Espacio de Trabajadores y Trabajadoras de Derechos Humanos / Viernes 20 de noviembre de 2009
El Espacio de Trabajadores y Trabajadoras de Derechos Humanos, escenario que aglutina a las organizaciones sociales y defensoras de DDHH en Barrancabermeja y el Magdalena Medio, denuncia ante la opinión pública nacional e internacional la política de criminalización practicada por el Gobierno nacional a través de acciones abiertas y encubiertas.
Los dirigentes de la ACVC han sido sometidos a la persecución judicial a través de testigos comprados; y de los seis encarcelados todos fueron puestos en libertad, evidenciando que todo fue producto de un descarado montaje.
Los paramilitares, protegidos por la Ley de Justicia y Paz, antes que confesar sus atrocidades, siguen utilizando la mentira como arma de guerra, pretendiendo justificar sus acciones criminales buscando convertir a los sobrevivientes de sus acciones vandálicas, de víctimas a victimarios. De igual manera, utilizando las “versiones”, preparan montajes orientados a la judicialización y el encarcelamiento de los dirigentes sociales y defensores de DDHH, es el caso de David Ravelo Crespo, reconocido dirigente de Barrancabermeja.
Los paramilitares, a través de diferentes denominaciones, aterrorizan a la población civil y a los dirigentes, asesinándolos, amenazándolos o conminándolos a salir de la región. Son expresión de este proceder los casos de Ebert Sony Cárdenas, Luis Arango Crespo y Honorio Llorente, quienes fueron vilmente asesinados, encontrándose en total indefensión por negligencia estatal. Los casos recientes donde son amenazadas dos destacadas dirigentes sociales de Barrancabermeja, María Calderón, dirigente de la Uso; y Luz Almansa, coordinadora de Asfades Barrancabermeja; quienes por medio de correos electrónicos fueron declaradas objetivo militar por los paramilitares.
Por lo anterior:
EXIGIMOS al Estado colombiano y al Gobierno Nacional garantizar , proteger y respetar los derechos Humanos de los pobladores (as) de la región del Magdalena Medio, brindándole plenas garantías a los dirigentes sociales y de DDHH para el ejercicio pleno de sus funciones. Investigar los hechos de sangre que se vienen sucediendo en aras de contrarrestar la impunidad que se evidencia en la región.
SOLICITAMOS a la comunidad internacional el acompañamiento a los y las dirigentes que el Estado colombiano pretende criminalizar para que se condene esta practica aberrante.
INVITAMOS a la más amplia solidaridad a las organizaciones y comunidad en general para con los compañeros (as) que se pretenden criminalizar, exigiendo al Gobierno parar esta práctica de criminalización.