La amenaza contra Góngora Arango se suma a una serie de señalamientos e intimidaciones de los que ha sido víctima esta ONG en los últimos años.
Las amenazas contra defensores de derechos humanos en Antioquia no se cesan. Recientemente se conoció que asesinos a sueldo pertenecientes a un grupo armado ilegal que opera en el barrio Campo Valdes, nororiente de Medellín, fue contratado para que atente contra la vida del abogado Byron Góngora Arango, directivo de la Corporación Jurídica Libertad, organización no gubernamental que en los últimos años ha visibilizado el flagelo de las ejecuciones extrajudiciales en el departamento.

En diálogo con la Agencia de Prensa IPC, el propio Góngora Arango confirmó que el martes 9 de febrero, fuentes humanas de su entera credibilidad le informaron sobre la existencia de un plan para asesinarlo y para el cual fueron contratados miembros de una poderosa organización criminal asentada en este sector de la capital antioqueña.


“La información es altamente confiable. En este momento estamos analizando cómo vamos a proceder y qué medidas adoptar para mi seguridad y para el resto de integrantes de la Corporación”, informó el abogado, que dijo desconocer quién podría estar detrás del plan para atentar contra su integridad física.

Lo que sí es claro, tanto para él como el resto de integrantes de esta ONG, es que esta amenaza deriva directamente de la labor de defensa de los derechos humanos y de representación de víctimas de crímenes de Estado que viene realizando desde hace una década.

Ya en el pasado, Góngora Arango había sido vinculado a procesos penales sindicado del delito de rebelión. Actualmente, el directivo oficia como representante de un grupo de víctimas de ejecuciones extrajudiciales que involucra a un número importante de militares de la IV Brigada del Ejército, con sede en Medellín.

De igual forma, en múltiples ocasiones solicitó a la Fiscalía General de la Nación investigar al general retirado del Ejército y actual embajador de Colombia en República Dominicana, Mario Montoya; y al ex brigadier general de la Policía, Leonardo Gallego, por sus alianzas con el ex jefe paramilitar y confeso narcotraficante Diego Fernando Murillo Bejarano, alias don Berna, durante la realización de la Operación Orión.

Como se recordará, los dos ex generales fueron mencionados por alias don Berna durante una audiencia de versión libre que el extraditado jefe paramilitar rindió desde una cárcel de los Estados Unidos el 23 de junio de 2009. En ella manifestó que el operativo desarrollado en 2002, que permitió la retoma de la comuna 13 de Medellín, fue coordinado entre Montoya, Gallego y un integrante del Bloque Cacique Nutibara llamado Elkin Loaiza, quien seguía sus órdenes.

Esta referencia, sumada a informes periodísticos divulgados en 2008 por The Angeles Times, llevó a Góngora Arango a instaurar un derecho de petición ante el Ente Acusador, en el que pedía se le informara si contra los dos ex generales había investigaciones en curso.

La Fiscalía le respondió mediante oficio Nº 39895, del 30 de junio de 2009. En él informó la apertura de investigación previa y práctica de algunas pruebas contra el general (r) Mario Montoya, como también la compulsación de copias a la Dirección Nacional de Fiscalías para que determinara la asignación de la investigación contra el general (r) José Leonardo Gallego Castrillón.
 

Persecución

Desde la CJL se visibilizado la magnitud del flagelo de las ejecuciones extrajudiciales en Antioquia.
Las amenazas contra el jurista se suman a una serie de hostigamientos, señalamientos e intimidaciones provenientes de sectores ilegales y del Alto Gobierno que ha soportado la Corporación Jurídica Libertad en los últimos tres años como producto de su labor de denuncia de graves violaciones a los derechos humanos, principalmente aquellas relacionadas con los mal llamados "falsos positivos".

En mayo de 2007, desconocidos dejaron un panfleto en la sede de la Corporación en donde amenazaban de muerte a los abogados que trabajaban allí si no abandonaban algunas defensas legales que adelantaban. El hecho se produjo 15 días después de la presentación de un informe elaborado por esta ONG relacionado con la situación de las ejecuciones extrajudiciales en el Oriente antioqueño, lo que generó airadas reacciones entre altos mandos militares quienes tildaron el documento como “parte de la estrategia de guerra jurídica adelantada por organizaciones aliadas del terrorismo”.

En abril de 2009 se conoció la existencia de un informe de inteligencia preparado por el CTI de la Fiscalía en coordinación con la IV Brigada del Ejército en donde se señalaba a partidos políticos de oposición y a organizaciones defensoras de derechos humanos, entre ellas la Corporación Jurídica Libertad, como parte de la estructura del Partido Comunista Clandestino (PC3), perteneciente a las Farc.

Semanas después de conocerse el informe, que hace parte de un proceso penal que actualmente adelanta un fiscal de la Unidad Antiterrorismo de Bogotá, circuló un documento apócrifo en Internet que, utilizando los logos de la Corporación y la firma tanto de Góngora como de otro directivo de la ONG, relacionaba a una serie de personas como “patrocinadores” de violaciones de derechos humanos al interior de la Universidad de Antioquia. Entre los señalados en el falso documento figuraba Gisela Sofía Posada Mejía, esposa de Jesús Ramírez, ex secretario de Gobierno de Medellín. 

Pero eso no ha sido todo. “En los últimos meses varios integrantes de la Corporación han sido víctimas de seguimientos. Se han presentado una serie de circunstancias extrañas en los alrededores de la sede. Son hechos que no quisimos hacer públicos, pero que ahora, dada la gravedad de la situación, nos obliga a tramitar esto al más alto nivel”, señaló Adriana Arboleda, abogada integrante de esta organización.

En el año 2008, La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a la Corporación Jurídica Libertad y solicitó al Gobierno nacional brindar todas las garantías de seguridad para sus integrantes, pero según lo afirmado por  Góngora, “no ha habido disposición del Gobierno para dialogar sobre nuestras condiciones de seguridad. Hemos solicitado varios reuniones para hablar sobre ese tema pero no recibimos respuesta alguna”, expresó el jurista.