Las dificultades para documentar casos de este flagelo constituye uno de los principales impedimentos para adelantar procesos serios, incluso en el orden internacional. Foto: Revista Cambio.

Medellín, nov 03 (IPC). – “Por lo menos en el corto y mediano plazo, no será factible que la Corte Penal Internacional (CPI) adelante procesos penales en Colombia contra miembros de grupos armados ilegales responsables del crimen de reclutamiento forzado de menores de edad”.

La afirmación es de la abogada Beatriz Linares Cantillo, quien hace parte de la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes por parte de Grupos Armados al Margen de la Ley, perteneciente a la Vicepresidencia de la República.

Desde esta Comisión, creada en 2007, Linares Cantillo coordina las estrategias de intervención del Estado frente a este flagelo que ya es objeto de profundos análisis por parte organizaciones no gubernamentales, defensores de derechos humanos y entidades gubernamentales de cara a lo que significará la entrada en vigencia de las competencias del Tribunal Internacional para Colombia.
 
Las preocupaciones no son para menos, máxime si se analiza la situación de la población infantil y juvenil en el país por cuenta de este flagelo, que la propia CPI ha catalogado como uno de los más delicados en el mundo, después de naciones africanas como el Congo, Darfur, República Centroafricana y Sudán.

Un informe elaborado por el Grupo de Trabajo sobre la Niñez y los Conflictos Armados del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, fechado el 28 de agosto de 2009, estima que entre unos 8.000 y uno 11.000 menores de edad podrían estar inmersos en las filas de los grupos armados ilegales. Las guerrillas de las Farc, en mayor medida, el Eln y los grupos emergentes al paramilitarismo figuran como los máximos responsables de este crimen de guerra.

El documento también da cuenta de las acciones de la justicia al respecto: “la Fiscalía General de la Nación, a través de la Unidad de Investigaciones sobre la Mujer, la Niñez y la Adolescencia, viene investigando 141 casos, en los que 634 de las víctimas eran niños y en tres de ellos se ha dictado sentencia condenatoria”.

En uno de sus apartes, la investigación recomienda a las autoridades colombianas verificar si los ex comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) han cumplido con el requisito de entregar todos los menores de edad que tenían en sus filas, previa condición para acceder a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz.

“De los 3.284 antiguos miembros de las que actualmente participan voluntariamente en la Ley de Justicia y Paz, sólo 23 han confesado hasta ahora el reclutamiento y la utilización de un total de 654 niños en sus filas. La Fiscalía General está verificando otros 366 casos. Sin embargo, menos de 400 niños fueron entregados en los procesos de desmovilización colectiva de las Auc”, reseña el documento.

Pese a todas estas consideraciones, Linares Cantillo sostiene que no existen motivos jurídicos suficientes para que el Tribunal Internacional adelante proceso alguno por este crimen. “Así la CPI quiera venir a Colombia y llevarse a un criminal de guerra para adelantar un juicio no lo puede hacer, porque la competencia de este Tribunal está calificada como subsidiaria, es decir, que opera sólo si la justicia colombiana no se pronunció, no investigó o no sentenció y eso en Colombia no ha sucedido”, aseveró la abogada.

Para justificar su postura, Linares Cantillo le expuso a la Agencia de Prensa IPC lo que considera los avances tanto del Estado colombiano en materia de prevención del reclutamiento forzado así como del sistema judicial por condenar a los responsables de este hecho.

Situación concreta

¿Qué tan factible es que la CPI adelante juicios penales contra algún miembro de grupo armado ilegal colombiano por el delito de reclutamiento forzado de menores de edad?
Colombia tiene que entender que la CPI, a partir del 1 de noviembre, puede llegar a investigar crímenes de guerra siempre y cuando en el país la justicia no haya judicializado ni se haya pronunciado. ¿Esto qué quiere decir? Que así la CPI quiera venir a Colombia y llevarse a un criminal de guerra no lo puede hacer, porque la competencia de la CPI está calificada como subsidiaria; es decir, que opera si la justicia no se pronunció, no investigó o no sentenció y eso en Colombia no ha sucedido.

¿Y qué tanto ha avanzado la justicia colombiana en el esclarecimiento de este crimen y en el juzgamiento de los responsables?
En los últimos cuatro o cinco años, el Comité para la Dejación de Armas (Coda), que coordina el Ministerio de Defensa a través del Programa de Atención al Desmovilizado, ha remitido a la Fiscalía cerca de 3.500 actas de niños y niñas que han salido de grupos armados ilegales. Ya la Fiscalía está en proceso de judicialización de los casos. ¿Cuál es el problema que puede llegar a existir en este momento? Que no hay perpetrador identificado. Es decir, en la mayoría de los casos se desconoce quién fue el autor material. Ahora, la Fiscalía tendrá que llegar al punto de tener que sentenciar a los jefes de los grupos armados, porque si no hay perpetrador identificado, pero los casos están ahí en la Fiscalía, algo tiene qué hacer el estado.

¿Eso es suficiente para que la CPI no intervenga en el país?
La CPI tendrá que esperar a que avance ese proceso. La CPI puede decir “no nos satisfizo ese proceso, nos parece que los casos no quedaron resueltos”, ahí podría entrar a operar sus competencias y eso tardaría un tiempo porque la justicia colombiana tiene todo su tiempo para resolver estos casos, dentro del marco legal que la Constitución Nacional le da.

¿Que pasa con los casos de los reclutamientos forzados realizados por los grupos paramilitares? Se sabe que una mínima parte de ex combatientes ha reconocido su participación en este crimen, ¿Ahí no habría impunidad?
Hay que hacer una claridad: el crimen de guerra se da sobre reclutamientos de menores de 15 años, no sobre menores de 18. Entonces, las personas que han confesado haber reclutado menores de edad tienen que especificar las edades en que esos niños fueron reclutados. Si en los procesos que están investigado tanto la Unidad de Derechos Humanos como Justicia y Paz de la Fiscalía se demuestra que el reclutamiento se dio en mayores de 15, solamente se sancionaría el delito por el Código Penal Colombiano. El Estatuto de Roma sólo sanciona al reclutador de menores de 15, pero nuestro Código va más allá y castiga al que reclutó menores de 18 años. En el caso de Colombia, se puede decir que el delito no quedará impune, como sucede en otros países.

No quedará impune en la medida que la justicia obre…
Obviamente. En este momento el compromiso de judicializar los casos ya se dio, mejor dicho, ya se judicializó. Ahora le corresponde duramente a la Fiscalía hacer las imputaciones del caso y a los jueces sancionar.

¿La CPI ha pedido información sobre este tema de manera oficial?
Oficialmente no. Si ha mirado el tema, ha recibido observaciones de la Coalición Contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia, pero oficialmente, nada.
 
Sin embargo, hay quienes dicen que si es factible el escenario donde un miembro de grupo armado colombiano responda ante La Haya por este crimen….
Hay otras posturas jurídicas que dicen que la CPI sí puede entrar al país porque la justicia no está haciendo nada. Yo pienso que hay que esperar que los procesos se cumplan. ¿Qué le tenemos que exigir a la justicia colombiana como sociedad civil? Que opere. ¿Qué le tenemos que pedir a la sociedad colombiana? Que reporte los casos que no están denunciando.

El contexto internacional

Digamos que no es viable, por lo menos en el corto y mediano plazo, que este Tribunal adelante juicios penales en el país por el crimen de reclutamiento forzado. Pero, ¿Qué pasa con otros organismos internacionales, como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas?
El Vicepresidente de la República estuvo el día 12 de octubre ante el Grupo de trabajo Sobre los Niños y los Conflictos Armados del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y respondió las preguntas que el grupo le hizo al respecto.  

¿Y qué inquietudes tenía el Grupo?
Hubo un reconocimiento de los 15 países que pertenecen al Consejo de Seguridad hacía Colombia, ya que es el propio Vicepresidente de la República quien lidera la Comisión Intersectorial y destacaron los resultados que se han logrado desde la creación de la misma, hace ya año y medio. Obviamente insisten en que hay problemas por desplazamiento, por minas antipersona, que no se están documentando los casos de violencia sexual, que nos falta mucho, pero por lo menos hay un reconocimiento a la importancia que le está dando el Gobierno al tema.

Hubo una solicitud del Grupo de Trabajo al Gobierno colombiano de poder adelantar contactos directos con miembros de grupos armados ilegales, ¿Qué piensa el Gobierno nacional de esta propuesta?
Por solicitud que hizo la Representante Especial ante el Secretario General de Naciones Unidas, sugieren tener dialogo directo con los miembros de los grupos armados ilegales, porque en otros países han podido dialogar con los miembros de los grupos para que les entreguen los niños, como sucedió en Costa de Marfil o Mozambique. En ese sentido, el Vicepresidente fue claro en decir que ese contexto no es posible en Colombia. Hay que conocer la dinámica colombiana.

Desde sectores no gubernamentales se hacen algunas observaciones al trabajo de la Comisión Intersectorial: que no hay trabajo de prevención, por ejemplo….
Todas las críticas son bienvenidas, porque este es un problema que tenemos que afrontar entre todos. El tema de reporte es un tema muy crítico en el país, es más, las críticas a la Comisión, de que no hay reportes no son de afuera, son mías, En Colombia se conoce un caso de reclutamiento cuando el niño abandona al grupo armado, las familias no están reportando. En el caso de la Comisión hay un trabajo de aumentar la cobertura, mejorar los entornos de los niños y las niñas, movilizar a la sociedad para que rechace este flagelo. Esto se llama prevención. Estamos intentando transformar a la sociedad para que los niños vivan en entornos más seguros y eso es un trabajo en el mediano y largo plazo. Por eso la Comisión todavía no puede mostrar resultados. Pero nosotros sabemos que estamos trabajando con la comunidad. Hemos trabajado en el marco de los derechos, apoyamos a los alcaldes para que exijan sus prioridades en casos de alto riesgo.

¿Cómo se puede medir entonces los resultados de la Comisión?
Yo no le puedo decir cuántos niños han dejado de irse para los grupos, pero sí es muy posible que si incidimos ahora y entramos a competir con los armados desde la legalidad, desde las familias y desde las redes, los niños vayan a decidir por un camino distinto. Hay otra cosa: mostrar resultados es poner un policía en cada esquina y eso realmente, ni es prevención ni es incidir en transformación de cultura, ni es impulsar política pública. Nosotros aceptamos todas las críticas y la sociedad civil tiene que pasar de su postura de protesta y crítica a una construcción colectiva independientemente en la posición política donde se encuentre.
 
Hay otra crítica al trabajo de la Comisión y es frente a las jornadas cívico-militares que realiza el Ejército en zonas rurales, que involucra menores de edad. ¿No es esto violatorio del principio de distinción contemplado en el DIH?
Ahí hay una discusión política de fondo. En otros contextos, donde no hubiera conflicto armado, si un policía entra a una escuela a jugar con los niños, no pasa nada, pero en este país, la gente dice que eso pone a los niños en riesgo. Además estos grupos también están dedicados al narcotráfico, al terrorismo y al ataque a civiles. Estamos tratando de que el Ministerio de Defensa haga unas campañas de movilización masiva donde efectivamente se identifiquen factores de riesgo y presencia de estos grupos, donde en la medida de lo posible no haya este tipo de jornadas cívico militares. Pero, repito, es una discusión política de fondo en la cual no quiero entrar.

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