Activista colombiano, victima de la detencion arbitraria, busca anular su condena sin fundamento
Nueva York – Un caso clave presentado hoy ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia podría marcar un momento decisivo en los esfuerzos del país para terminar con la judicialización de los defensores de los derechos humanos, según Human Rights First (HRF), una organización internacional de derechos humanos con sede en Nueva York.
Príncipe Gabriel González Arango, un activista estudiantil y miembro de la fundación comité de solidaridad con los presos políticos, presentó a la Corte Suprema un recurso extraordinario de casación para anular la maliciosa sentencia condenatoria en su contra que profirió el Tribunal de Santander por el delito de rebelión.
"Este caso presenta una oportunidad histórica para que la Corte Suprema de Colombia revoque unos años de detención arbitrara y persecución injusta contra González," señaló Andrew Hudson, asociado senior de HRF. "La Corte Suprema debería mostrar con convicción que no tolerará que el sistema judicial sea utilizado para intimidar y silenciar a los defensores de derechos humanos."
Según el equipo legal de González, es la primera vez que un defensor de derechos humanos pide la casación de la Corte Suprema para una judicialización sin fundamento. Una decisión definitiva por la Corte Suprema sentaría un precedente fuerte y ayudaría a docenas de activistas colombianos que son víctimas de procesos penales sin fundamento. "El caso de González es sólo la punta del iceberg. En toda Colombia, los defensores de derechos humanos sufren de acusaciones sin fundamento que intentan perseguirlos", dijo Hudson.
Empezando en 2006, González fue detenido en Bucaramanga por más de un año y quedó encarcelado mientras esperaba un juicio por rebelión y liderazgo de una milicia urbana conectada a las FARC. Después de un juicio, el juez de primera instancia encontró que el proceso penal fue infundado y nunca debió haber sido iniciado. Por alguna razón, la absolución fue apelada por la Procuraduría y en marzo 2009, después de dos años de libertad, el Tribunal Superior de Bucaramanga emitió una sentencia condenatoria y condenó a González a siete años más en la cárcel por los mismos falsos denuncios. La fiscalía usó dos testigos: uno que no pudo identificar a González físicamente ni nombrarlo antes de su detención, y otra que confesó haber dado evidencia bajo coacción.
La casación de González ante la Corte Suprema expone que su condena es nula por dos razones. Primero, viola su derecho de defensa porque la fiscalía no le comunicó sobre la iniciación de la indagación preliminar. Segundo, por error de hecho por falso raciocinio por haber aceptado testimonios contradictorios e incoherentes por ex-combatientes que estaban recibiendo beneficios de reintegración por el estado.
Varias entidades internacionales han expresado su preocupación por el proceso contra González: el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas para las Detenciones Arbitrarias, el Relator Especial de las Naciones Unidas para los defensores de Derechos Humanos y el Departamento del Estado de los Estados Unidos.
Según HRF, el caso de González es emblemático de muchos otros. En febrero 2009, el grupo presentó, Los defensores de derechos humanos acusados sin fundamento: Presos y señalados en Colombia, un informe exhaustivo que documentó la utilización frecuenta de procesos penales sin fundamento para silenciar los defensores de derechos humanos.