Poco se dijo de la decisión de la Fiscalía de encarcelar a 24 empresarios entre representantes legales, intermediarios, trabajadores de las empresas de palma africana y desmovilizados paramilitares que durante una década, con créditos otorgados por el Estado, y bajo la fachada de compañías que impulsarían el progreso en el Urabá, se apoderaron de terrenos ancestrales de afrodescendientes de las cuencas de Curvaradó y Jiguamiandó (Chocó) apelando a toda suerte de crímenes y horrores para consolidar un proyecto de autodefensa que pretendía a toda costa insertarse en la economía legal de los grandes terratenientes del país.
