LLAMADO URGENTE - EL OBSERVATORIO

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), solicita su intervención URGENTE ante la siguiente situación en Colombia. 

Descripción de la situación: 

El Observatorio ha recibido con grave preocupación informaciones de fuentes fidedignas sobre las amenazas y actos de intimidación contra algunos de los líderes y miembros de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, entre ellos los Sres. Nubia Patricia Acosta y Jhon Jairo Betancour, en Puerto Asís y Puerto Guzmán, Departamento de Putumayo, y la Sra. Luz Marina Arroyabe en Dabeiba, Antioquia, así como sobre la campaña de difamación por parte de medios de comunicación nacionales contra la mencionada Comisión Intereclesial y sus integrantes, en particular contra el Sacerdote Javier Giraldo S.J. y los Sres. Abilio Peña y Danilo Rueda. 

Según las informaciones recibidas, los Sres. Nubia Patricia Acosta y Jhon Jairo Betancour quienes trabajan en Puerto Asís y Puerto Guzmán y el Valle de Guamez, Putumayo, acompañando a las comunidades rurales en la construcción de iniciativas en el marco del derecho internacional y de los DESC para reconstruir el Estado de Derecho, recibieron a través de mensajes de texto las siguientes amenazas:

- el 27 de noviembre de 2009, hacia las 1:53: p.m. “Trabajar en justicia y paz (sic) de sapo pueden ganar plata, pero la vida esta un pie en la casa y otro en el cementerio, no amenazamos solo advertimos gracias. 1:53 p.m. “y juisio (sic) mucho juicio (sic)”.

- el 29 de noviembre hacia las 8:40: a.m. “Como se están (sic) portando los niños? Y que están (sic) haciendo? OJO cerradito el pico se ven mejor. un abraso (sic) y un vesote (sic). ya saben…!”

Asimismo, de otra parte, el 26 de noviembre de 2009, hacia las 2:00 p.m., cuando la Sra. Luz Marina Arroyabe, miembro de la Comisión Justicia y Paz, y la Sra. Marcela Montoya y el Sr. Rodrigo Montoya, éstos dos miembros de la Comunidad de Vida y de Trabajo de la Balsita, viajaban en un vehículo de servicio público de la vereda la Basita al perímetro urbano de Dabeiba, Antioquia, tres militares de la Brigada 20 del Ejército les hicieron detenerse. Se ha informado de que el capitán Mota destacó que tenía curiosidad por conocer a doña Luz Marina y que conocía sobre las denuncias presentadas por la Comisión de Justicia y Paz, poniendo en duda su veracidad.

Además, según las informaciones, recientes se ha venido adelantando una campaña contra la Comisión Intereclesial y en particular contra varios de sus líderes e integrantes, como los Sres. Abilio Peña y Danilo Rueda y el Sacerdote Javier Giraldo S.J. a través reuniones públicas y de varios medios de comunicación nacionales con sede en Bogotá.

Según las denuncias, en esas campañas son utilizados los testimonios de personas que dicen representar los intereses de los afrocolombianos pero que en realidad ofician como falsos testigos contra la Comisión de Justicia y Paz. Son parte de montajes judiciales y mediáticos y son quienes, según las denuncias, han usurpado la representación legal del Consejo Comunitario de Curvaradó, han suscrito acuerdos ilegales con los empresarios, han participado en la fachada de legalidad en el despojo de tierras y participan en las arbitrarias operaciones de desalojo de los legítimos dueños del territorio colectivo.

Por ejemplo, el 2 de diciembre de 2009, en el Primer Foro sobre la población desplazada en Colombia, fueron escuchados los Señores afrodescendientes Manuel Moya Lara, Jaime Betar y Germán Marmolejo quien afirmó en esa ocasión que "[...] el problema más grave que tiene la comunidad de estas cuencas [del Curvaradó y Jiguamiandó] es las ONG de Justicia y Paz que ha querido usurpar los derechos de estas comunidades [...]". El Sr. Jaime Beitar, igualmente informó que ya había indicado al Presidente Álvaro Uribe, en el Consejo Comunal en Quibdó, número 211, que en el Urabá Antioqueño y en el Darién chocoano "[...] no queremos falsas ONG como Justicia y Paz, Brigada Internacional y PBI [...]", además, dirigiéndose a los Estados europeos añadió "no le den más recursos a estos bandidos de la ONG Justicia y Paz, al padre Javier Giraldo y a Danilo Rueda [respectivamente Director y miembro de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz] porque ellos están mandando a matar a los desplazados que no están con ellos".

Por otro lado, el 28 de noviembre de 2009, en la segunda emisión del Noticiero Nacional de Cable Noticias se publicó: “Nueva Protesta: continúa el drama de las 50 familias por la expropiación de sus tierras a través de la ONG Justicia y Paz”. Dicho titular fue publicado después de que el 25 de noviembre de 2009, un grupo de personas se manifestara frente al Ministerio del Interior y Justicia sosteniendo pancartas con mensajes como: “El territorio colectivo es de los negros no de la ONG Justicia y Paz”, “somos víctimas del terrorismo humanitario” y “Las Zonas Humanitarias son refugio de las FARC”.

El 21 de noviembre ya se había publicado en los medios una nota similar. Según las informaciones, en ambas ocasiones habría intervenido ante los medios el Sr. Hernando Olier, afrodescendiente que según las denuncias está vinculado al grupo vocero de empresarios interesados en el control de tierras para el cultivo de palma aceitera y plátano, y la ganadería extensiva en el Curvaradó y Jiguamiandó.

Anteriormente, el 18 de noviembre de 2009, en horas de la mañana, el Sr. Jaime Beitar, afrodescendiente del río Domingodó habló en el programa de Radio Super, La hora de la Verdad, dirigido por el Sr. Fernando Londoño Hoyos, ex Ministro del Interior y de Justicia, de la situación que viven los afrocolombianos en la comunidad del Bajo Atrato declarando que: "[…] estamos amenazados por la misma Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, hoy en día nos encontramos objetivo militar de las FARC. la señora Teresa de Huertas y la (sic) Roció Venegas que trabaja en le Ministerio del Interior tiene nexos directamente con la guerrilla por que andan amenazando a las comunidades negras para darle el territorio a los mestizos”. Además, el Sr. Londoño Hoyos concluyó la entrevista diciendo: "estos son los negros de allá perseguidos, ultrajados […] por la Comisión Intereclesial […]".

El Observatorio condena rotundamente la campaña de grave difamación emprendida contra la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y contra sus líderes, la cual parece estar motivada por sus actividades en defensa de los derechos humanos; de hecho, el trabajo de Justicia y Paz ha demostrado la consumación de crímenes de lesa humanidad en el Departamento de Putumayo, así como el uso de la violencia armada en los territorios donde se proyectan negocios agrícolas como el cultivo de la palma de aceite o las extracciones de recursos energéticos donde habitan pueblos indígenas y colonos mestizos.

Además, el Observatorio recuerda que la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz ha sufrido numerosos actos de hostigamiento y amenazas desde hace varios años. Según las informaciones, en menos de dos años, unos seis defensores de la región del bajo Atrato se vieron obligados a abandonar la zona; mientras que otros tres defensores tuvieron que abandonar el bajo Naya. Según las informaciones, la Fiscalía General de la Nación no ha iniciado ninguna investigación para identificar a los responsables.

El Observatorio vuelve a manifestar su preocupación por el hecho que la negativa gubernamental a comprender y resaltar la labor legítima de las y los defensores de derechos humanos dentro de la democracia, cuestionada por altos representantes del gobierno incluso por el Señor Presidente Alvaro Uribe Vélez, ha otorgado bases a la descalificación existente desde el año 2003 contra la Comisión Intereclesial y teme que se condene injustamente a sus miembros a riesgos de prisión e incluso a riesgos contra la vida de sus miembros.

El Observatorio señala su profunda preocupación por la grave situación de inseguridad de los integrantes de la Comisión de Justicia y Paz, en particular, y de los defensores de derechos humanos en Colombia y solicita a las autoridades colombianas que tomen de manera urgente las medidas más apropiadas para garantizar su integridad física y psicológica.

Acción solicitada:

Favor dirigirse a las autoridades de Colombia urgiéndolas a:

i. adoptar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de los miembros de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, en particular de las Sras. Nubia Patricia Acosta, y Luz Marina Arroyabe, del Sacerdote Javier Giraldo S.J. y de los Sres. Jhon Jairo Betancour, Abilio Peña y Danilo Rueda, así como de los Sres. Marcela Montoya y el Sr. Rodrigo Montoya y de todos los defensores de derechos humanos en Colombia;

ii. realizar una investigación independiente, inmediata, exhaustiva e imparcial en torno a los hechos arriba denunciados, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales y/o administrativas previstas por la ley;

iii. velar por que se ponga fin a todo tipo de agresión, hostigamiento y violencia contra los miembros de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y en general contra los defensores de los derechos humanos en Colombia;

iv. asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente a la protección del derecho de toda persona “individual o colectivo, de promover la protección y el respeto de los derechos humanos, de las libertades fundamentales, tanto en el plano nacional como internacional y a esforzarse por ellos” (Art.1) así como en lo relativo al deber del Estado de garantizar “la protección de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia o represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración” (Art.12.2);

v. de manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por Colombia.