México D.F., 7 de julio de 2015.- Entre los meses de mayo y diciembre de 2015 PBI México divulga una serie de entrevistas a personas defensoras de derechos humanos con las que mantenemos una relación de acompañamiento o de colaboración estrecha. Este mes presentamos la entrevista al Padre Óscar Enríquez, director del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte.

Debido a la situación de riesgo en que trabaja el equipo del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte y a la importancia de su labor, PBI inició el acompañamiento a Paso del Norte en septiembre de 2013. El centro fue la primera organización acompañada por el equipo de PBI en el norte de México.

Oscar Enríquez Pérez, fundador del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte

Mi nombre es Oscar Enríquez Pérez, soy sacerdote en la iglesia católica desde hace 45 años y director y fundador del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte. Trabajo en la parroquia de un sector popular en Ciudad Juárez.

Mi perspectiva siempre ha sido la de la teología de la liberación con una opción por los pobres y una preocupación muy fuerte por lo social. El trabajo de derechos humanos, yo lo veo como una extensión del compromiso social que para mi brota del Evangelio, una opción de fe. Y sí, me cambió la vida. He ido buscando el equilibrio entre la actividad pastoral y esta dimensión social, que es algo propio también de mi compromiso cristiano.

El Centro de Derechos Humanos Paso del Norte y las demandas de las víctimas

El centro lo iniciamos en el 2001. Iniciamos el centro de derechos humanos por un caso concreto de tortura. A todo un grupo nos pareció importante asumir este trabajo aquí en Ciudad Juárez porque no había ningún centro de derechos humanos. Desde que comenzamos trabajamos con los sectores más vulnerables y más empobrecidos de la sociedad.

En los últimos años hemos tomado como prioridad el acompañamiento a víctimas, que es uno de nuestros ejes de trabajo, sobre todo en casos de tortura y de desaparición forzada. Estamos continuamente tocando el dolor y el sufrimiento de familias y de víctimas de injusticias muy claras, es un aprendizaje constante ver desde ellas la realidad que vivimos y esta perspectiva, desde el dolor de las víctimas, nos lleva como centro de derechos humanos, a reafirmar nuestro compromiso con la verdad y con la justicia.

Otro aprendizaje que venimos haciendo, es la necesidad de solidaridad, tanto a nivel interno como entre diferentes organizaciones. Nos sentimos parte de un proceso muy amplio para enfrentar las condiciones de injusticia. No vemos que haya procesos de investigación, ni voluntad política de perseguir los delitos. Y si miramos la situación nacional e internacional, con gobiernos cada vez menos democráticos, vemos que se va a seguir criminalizando la protesta social. Creo que va a haber más riesgos en el futuro, yo no veo que esto cambie para bien. Viendo las constantes violaciones de derechos humanos, creo que como centro tenemos trabajo para un buen rato.

A las víctimas cuando llegan al centro lo único que les importa es la libertad o la salud de sus familiares. Ellos quisieran una perspectiva jurídica. Nuestra metodología es la de tratar de ayudarles a que comprendan lo que están viviendo. Se les pide el acuerdo de que van a participar en reuniones. Actualmente tenemos un grupo bastante amplio de familiares de víctimas de tortura y de desaparición forzada. Entre ellos se conocen, se encuentran. Queremos que entiendan lo que demandan y los consideramos defensores de derechos humanos. Entre las víctimas predominan los orígenes muy populares.

Nos gustaría tener más colaboración en el centro de los jóvenes de aquí, de barrios populares, pero es complicado, no hay mucho interés por participar en procesos democráticos, de defensa de los derechos humanos, no hay una sensibilidad fuerte en lo social. Este es un reto enorme. Solamente en la medida que esos jóvenes tienen experiencias fuertes, se crea en ellos o en sus familias una sensibilidad para participar.

Las agresiones contra el equipo de Paso del Norte

El grupo tienes unas motivaciones y opciones muy personales de fe, por eso este no lo ven como un trabajo. Eso les da un suelo firme para asumir condiciones de riesgo. Hemos tenido talleres que nos ayudaron a expresar las situaciones personales, como nos sentíamos y eso creó una conciencia grupal para poder ayudarnos en situaciones límites, para entender y ver como vivir las posibilidades de riesgo. Tuvimos un allanamiento del centro en el 2011. Un domingo por la noche un grupo de patrullas cercaron el centro y, de una manera muy violenta con barras, rompieron las puertas, hubo un registro total. Mis compañeras vivieron ese tiempo con un temor constante. Resultaba muy difícil vencer eso aunque sabíamos los riesgos que asumíamos cuando tomamos la decisión de trabajar casos de tortura y de desaparición forzada.

Conocemos el Mecanismo Nacional para Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, porque tuvimos que recurrir a el. Tanto la abogada del centro como familiares en uno de los casos que llevamos fueron hostigados por policías ministeriales. La valoración que tenemos como centro es que no ha habido una respuesta adecuada y eficaz. Vinieron sí, pero las respuestas de seguridad para el centro no fueron eficaces y para la seguridad en la casa de la abogada, tampoco.

La cooperación con organizaciones de derechos humanos dentro y fuera de México

Nosotros valoramos y trabajamos para generar redes, como una red regional en Coahuila y también somos parte de la Red Nacional Todos los Derechos para Todas y Todos. Por eso valoramos mucho la presencia y solidaridad de organizaciones internacionales de derechos humanos como Brigadas Internacionales de Paz que acompañan nuestros procesos como defensores de derechos humanos. Su presencia aporta más seguridad y visibilidad al trabajo de nuestro centro frente a las autoridades de la ciudad y el estado.

Chihuahua es uno de los estados donde ha habido más riesgos, amenazas y asesinatos de defensoras y defensores y creo que la presencia de PBI va a ayudar. Nosotros no hemos tenido casi interlocución con los gobernantes, quizás por nuestra trayectoria, por los casos que hemos seguido, confiamos, esperamos que la presencia de PBI nos apoye.

El contexto: la violencia en Ciudad Juárez y la respuesta del estado

La frontera siempre ha tenido una problemática social muy fuerte, por ser frontera. Hay una situación de desarraigo cultural. Siempre ha habido problemas sociales, por falta de vivienda, por falta de trabajo. Siempre ha habido pandillerismo, tráfico de drogas. El Cártel de Juárez empezó a organizarse desde los setenta y fue creciendo.

Ciudad Juárez siempre ha sido una ciudad violenta, pero nunca previmos que pudiera llegar a los extremos hemos vivido a partir del 2008. Llegó a ser considerada la ciudad más violenta del mundo, con un porcentaje de 190-230 asesinatos por cada 100.000 habitantes. El gobierno mexicano declaró la guerra al narcotráfico y se agudizó la situación de violencia. El estado respondió con el Operativo Conjunto Chihuahua enfrentando el crimen organizado con estrategias federales de mano dura, aceptadas por el gobernador e implementadas por los municipios, que dan cada vez más puestos de control a militares ante los problemas de seguridad pública. En el operativo se integran la federación, el estado a través del gobernador y los cuerpos policiacos y también los municipios.

Las Fuerzas Armadas estuvieron dos años del 2008 al 2010 y hubo muchos abusos. Después, la Policía Federal asumió la coordinación de la seguridad y fue peor que el ejército, teníamos miedo. En tiempos de la Policía Federal vivimos el allanamiento a las oficinas del centro. No se puede imaginar cuantos casos conocimos que no podíamos llevar, porque nos rebasaban. Hoy en día las denuncias por abusos y casos de tortura son contra la policía municipal y la policía ministerial que persigue los delitos a nivel estatal.

Actualmente han bajado los indicadores de ejecuciones violentas, pero permanece una violencia soterrada. Las causas que provocaron todo el clima de violencia siguen y sigue habiendo asesinatos, extorsiones, feminicidios, secuestro de profesionistas. Desde el 2011 tenemos a un militar en el puesto de Secretaría de Seguridad Pública [Julián Leyzaola fue secretario de seguridad pública entre marzo de 2011 y finales de 2013], comandando una policía muy represiva, violenta y autoritaria, que ha cometido cantidad de abusos, sobre todo contra jóvenes y jóvenes pobres. No hallas como enfrentar eso, ni como denunciar.

Un resultado del trabajo del Centro Paso del Norte: El caso Figueroa

Después de pasar dos años y cinco meses encarcelados, los hermanos Juan Antonio y Jesús Iván Figueroa Gómez así como Misael Sánchez Fausto, fueron absueltos por un Tribunal de Juicio Oral de Ciudad Juárez, el 10 de junio de 2014. Su hermano Luis Adrián Figueroa Gómez, menor de edad y detenido por los mismos hechos, había sido absuelto en agosto del 2013.

El Centro de Derechos Humanos Paso del Norte asumió la defensa legal de los hermanos Figueroa a petición de sus familias.

Este caso se originó cuando el 18 de enero de 2012 la policía federal detuvo de manera arbitraria a cinco jóvenes que eran amigos y por medio de torturas consiguen que ellos se declaren culpables de los delitos que les estaban achacando. Les acusaban de extorsión, importación de armas, de que traían droga y de ser parte de delincuencia organizada. Los arraigaron [detención sin acusación formal ante un juez] y aparecen en la televisión. Las familias se enteran por la televisión de que fueron detenidos.

Las familias se impacientaron, se desesperaron, porque durante años no avanzábamos jurídicamente, han sufrido mucho, alguna de las madres no los vio desde su detención y saben que fueron torturados, vieron que no podían mantenerse en pie. Es un caso muy doloroso, notas una cerrazón de autoridades porque aquí en el fondo estamos ante un estado que no quiere reconocer que sus cuerpos policiales torturan y quiere dar una imagen de que no hay tortura. Cuando ha habido audiencias de este caso hemos vivido el hostigamiento a los familiares de las personas presas y a la abogada del centro que llevaba la defensa legal.

Los encarcelaron en Nayarit y en Veracruz y los expedientes los llevaron en Guadalajara. Esto hizo que la defensa legal fuera muy complicada. Durante un año y medio no logramos que hubiera audiencias y que se presentaran los federales que los acusaban. La abogada se desplazaba a Nayarit, a Guadalajara, a Veracruz, pasaba el tiempo, eran muchos gastos de dinero y veíamos las preocupación de las familias porque no lográbamos avances. La organización CCTI [Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad] les aplicó el Protocolo de Estambul, también la Comisión Nacional de Derechos Humanos aplicó este protocolo y emitió una recomendación en la que dicen que hubo tortura. La Procuraduría General de la República no aceptaba esos informes y quería aplicar [el protocolo] por tercera vez. Las familias se opusieron y la abogada también.

Este es un ejemplo de un caso que abordamos con éxito desde la perspectiva jurídica, la psicosocial y desde el acompañamiento a los familiares.

* La entrevista fue elaborada por Susana Nistal y la traducción por Annie Hintz