras que por otro lado tienen un alto impacto social y político para las organizaciones afectadas. La judicialización permite mantener por un largo periodo de tiempo —desde que se inicia la investigación, se dicta la medida de aseguramiento, el encarcelamiento, el proceso judicial e incluso el periodo hasta el levantamiento definitivo de las órdenes de captura— a las personas defensoras de derechos humanos fuera del escenario de la denuncia y la lucha por los derechos humanos. Esto genera un impacto para la organización en cuestión.[8]

                  Esta reflexión teórica se confirma con el suspenso de la audiencia del mes de marzo de este año en el caso contra integrantes de la APMG y la ILUGUA debido a la ausencia del Juez. Ante estos sucesos, en el Día Mundial del Agua queremos recordar que no podremos hablar de derecho al agua sin pensar en la protección de las personas que lo defienden.

[1] www.solociencia.com/ecologia/problematica-global-agua-estadisticas-clave.htm

[2] www.who.int/features/factfiles/water/water_facts/es/index1.html

[3] www.fao.org/news/story/es/item/53463/icode/ 

[4] El día internacional del agua www.monografias.com

[5] “Derecho humano al agua potable”, Carlos Angulo González

[6] www.pbi-guatemala.org/los-proyectos/pbi-guatemala/con-quien-trabajamos/apmg/

[7] A/HRC/13/22, p.7.

[8] PBI Colombia: Represión política y resistencia pacífica por los derechos humanos: el caso del movimiento social barranqueño, 22 de febrero de 2011