Gallego Pamplona figuraba entre los cerca de 150 reclusos que desde la noche del jueves fueron confinados en la capilla católica de Bellavista a la espera de ser reubicados en otras cárceles del país. El operativo se da en respuesta a las denuncias formuladas en días pasados por el comandante de la Policía Metropolitana de Medellín, coronel Luis Eduardo Martínez, según las cuales miembros de grupos armados ilegales continuaban delinquiendo y coordinando acciones ilícitas en Medellín desde su sitio de reclusión en este penal.
No obstante, de acuerdo con informaciones recogidas por la Agencia de Prensa IPC, a los internos se les restringió todo contacto con el exterior, así como el acceso a los servicios sanitarios y a la alimentación. Lo anterior aumenta la incertidumbre de familiares y allegados a Gallego Pamplona pues ningún directivo del penal ha confirmado si será objeto de traslado o si, por el contrario, todo obedece a un ejercicio de rutina.
“Lo único claro es que salieron varios buses con destino a otras cárceles. No tenemos las identidades y el director nos dijo que hasta tanto no termine el operativo nos confirmaba quienes fueron los reclusos que trasladaron”, señaló Ana Patricia Aristizábal, coordinadora de la Unidad Permanente para los Derechos Humanos de la Personería de Medellín.
Este hecho aumenta el malestar que ha generado el proceso que se adelanta contra el integrante de la Fundación Sumapaz, sindicado de rebelión. “Winston es un defensor de derechos humanos y no integrante o jefe de ningún grupo armado ilegal. Por ello, no entendemos el motivo de su posible traslado”, señaló César Mendoza, compañero de labores de Gallego Pamplona.
Como se recordará, la detención del defensor de derechos humanos se originó en el proceso radicado con el número S 0686/F74, que adelanta la Fiscalía 74 Delegada ante la Red de Inteligencia Militar con sede en la IV Brigada, y en cuyo programa metodológico de investigación se ha involucrado, de forma arbitraria y a través de labores de inteligencia militar y del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI), a organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, de derechos humanos y partidos políticos del departamento.
Luego de conocer la investigación en su contra, Gallego Pamplona informó por escrito a la Fiscalía 74 que estaba dispuesto a comparecer al despacho en el momento que lo requiriera para ser escuchado en versión libre y demostrar su inocencia en los hechos, así como desvirtuar las falsas acusaciones que pesan en su contra.
El despacho lo citó el miércoles 10 de junio para escucharlo en indagatoria y ese mismo día fue privado de su libertad, por orden de la Fiscal. El caso fue trasladado a la Unidad Antiterrorista de la Fiscalía en Bogotá y a la fecha no había comparecido ante funcionario judicial alguno.
“La condición de Winston es la de sindicado. Incluso, su proceso estaba próximo al vencimiento de términos, lo que hace más impensable su reubicación”, agregó Mendoza, quien dijo que, de ser cierto su traslado, se estaría cometiendo una grave irregularidad contra el proceso de Gallego Pamplona.
“Tendremos que esperar, probablemente, hasta el próximo lunes a que den a conocer los nombres de los trasladados, para confirmar si Winston figura entre ellos”, agrega Mendoza.
Esta Agencia también pudo establecer que varias organizaciones de defensoras de derechos humanos solicitaron la mediación de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, tanto en su sede regional de Medellín como en la sede central en Bogotá, para exponerle el caso y buscar garantías para el activista, sin que hasta el momento hayan recibido respuesta alguna de sus funcionarios en el país.
Por lo pronto, las organizaciones defensoras de derechos humanos hacen un llamado a la Fiscalía General y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), para que se respeten los derechos fundamentales y las garantías al debido proceso de Gallego Pamplona.
Agencia de Prensa IPC
Medellín, Colombia
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