Las comunidades de Curbaradó y Jiguamiandó1, situadas en el municipio de Carmen del Darién, departamento del Chocó, primero fueron víctimas de desplazamiento forzado y posteriormente han tenido que afrontar el despojo de tierras por parte de empresas palmicultoras. A medida que las comunidades regresaron a su región y se han organizado para defender sus derechos, las muertes ejemplarizantes y las amenazas han ido en aumento. Sin embargo, las comunidades retornadas han logrado permanecer en el terreno. Su objetivo: la restitución jurídica y la devolución material de sus tierras.
La tierra deseada
Hasta el inicio de este siglo, las cuencas de los ríos Curbaradó y Jiguamiandó eran consideradas unas de las mayores reservas ambientales del mundo. Las tierras del Bajo Atrato y, sobre todo, aquellas que hacen parte de un gran humedal formado por los ríos Atrato y Murindó también son excepcionalmente fértiles2. Hoy, sin embargo, gran parte de este territorio se reduce a un vasto monocultivo de gran escala3, ganadería extensiva y explotación masiva de madera, donde no queda lugar para la fauna, la flora y, mucho menos, para los pobladores ancestrales4.