Medellín, dic 01 (IPC). - Proponer debates de interés nacional a partir de productos investigativos le ha significado a la Corporación Nuevo Arco Iris recibir duros cuestionamientos por parte de altos funcionarios del Gobierno nacional, ser señalados por sectores de opinión y convertirse en blanco de amenazas por parte de grupos armados ilegales.
Así lo siente León Valencia, director ejecutivo de la Corporación y columnista de diversos diarios nacionales, quien denunció que tras la divulgación del más reciente informe elaborado por esta organización titulado: “2009, ¿El declive de la Seguridad Democrática?, han arreciado las amenazas de muerte contra varios de sus colaboradores.
En declaraciones entregadas a la Agencia de Prensa IPC, Valencia manifestó que desde hace por lo menos dos meses, integrantes de organizaciones defensoras de derechos humanos y funcionarios de Nuevo Arco Iris que trabajan en el sur del país, concretamente en los departamentos de Nariño y Cauca, comenzaron a ser intimidados con panfletos en los que se les advertía sobre el peligro que corrían sus vidas si continuaban con sus investigaciones.
El riesgo para los activistas aumentó cuando un investigador de Nuevo Arco Iris que trabaja en Nariño fue víctima de un robo de información, acción que en su momento fue puesta en conocimiento de las autoridades competentes. Sin embargo, la intensidad de las intimidaciones se incrementó en los últimos días. Varios activistas e investigadores de esta organización han recibido llamadas en las que se les amenaza de muerte.
“Uno de nuestros investigadores está fuera del país debido a esta situación”, manifestó Valencia, quien no dudó en afirmar que el álgido debate que ha generado la divulgación del informe sobre la Seguridad Democrática, en donde la organización no gubernamental señala varios retrocesos y vacíos de esta política gubernamental, ha creado un ambiente propicio para este tipo de acciones.
“Desafortunadamente no se está discutiendo sobre el contenido del informe en sí, sino que hay toda una serie de consideraciones políticas que generan muchas tensiones hacía la Corporación”, agregó Valencia, quien hizo referencia a la forma como se han referido importantes funcionarios de la vida política nacional a esta investigación.
“El Exministro (Juan Manuel) Santos dijo que nosotros le estábamos haciendo un favor a las Farc. En iguales términos se refirió el Exministro (Andrés Felipe) Arias. El propio Presidente de la República dijo que lo que buscábamos era desorientar a la opinión pública. Este tipo de declaraciones nos pone en alto riesgo”, añadió el Director Ejecutivo de la organización no gubernamental.
Paradójicamente, hechos como estos no son nuevos para Nuevo Arco Iris. Luego de la divulgación en el año 2007 de la investigación sobre el nuevo mapa político nacional y la injerencia que tuvieron en ello los grupos paramilitares, lo que al final se conoció como la “Parapolítica”, sobrevino para esta Corporación una serie de expresiones amenazantes como correos electrónicos, llamadas intimidatorias y robo de equipos de computación de la sede, ubicada en Bogotá.
En abril de 2008, el propio Valencia se enteró por fuentes de su entera confianza que la llamada Oficina de Envigado tenía orden de asesinarlo a él y Laura Bonilla, una de las investigadoras quien junto a Claudia López, develó los vínculos de políticos regionales con jefes del paramilitarismo.
Al igual que ahora, la Corporación soportó en aquella ocasión duros señalamientos por parte de la clase política nacional, siendo quizás las más duras las del gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero, quien llegó incluso a instaurar demanda contra la investigadora Claudia López, por injuria y calumnia.
Ante estos hechos, la Corporación pide mayores garantías tanto de seguridad, que garanticen la vida y la integridad de los activistas e investigadores, como también políticas, para evitar que los debates y la confrontación de las ideas no conlleve a extremos de irracionalidad, como los que se ven actualmente en el país.
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