Por cuenta de la cruenta guerra que libran bandas armadas ilegales en varias comunas de Medellín, las aulas de clase de muchos colegios se están quedando sin alumnos.
Si bien no hay aún cifras oficiales consolidadas, el ejemplo de la Institución Educativa La Esperanza, del barrio Castilla revela el drama: cerca de 300 estudiantes no han regresado a clases en los últimos tres meses. Una cifra bastante significativa si se tiene en cuenta que este colegio alberga una población de 1.200 jóvenes.
Las amenazas de muerte lanzadas contra más de un centenar de estudiantes de diversos barrios de la ciudad; la muerte violenta de cinco de ellos en los últimos tres meses; la presión de reclutamiento forzado por parte de los grupos criminales; y hasta el miedo cotidiano que genera la violencia urbana, aparecen como las principales causas generadoras de una preocupante ola de deserción escolar e inasistencia de los centros educativos que afronta la ciudad.
Docentes consultados por la Agencia de Prensa IPC expresaron su preocupación por el fenómeno, bastante notorio en algunas instituciones educativas de la capital antioqueña, particularmente en la comuna 6, noroccidente de la ciudad, donde las autoridades impusieron el “toque de queda” desde hace varios días entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana para menores de edad.
Hernando Posada, director del Núcleo Educativo 921 Doce de Octubre, que agrupa 18 instituciones de esta comuna, afirma que unos 400 estudiantes de este sector de Medellín han abandonado el sistema educativo, cancelado matrícula, solicitado traslado a otras instituciones educativas e, incluso, han pedido autorización a las directivas de sus respectivos colegios para terminar el año lectivo desde sus hogares.
Los mayores problemas se registran en la I.E La Esperanza, del barrio Castilla, ubicada en el centro de una fuerte confrontación entre bandas criminales. No obstante, el fenómeno también se ha advertido en otros centros educativos de la comuna, como Kennedy, Picachito, San Martín y Pedregal.
De acuerdo con el directivo docente, los colegiales temen asistir a clases debido a los límites territoriales y controles sociales que las bandas armadas ilegales han impuesto en la comuna y que nadie se atreve a quebrantar. Para los más jóvenes, moverse de un barrio a otro, así sea para ir al colegio, implica convertirse en blanco de amenazas, intimidaciones, señalamientos y, en el peor de los casos, asesinatos.
De eso pueden dar fe las directivas de la Institución Educativa Kennedy. Luego del asesinato del estudiante Edison Andrés Rodas, ocurrido el pasado 28 de julio cuando salía de cumplir su jornada académica, cerca de 18 alumnos solicitaron a las directivas autorización para terminar el año lectivo desde sus propios hogares.
“Argumentaron que tienen miedo de venir a estudiar, pues no saben si al regresar a sus casas van a ser amenazados o asesinados por el sólo hecho de vivir en un barrio en disputa”, asegura Diego Montoya, rector de la I.E Kennedy, quien agrega que “después de la muerte de nuestro estudiante, la asistencia a clases se redujo en un 40%. Ahora estamos en un 10% de ausentismo”.
Meses antes, unos 20 estudiantes habían realizado los trámites de cancelación de matrícula por el mismo motivo: imposibilidad de trasladarse desde sus barrios hasta el centro educativo y varios han manifestado haber recibido amenazas contra sus vidas, entre ellos el personero estudiantil.
La violencia en los barrios ha obligado a las instituciones educativas a replantear sus cronogramas académicos, flexibilizar sus metodologías de enseñanza e, incluso, modificar sus horarios de ingreso y salida de estudiantes a fin de no exponerlos a situaciones riesgosas.
“En la jornada de la mañana, los estudiantes llegaban muy tarde o simplemente no venían. Y es que en los barrios había orden de que no se podía salir hasta cierta hora. Nos tocó ser flexibles con eso. Ahora, por solicitud de los mismos padres de familia, la hora de salida de la tarde se recortó en 30 minutos, es decir pasó de las 6:45 a las 6:15 de la tarde”, explica el rector de la I.E Kennedy.
Los docentes que trabajan en aquellas zonas críticas advierten que el conflicto armado que agobia a numerosos barrios de la ciudad se está trasladando, lenta y sutilmente, a las aulas de clase.
“Hay estudiantes que tienen un hermano, un familiar o un amigo cercano en una banda armada y aquí se encuentran con compañeros de estudio que tienen algún vínculo con la banda enemiga. Entonces llegan al colegio, se dicen cosas, se miran feo, van y le cuentan a los de sus respectivas bandas que en el colegio estudia ‘fulano’ y ‘perano’ y que pasa: después llegan los armados a esperarlos a la salida del colegio o se amenazan”, relata un profesor de la Institución Educativa Sor Juana Inés de la Cruz, del barrio Pedregal, donde la deserción de estudiantes se debe, en buena parte, a este motivo.
Pero esta es sólo una de las consecuencias que está originando el conflicto en los colegios de Medellín. Según fuentes de la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida), las bandas armadas están utilizando a los menores de edad de los grados 7º y 8º para la distribución de drogas dentro de los colegios.
Dicha situación ha sido detectada principalmente en instituciones educativas de las comunas 1, 4, 6, 8, 13 y 16 de la ciudad. La preocupación entre directivas radica en que a través de este mecanismo, los grupos delincuenciales están reclutando a los más jóvenes para la comisión de actos delictivos o para engrosar las filas de estas estructuras.
Instituciones como Antonio Derka, La Avanzada (comuna 1); Sol De Oriente, Félix Henao Botero (comuna 8); La Independencia y Eduardo Santos (comuna 13) figuran como los más afectados por dicha situación.
Docentes: en la mira
Pero si la situación de los estudiantes es crítica, no menos preocupante es la del cuerpo docente. De acuerdo con el Comité de Amenazados, instancia en la que convergen la Secretaría de Educación y Cultura de Medellín, Adida y órganos de control como la Personería de Medellín, en lo que va corrido del año 81 profesores han tenido que ser reubicados debido a amenazas de muerte proferidas en su contra.
La cifra muestra un notable incremento con relación a los 61 casos de amenazas registradas en todo el año pasado por el Comité. De hecho, en los siete meses que han transcurrido de este año varias instituciones educativas de la ciudad han tenido que cambiar hasta tres ocasiones el rector y otras, como sucede actualmente en el corregimiento Belén Altavista y en la comuna 13, afrontan la amenaza de dos, tres o más docentes.
“A uno como maestro lo afecta mucho esta situación. Al principio de año se traza un objetivo con los alumnos y, de repente, te toca suspender, esperar a ver donde te reubican, que plaza hay disponible. Es muy preocupante lo que está pasando con la educación”, le relató un docente amenazado a la Agencia de Prensa IPC, quien, por motivos de seguridad, solicita no ser identificado y dar más detalles sobre su historia.
De hecho, las discusiones sobre cómo proteger la vida de la comunidad educativa y garantizar el derecho a la educación en medio de un clima de violencia generalizado ocupan hoy la mayor atención de docentes y directivos. Lo preocupante es que toda esta situación está generando una serie de traumatismos en el sistema educativo que incidirán, de manera negativa, en la calidad de la educación en la ciudad.
“No es lo mismo cuando un estudiante viene con un modelo formativo continuo, con un cuerpo docente estable, donde ya hay grupos de trabajo, a tener que adaptarse nuevamente en otra institución. Eso crea un caos que se ve reflejado en un bajón académico y en problemas de convivencia al interior de los colegios”, manifiesta el Director del Núcleo Educativo 921.
A eso se suma que las solicitudes de traslado a otras instituciones educativas, las cancelaciones y el ausentismo también tienen repercusiones negativas en la parte administrativa. “Ahí se nos está generando otro caos. No es fácil, a estas alturas del año, conseguir cupos para los estudiantes que están pidiendo traslados, pero los directivos tenemos que garantizar el derecho a la educación”, afirma el directivo.
Y si bien la escuela se ha constituido como espacio de paz y neutralidad ante los conflictos, el rector de la I.E Kennedy asevera que, hoy por hoy, los docentes no cuentan con las herramientas para adelantar una labor de mediación entre los violentos.
“Esta es una situación que se nos sale de las manos. Anteriormente, en otras épocas de violencia, nosotros sabíamos como movernos y cómo actuar porque conocíamos a los actores de ese conflicto. Podíamos utilizar la pedagogía, esas son nuestras armas. Hoy eso es casi imposible, no sabemos el por qué de esta violencia y quiénes son los enfrentados”, indica el rector.
En lo que ambos coinciden es que si bien la seguridad en muchos barrios de la ciudad amerita una fuerte presencia de efectivos de policía y militares, ello no implica que la escuela se tenga que militarizar.
“Por más violencia que tengamos, un colegio nunca debe cerrar sus puertas. Debemos reivindicar la escuela como territorio libre de armas, vengan de donde vengan, como territorio para la formación integral y como espacio de paz. Por ello, no creemos que permitir el ingreso de fuerza pública a los centros educativos sea una solución”, puntualiza Hernando Posada, director del Núcleo Educativo 921.
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