En medio de una delicada situación de orden público y una considerable crisis humanitaria y social, los habitantes de la comuna 13 de Medellín conmemorarán este viernes 16 de octubre el séptimo aniversario de la recordada Operación Orión. 

El evento tendrá lugar en la placa polideportiva del barrio San Javier entre las 5:00 de la tarde y las 7:00 de la noche. Allí, en medio de actos simbólicos y presentaciones culturales, residentes de los 23 barrios que componen este populoso sector del occidente de la capital antioqueña unirán sus voces para exigir verdad frente los casos de violaciones de derechos humanos cometidos antes, durante y después del operativo militar. 

Asimismo, los asistentes a la jornada aprovecharán la ocasión para visibilizar su realidad actual, caracterizada por los constantes enfrentamientos entre bandas y un clima de violencia que tiene sumida a la comunidad en el temor y la desesperanza. 

La situación es de tal magnitud que hay quienes no dudan en afirmar que el momento actual es “igual o peor a las épocas de la Operación Orión”. Por lo menos así lo afirma la religiosa Rosa Cadavid, de la congregación de las Hermanas de la Madre Laura, con sede en el barrio Belencito. 

Desde hace más de una década, la hermana Rosa, como se le conoce popularmente, realiza diversas actividades con víctimas de la violencia y, gracias a esta labor, se ha convertido en voz autorizada para hablar de la situación de la zona. 

Su diagnóstico no es nada alentador: “Los asesinatos son constantes. En los medios no aparece ni la mitad de lo que sucede aquí. Hay demasiado control de las bandas; a los jóvenes los matan sólo por pasar de un barrio a otro”, manifestó la religiosa, quien siente que la “la Operación Orión fue como abrirle la puerta a una guerra peor. Yo me atrevería a decir que estamos igual o peor”. 

Las cifras parecen darle la razón. Según el Instituto Nacional de Medicina Legal, entre enero y septiembre del presente año se cometieron 122 homicidios en la comuna 13, siendo la tercera con el mayor índice de criminalidad en la ciudad. Los reportes de la Personería de Medellín señalan que este sector registra el mayor número de casos de desplazamiento forzado intraurbano, con 61 declaraciones. 

Las denuncias sobre reclutamiento forzado y vinculación de menores de edad también son pan de cada día y es, quizás, uno de los fenómenos más complejos que afronta la comuna. “Hoy día es un delito ser menor de edad. Yo conozco casos de niños que tuvieron que abandonar la escuela para que las bandas no los recluten a la fuerza. No se pueden dejar ver, porque si no, los amenazan y los hacen ir del barrio”, indicó Cadavid. 

Ante este panorama, la Hermana Rosa también unirá su voz a la de los pobladores que harán presencia durante la jornada de conmemoración para pedir que llegue la ansiada paz a la comuna.     

“Será una jornada con mucho valor simbólico, donde habrá actos lúdicos, testimonios de las víctimas y sobre todo, una exigencia fuerte a la justicia para que se esclarezcan los hechos que rodearon la ejecución de la Operación Orión”, señaló Adriana Arboleda, abogada del Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad (Codhesel), una de las organizaciones responsables del evento. 

 Casos por resolver

Para muchos habitantes de este sector aún resulta difícil olvidar la madrugada del 15 de octubre de 2002. Ese día, fuerzas combinadas del Ejército, Policía, Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía, Das y Fuerza Aérea iniciaron la retoma de la comuna, hasta entonces azotada por la acción de las milicias de las Farc, Eln y los Comandos Armados del Pueblo (Cap).

El operativo se extendió hasta el 19 del mismo mes y dejó como saldo cuatro militares muertos, 11 civiles que fueron presentados como milicianos muertos en combate, dos personas desaparecidas y cerca de 450 personas capturadas y reseñadas por la justicia. 

Sin embargo, los hechos más dolorosos ocurrirían días después de culminada la Operación. Denuncias debidamente documentadas por organizaciones defensoras de derechos humanos de la ciudad señalan que entre noviembre y diciembre de 2002 más de 70 personas, varias de ellas menores de edad, fueron sacadas de sus casas o retenidas en las calles del 20 de Julio, El Salado y Las Independencias, entre otros, por hombres pertenecientes al bloque Cacique Nutibara (Bcn) de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

s reportadas como desaparecidas en esa ocasión fueron halladas muertas en agosto de 2003 por el CTI de la Fiscalía, en diligencia de exhumación adelantada en la finca Buena Vista, vereda Bellavista del corregimiento de San Cristóbal. Las actas de levantamiento indicaron que los occisos fallecieron debido a tiros de gracia en la cabeza e incluso, a algunos les fueron cercenadas sus extremidades superiores e inferiores. 

Sobre este caso, la Fiscalía General de la Nacióninició en 2003 un proceso judicial contra el ex comandante del Bcn, Diego Fernando Murillo Bejarano, alias don Berna, quien en  2006 se acogió a sentencia anticipada ante un fiscal de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de Medellín, aceptando los cargos de desaparición forzada, desplazamiento forzado y homicidio agravado.  

No obstante, sobre la mayoría de desaparecidos aún no se tiene noticia alguna. Sólo se presume que estarían enterrados en el sitio conocido como la escombrera, ubicada en zona alta del barrio El Salado y que actualmente sirve como depósito de escombros. Por ello, las organizaciones defensoras de derechos humanos harán nuevamente un llamado a la justicia para que atienda la petición de cierre del sitio, a fin de que puedan adelantarse exhumaciones. 

“Hay que seguir insistiendo en ese tema, se trata de la verdad sobre los desaparecidos”, agregó Arboleda, quien no duda en señalar que con la extradición de alias don Berna, se perdió una oportunidad valiosa de avanzar en la búsqueda de la verdad sobre el paradero de estas personas. 

 “Por eso la jornada estará enfocada a continuar exigiendo verdad, a que se esclarezcan los hechos que rodearon la Operación Orión y que la justicia aclare los presuntos nexos que pudieron tener los generales Mario Montoya y Leonardo Gallego con alias don Berna”, indicó Arboleda. 

La activista hace referencia a las versiones entregadas por ex jefe paramilitar y confeso narcotraficante desde su lugar de reclusión en los Estados Unidos, donde manifestó, primero ante el Fiscal del Distrito Sur de New York, y luego ante los delegados de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, que hombres bajo su mando y siguiendo sus directrices, participaron en la planeación del operativo, en conjunto con los generales (r) Mario Montoya y Leonardo Gallego, para esa fecha comandantes de la IV Brigada del Ejército y Policía Metropolitana del Valle de Aburrá respectivamente.

 Por estas declaraciones, el Ente Acusador ordenó el pasado 29 de mayo apertura de investigación previa y la práctica de algunas pruebas. Pero hasta el momento se desconoce la suerte de las diligencias judiciales.

Lo único claro es que será el sistema judicial quien diga la última palabra sobre esta situación, rechazado de tajo por el Gobierno nacional a través del Ministerio de Defensa. Pero también queda claro que mientras todo esto ocurre, la comunidad saca “fuerzas de flaqueza” para resistir los embates de una violencia que no comprenden, que agobia y que parece no tener fin.