David Valtierra de Radio Ñomndaa hablando con Alejandro Ramos Gallegos del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

En Guerrero, durante el año 2007, las organizaciones sociales y de derechos humanos han denunciado la cerrazón y la falta de diálogo por parte del gobierno encabezado por Zeferino Torreblanca Galindo para atender los conflictos y las demandas sociales. La respuesta ha sido, en numerosos casos, la represión y el encarcelamiento de los líderes sociales y defensores de derechos humanos, agravando los conflictos sin atender los problemas de fondo que están detrás de estas demandas.

El 8 de noviembre fue detenido José Manuel Olivares Hernández, director del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón y reconocido defensor de derechos humanos (ver el anterior Boletín de PBI México, núm. 22, Verano 2007) mientras documentaba los abusos policiales durante una protesta del Consejo Ciudadano de Chilapa, en la que exigían a la alcaldesa la construcción de las obras prometidas durante su campaña. El síndico municipal dio la orden de detención: "detengan a ese cabrón que nos está ocasionando problemas". Olivares Hernández argumentó que sólo efectuaba su labor de defensor de derechos humanos y que él no estaba participando en los bloqueos, obteniendo como respuesta un "me vale madres". Los manifestantes fueron golpeados y 15 de ellos, con su dirigente Virginio Vázquez Pileño, fueron arrestados. El día 9 fueron liberados bajo fianza y, aunque fueron acusados de los mismos delitos (ataques a las vías de comunicación, asociación delictuosa y motín) la fianza de Olivares Hernández fue mucho más elevada.

El 9 de agosto fue detenido David Valtierra Arango, de Radio Ñomndaa, radio indígena del municipio de Xochistlahuaca, acusado de privación ilegal de libertad por una decisión tomada en asamblea en 2004 y por las que existen 8 órdenes de aprensión más. El 13 de octubre, Cirino Plácido Valerio, fundador y consejero de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (Policía Comunitaria), fue detenido acusado de privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad y usurpación de funciones presuntamente cometidos en 2005. Estas organizaciones indígenas son "criminalizadas" por ejercer el derecho a la libertad de expresión a través de la radio y aplicar sus sistemas normativos propios para impartir justicia en sus comunidades.

El 19 de octubre fue detenido Cándido Félix Santiago, acusado de ataques a las vías de comunicación. Esta era su cuarta detención este año, acusado también de motín y privación ilegal de la libertad. Félix Santiago, dirigente del Consejo Regional para el Desarrollo de los Pueblos Me'phaa de la variante Lingüística Bathaa, ha encabezado desde 2006 una serie de movilizaciones para exigir que se cumplan los acuerdos ya firmados con el Gobierno y la Secretaría de Educación de Guerrero (SEG) para enviar maestros bilingües a 17 pueblos me'phaa que hablan la variante lingüística bathaa en la región de la Montaña.

Por último destaca el conflicto de los estudiantes y egresados de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos con la SEG y el Gobernador. En agosto se iniciaron movilizaciones para exigir más plazas para los egresados y que se mantuviese la Licenciatura en Educación Primara. Finalmente se llegó a un acuerdo parcial el 22 de diciembre, aunque estos meses estuvieron marcados por el rechazo a atender las demandas de los estudiantes y la fuerte represión policial. El día 14 de noviembre policías estatales antimotines, desalojaron, golpearon y detuvieron con violencia a los manifestantes que protestaban fuera del Congreso del Estado, más de 200 resultaron heridos. El día 30 de noviembre, mientras realizaban campañas de propaganda en la autopista a la entrada de Acapulco, fueron reprimidos por la Policía Federal Preventiva. Unos 56 estudiantes fueron detenidos y hubo un herido de gravedad.

Las organizaciones consideran que la falta de diálogo ha empujado a las organizaciones a acciones como la toma de espacios públicos o el bloqueo de carreteras para ser escuchados y atendidos, lo que el estado "ha aprovechado para colocarlos fuera de la legalidad, utilizando a las instituciones públicas tales como la Procuraduría General de Justicia del Estado que cuando se trata de aplicar la ley a los luchadores sociales actúa motivada por criterios evidentemente políticos".