Los avances en seguridad del gobierno están seriamente amenazados por una falta de acción decisiva para proteger los derechos humanos y respetar el derecho internacional humanitario. Sin esta condición imprescindible, se fracasará en establecer el Estado de derecho que garantice los derechos fundamentales de los colombianos y avanzar hacia el fin del conflicto armado interno.

No obstante las múltiples medidas tomadas por el ministerio de defensa para mejorar el respeto de los derechos humanos por la Fuerza Pública, los abusos no han cesado. Su profesionalización y modernización recientes se han enfocado en el aumento de tropas y armamento, desatendiendo aspectos esenciales del fortalecimiento del control del poder civil, mecanismos de rendición de cuentas y el respeto irrestricto de los derechos humanos.

A las ejecuciones extrajudiciales y "falsos positivos", se suman denuncias de tortura, desaparición forzada, detenciones arbitrarias, ocupación de propiedades civiles y violencia sexual. Algunos funcionarios parecieran tolerar la existencia de los nuevos grupos armados ilegales. Estos casos minan la confianza de la población en la autoridad estatal, especialmente en territorios en los que la Fuerza Pública es la única institución presente.

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