La restitución de tierras es parte de la palabra empeñada del Gobierno con los campesinos víctimas de las Auc, pero los violentos siguen sembrando terror para evitar que esto se cumpla. Según el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, entre el miércoles y ayer mataron a tres líderes en Antioquia y Sucre.

Este jueves asesinaron en Medellín a David de Jesús Góez Rodríguez, de 70 años, líder de la Fundación Forjando Futuro, entidad que asesora a los reclamantes de tierras en el Urabá antioqueño. A este crimen se sumó el de Bernardo Ríos Londoño, miembro de la Comunidad de Paz de Apartadó, y el de Éver Verbel Rocha, en San Onofre (Sucre).

Las amenazas y los ataques contra las personas dedicadas al proceso de recuperación de tierras han sido motivo de preocupación de las autoridades, que se comprometieron a garantizar su seguridad. Los tres líderes asesinados son las primeras víctimas del año y con sus muertes sube a 11 la cantidad de muertos en medio de este proceso en los últimos 12 meses.

Lo paradójico es que los crímenes ocurren justo una semana después de que el Gobierno inaugurara el llamado Centro Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras (CI2), conformado por la Fiscalía y miembros de la Policía Judicial, con el objetivo de brindar seguridad a los beneficiarios de la devolución, detectar los sitios de mayor riesgo y diseñar planes de seguridad y protección. Estos asesinatos se convierten en el primer desafío de la naciente institución.

De acuerdo con la Fundación Forjando Futuro, Góez Rodríguez había sido amenazado hace dos años, motivo por el cual se tuvo que desplazar a Medellín. Esto no fue impedimento para los criminales que querían acabar con su vida. La víctima concentraba su trabajo en recuperar las tierras usurpadas por las Auc en la población de Tulapa, en el norte de Urabá, sitio donde operaron los paramilitares de Carlos Castaño.

El ministro de Agricultura rechazó el crimen, lamentó la gravedad de los hechos y convocó a una reunión extraordinaria al Centro de Inteligencia.

El gobierno de Juan Manuel Santos se ha comprometido a devolver a campesinos víctimas de la violencia cerca de dos millones de hectáreas en zonas donde tuvieron influencia las Auc. Incluso, incluyó en la ley de víctimas un artículo con mecanismos jurídicos para acelerar y simplificar el proceso. El caso más reciente fue el de Chivolo (Magdalena), donde el Incoder restituyó el dominio de casi 40 predios que estaban en manos de testaferros de Jorge 40. Se estima que existen casi 500 mil reclamantes de tierras en el país.

Sólo en Urabá, hasta finales de 2010, la Asociación de Víctimas para la Restitución de Tierras reportó que tras la devolución de 184 bienes (4.000 hectáreas) han muerto siete personas, un atentado y decenas de amenazas.