México, D.F., 14 de noviembre de 2014.- Entre los días 9 y 14 de noviembre, cinco expertas independientes de América y Europa han visitado México para observar la situación de las personas defensoras de derechos humanos en el país. La Misión de Observación Civil (MOC), convocada por 11 organizaciones nacionales e internacionales, mantuvo reuniones con sociedad civil y autoridades de los tres niveles gobierno en los estados de Guerrero, Oaxaca, Baja California y en el Distrito Federal. En Guerrero, visitó la Escuela Rural Normal “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, donde se entrevistaron con familiares de los 43 estudiantes desaparecidos.

La Misión de Observación Civil agradece a las y los defensores y periodistas el haber concedido un espacio para compartir su testimonio. También agradece a las autoridades de las cuatro entidades y del Gobierno mexicano la recepción y el apoyo proporcionado. En general, pudo realizar las entrevistas solicitadas dentro de los términos señalados. Por otra parte, la Misión de Observación lamenta no haber tenido la oportunidad de reunirse con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, especialmente dada la falta de legitimidad expresada por algunas organizaciones de la sociedad civil sobre su forma de operar.

La situación de vulnerabilidad y riesgo de las y los defensores es sumamente palpable en México.  La MOC  tuvo la oportunidad de reunirse con defensoras y defensores que defienden un amplio espectro de derechos y todos por igual manifestaron haber sido objeto de ataques, amenazas y obstaculización de sus labores, tanto por parte de autoridades estatales (desde el nivel federal hasta el municipal), empresas que están implementando megaproyectos o que se oponen a las reivindicaciones laborales de sus trabajadores, así como actores armados al margen de la ley o vinculados al crimen organizado.

En base a la información recabada durante la Misión, las observadoras manifiestan su preocupación y emiten sus conclusiones y recomendaciones preliminares sobre algunos de los principales ejes:

Reconocimiento oficial

La MOC considera necesario el reconocimiento oficial sostenido y en los distintos niveles de la autoridad pública a la labor que realizan las y los defensores de derechos humanos en México. Incluyendo el reconocimiento del concepto amplio de quiénes son considerados personas defensoras, de forma que abarque también a los periodistas, especialmente desde quienes tienen a su cargo el otorgamiento de la protección especial.

Criminalización

Las observadoras han recibido constantes reportes sobre el uso indebido del sistema penal para criminalizar la defensa de los derechos humanos, en particular en el contexto de la protesta social. Resalta el uso de tipos penales abiertos, vagos, y ambiguos como “privación de la libertad”, “obstrucción a las vías públicas”, atentado “contra la riqueza nacional” o de figuras como el “arraigo”. Casos de personas defensoras imputadas de cometer delitos menores como “robo de autos”, y que parecen ser utilizados para señalar y disuadirles de continuar su labor. Esto genera un efecto amedrentador en las demás personas defensoras y desgasta recursos, tiempo y energía que se destina a su propia defensa, en vez de a la defensa de los derechos humanos. Las organizaciones y personas defensoras informaron de un incremento de arrestos arbitrarios, especialmente en el Distrito Federal en contextos de manifestaciones pacíficas con hechos aislados de violencia.

Medidas de protección y falta de articulación

La MOC reconoce que el Gobierno mexicano ha establecido algunas medidas y marcos legislativos pioneros para la protección de las personas defensoras y de los derechos humanos como la Ley que establece el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y la Reforma Constitucional en materia de derechos humanos de 2011. Asimismo, reconoce que las entidades federativas visitadas firmaron los respectivos acuerdos de cooperación para la aplicación del Mecanismo de Protección.

Sin embargo, las y los beneficiarios del Mecanismo de Protección federal entrevistados han manifestado la necesidad de fortalecerlo.  Se recibió información sobre la deficiente atención inicial a solicitudes de incorporación al mecanismo, asimismo según los reportes, las evaluaciones de riesgo se llevan a cabo sin criterios claros y sin tomar en cuenta el contexto del defensor o defensora que solicita protección. Los tiempos de atención e implementación superan con creces los establecidos en la ley, y la falta de celeridad lo hace inefectivo.  En algunos casos, la implementación de las medidas ordenadas sucedió hasta después de una nueva amenaza o agresión. Algunas personas defensoras expresaron no haber acudido al Mecanismo porque no confían en su efectividad y se sienten más seguros creando sus propios sistemas y protocolos de protección.

La MOC considera que hay una falta de implementación de una verdadera política de prevención en el Mecanismo de Protección. Las acciones no están dirigidas a formular políticas de prevención, que debieran incluir el análisis de las tendencias actuales en ataques y amenazas recibidas.  Si bien es necesario fortalecer el Mecanismo de Protección, no puede ser la única respuesta a la situación de vulnerabilidad que enfrentan las y los defensores, sino una herramienta temporal para protegerles de peligros inminentes. Esta situación se da en un contexto de impunidad estructural y, mientras no se investiguen los origines de las amenazas y agresiones y se sancione a los responsables, la protección será requerida.

Impunidad

Combatir la impunidad en el caso de las agresiones, amenazas y ataques a personas defensoras es la única forma de dar una respuesta efectiva, de fondo, a la situación que enfrentan. La MOC recomienda el establecimiento de una política de investigación criminal para el esclarecimiento de los casos y la sanción de los responsables de amenazas y ataques en contra de defensores y defensoras. Es también necesaria la presunción de que los ataques que sufren están relacionados con su labor.

Es importante destacar que la MOC llegó a México en un contexto de crisis en materia de derechos humanos.  Ante los hechos ocurridos el pasado 26 de septiembre donde 6 personas fueron asesinadas y 43 estudiantes fueron desaparecidos en el estado de Guerrero, la comunidad internacional ha manifestado una fuerte preocupación sobre el caso, por ello la Misión de Observación incluyó en su agenda una reunión con algunos familiares de las víctimas con el objetivo, además de conocer de cerca el contexto, de expresar solidaridad y apoyo, así como compartir la indignación con los familiares y la comunidad. Lo sucedido es una muestra de la situación crítica de la violencia contra quienes reclaman sus derechos. Queremos unirnos al llamamiento a un esclarecimiento de los hechos y a que se encuentre a los jóvenes con vida.

Finalmente, recordamos que las y los defensores son fundamentales en la construcción de una sociedad más justa y frente a la inoperancia o indiferencia del Estado son quienes protegen a los sectores más vulnerables. Los ataques a personas defensoras constituyen ataques a las personas cuyos derechos, las y los defensores, buscan proteger y a la sociedad en general. Las integrantes de la Misión instamos a que no haya represalias contra las organizaciones que acompañaron, las integrantes de la mimas y las y los defensores de derechos humanos que participaron en las reuniones.

Angelita Baeyens
Tarcila Rivera Zea
Elvira Domínguez Redondo
Rosario Figari Layús
Eleanor Openshaw