Argenito Díaz era un hombre de 42 años, cabeza de una familia de 11 miembros, que viajaba hacia Pavarandó, un pueblo que ha tenido la desgracia de ser, desde la Conquista, un puente entre el río Atrato y el río Sinú. Un pueblo pobre que desde los años 90 se oye nombrar porque en sus dos calles y una plaza de camino se han refugiado cientos de campesinos e indígenas perseguidos a bala, motosierra y machete desde otra tierra, una tierra en litigio ubicada más al sur y más al occidente, y que no pertenece al departamento de Antioquia sino a Chocó: Curvaradó y Jiguamiandó.

Iba pues Argenito, el 13 de enero pasado —hace 10 días—, llegando a Pavarandó en un camioncito colectivo, de esos en que a los pasajeros se les balancea la cabeza amodorrados por el calor y al ritmo de los baches de la carretera. Es un entresueño delicioso que se suda y se transmite. A veces, el conductor cae seducido por la modorra y los carros se encunetan. Eso debió pensar Argenito cuando el vehículo fue detenido bruscamente por un grupo vestido de tigre —es decir, camuflado— y boina azul.

Quien parecía mandar la cuadrilla miró cara por cara, y con la punta de su fusil, un galil, señaló a Argenito y le dijo: “Bajate pues, que vamos a conversar”. Argenito sabía que de ese tuteo no salía vivo. Conocía desde tiempo atrás los modales de los asesinos. El resto de los pasajeros temblaban. Habían oído, desde hacía días, que por ahí andaban otra vez los Mochacabezas, o las Águilas Negras, o las Autodefensas Gaitanistas, o Los Rastrojos, Los Convivir, o simplemente Los Paisas. Oficialmente se llaman hoy día Bacrim, o sea Bandas Criminales, con lo que borran el prefijo “para”, que quiere decir ‘al lado de’. Algunos de los mandos eran conocidos porque habían sido hombres de El Alemán, Freddy Rendón, comandante del bloque Élmer Cárdenas de las Auc.

La resistencia de Caño Claro

En Chocó todo se sabe, desde Acandí hasta Murindó, y desde Paimadó hasta El Tigre. Pareciera que su gente fuera un solo organismo, y lo es, no obstante los litigios de tierra y de cultura que han ido aflorando entre resguardos indígenas, territorios colectivos negros y mejoras de cachilapos o mestizos.

Argenito había sido amenazado en agosto de 2008, así que ya sabía a qué se atenía cuando lo bajaron a fusilar. Los demás pasajeros no se mosquearon. Saben qué ley rige en esos casos. La misma que se aplica desde 2007, cuando se llevó a cabo la Operación Génesis. Las dos leyes son de silencio, pero mientras una impide la denuncia, la otra ahoga la protesta, que fue la que le invocaron los paramilitares por promover una Zona Humanitaria en Caño Claro; una comunidad que se ha declarado ajena a la guerra, donde las armas han sido anuladas, y que —por desgracia— ninguna de las fuerzas armadas que actúan en la región respeta.

Pero su falta había sido más grave. En enero del año pasado instauró una acción legal ante el Tribunal de Chocó, junto con otros miembros de la comunidad de Curvaradó y Jiguamiandó, en la que exigen la restitución de la propiedad colectiva y el cese de actividades a las empresas palmicultoras. El pecado mortal de Argenito fue haber notificado el fallo, a favor de la comunidad, a los administradores de las compañías de William López, Ramiro Quintero y la reconocida familia Zúñiga Caballero. Aquí es necesario un punto aparte.

Los terratenientes

Los Zúñiga Caballero aparecen vinculados con firmas investigadas por concierto para delinquir, usurpación de tierras y desplazamiento forzoso de las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó. Uno de los miembros de las empresas, María Fernanda Zúñiga Chaux, debió renunciar a la gerencia de Fiduagraria —una entidad de economía mixta— por manejos indelicados. María Fernanda es sobrina de Juan José Chaux Mosquera, conocido de autos por el escándalo de alias Job.

La Unidad Investigativa de El Tiempo informó que 25 de los empresarios asociados a esas empresas estaban enredados en la adquisición de 23.000 hectáreas y que, según testigos, lo fueron con apoyo paramilitar. Más aún, Katia Patricia Sánchez, representante legal de una de esas empresas, está casada con Hernán Gómez, íntimo amigo y consejero de Carlos Castaño.

Las tierras de Curvaradó y Jiguamiandó fueron declaradas territorios colectivos basados en la Ley 70 del 93. Pero luego resultaron invadidas a la sombra de la Operación Génesis dirigida por el general (r) Rito Alejo del Río, comandante de la Brigada XVII, hoy detenido.

Durante mucho tiempo se negó la participación de los paramilitares en la operación. Cinco días después del asesinato de Argenito, El Alemán declaró que, por orden de Castaño, varios de sus hombres participaron en heroicas operaciones conjuntas con los militares que bombardearon y ametrallaron las comunidades de Salaquí, Cacarica, Truandó y Perancho, donde andaba el frente 57 de las Farc.

Según El Alemán, no sólo las Accu aportaron unidades, sino que la Fuerza Pública cumplió el acuerdo de “no entorpecer el avance de las Accu en las zonas donde se estaba realizando la Operación Génesis”. Añadió el jefe paramilitar que Maderas del Darién, una filial de Pizano S.A., que durante muchos años se ha beneficiado de concesiones para la explotación de maderas y en particular del cativo —especie en extinción—, colaboraba con los paramilitares, inclusive con aportes en dinero. Las versiones de Macaco y H.H. son, asimismo, piezas sustanciales de un expediente de más de 9.500 folios sobre por lo menos 1.700 crímenes perpetrados en Jiguamiandó y Curvaradó, Vigía del Fuerte, Pavarandó, Cacarica, San José de Apartadó y Dabeiba, y que siguen hoy, 13 años después, en la total impunidad.