Columna por Iván Cepeda Castro, acompañado de PBI Colombia, publicado en El Espectador el 27 de septiembre de 2008.
DESDE HACE MÁS DE UNA DÉCADA, las comunidades afrodescendientes de la zona de Curvaradó y Jiguamiandó, en el Bajo Atrato chocoano, han resistido el ataque a su territorio. Primero la violencia: trece desplazamientos forzados y más de 140 asesinatos y desapariciones forzadas, que los paramilitares perpetraron en tiempos de la comandancia del general (r) Rito Alejo del Río.
Luego se inició el control sobre las tierras para la siembra de palma de aceite y la extensión ganadera. Con ese fin se creó la Asociación de Pequeños Productores de Belén de Bajirá, Asoprobeba, con la representación legal de Sor Teresa Gómez, cuñada del jefe paramilitar Carlos Castaño y acusada de haber participado en el asesinato de la líder de los desplazados de Córdoba, Yolanda Izquierdo.
La siembra de palma de aceite la hicieron empresas como Urapalma, Palmura, Agropalma y otras once. A través de asociaciones campesinas de fachada y de testaferros, los jefes paramilitares Vicente Castaño y alias Mono Leche, entre otros, erigieron un emporio empresarial en el que están comprometidos los Zúñiga Caballero, parientes de la ex directora de Fiduagraria y de Juan José Cháux, ex gobernador de Cauca; el mismo funcionario que no ha podido explicar con claridad qué hacía en la reunión con emisarios de alias Don Berna en el Palacio de Nariño y otros nexos suyos con los paramilitares.
Las comunidades se opusieron al arrasamiento creando las zonas humanitarias y de biodiversidad, regresando a su territorio y erradicando la palma de aceite de sus tierras. Debido a sus incansables denuncias, la Fiscalía abrió una indagación contra 23 empresarios palmeros. En la fase actual se intenta convertir la zona en un laboratorio de la consolidación del modelo agroindustrial, construido por medio del terror, empleando una estrategia que tiene múltiples formas: presencia de Águilas Negras, legalización de las tierras usurpadas, ofrecimiento de recursos públicos a cambio de acabar la resistencia, suplantación de los líderes comunitarios para legalizar el cultivo de la palma.
Como aspecto sustancial de la nueva fase de la estrategia criminal de control territorial se ha intensificado el ataque a la organización de derechos humanos que acompaña a las comunidades desde hace años, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Desde hace un mes, en forma cotidiana se reciben llamadas telefónicas en su sede, en las que se amenaza a los defensores de derechos humanos y a sus familias. Uno de los acompañantes de las comunidades, Jimmy Janasosoy, fue secuestrado temporalmente en la zona y se tiene evidencia de que se iba a desaparecer a Abilio Peña y Danilo Rueda, dos de los líderes de la organización. Estos hostigamientos se realizan en medio de una sostenida campaña que busca desprestigiar el trabajo de la Comisión de Justicia y Paz, y montar procesos judiciales arbitrarios contra sus miembros.
Después del arrasamiento de la población y de la tierra se pretende consolidar el modelo debilitando la resistencia comunitaria, asediando y desprestigiando a los defensores de derechos humanos, comprando la conciencia de quienes no cedieron a la primera fase de violencia, garantizando la impunidad de los empresarios y políticos criminales. Este es el verdadero rostro de la consolidación de la seguridad democrática. Y debería ser el objeto del examen periódico universal de la ONU al que el Gobierno Nacional dice someterse “voluntariamente”.