Carlos Páez tendrá que esperar hasta el jueves 28 de enero para relatar ante un Tribunal de Justicia y Paz cómo los paramilitares le arrebataron su finca mediante venta fraudulenta y cómo ahora esa misma propiedad figura a nombre de un pariente del presidente Álvaro Uribe Vélez.

Lo anterior debido a que Álvaro Cerón, magistrado ante Justicia y Paz, decidió aplazar hasta ese día una audiencia de cancelación de títulos fraudulentos que debía llevarse a cabo en la ciudad de Medellín entre el lunes 25 de enero y el viernes 29 del mismo mes.

La decisión frustró las intenciones no sólo de Carlos sino también de cerca de 20 víctimas de despojo provenientes de apartados rincones del Urabá y Occidente antioqueño quienes esperaban contar sus historias ante este Tribunal a la espera de una solución definitiva a su situación.

La disposición del Magistrado obedeció a que el viernes 22 de enero, en horas de la tarde, los abogados defensores de Raúl Hazbún, alias “Pedro Bonito”, quien fuera integrante del bloque Élmer Cárdenas, expresaron su extrañeza al no ser notificados de la realización de dicha audiencia, pues argumentaron que varios de los predios sobre los que se efectuará la acción de cancelación figuran a su nombre.

Si bien los representantes de las víctimas aclararon que ninguna de las propiedades aparece a nombre de Hazbún, el Magistrado fue claro en señalar que “la jurisprudencia de la Corte (Suprema de Justicia) sentencia que el postulado o su representante deben estar presentes con el fin de escucharlo y garantizar el derecho a la defensa. Fue una falla del Tribunal no haber notificado a todas las partes y en este caso al postulado Hazbún, por eso se aplaza la audiencia”.

Si bien la cancelación de títulos fraudulentos es una medida de la justicia ordinaria, la audiencia había sido solicitada por la Comisión Regional de Restitución de Bienes (Cnrr) en noviembre de 2009, para que el Tribunal de Justicia y Paz analizara y resolviera de manera urgente la situación de 16 bienes inmuebles que fueron arrebatados por los paramilitares en municipios como Apartadó, Turbo, Mutatá, Necoclí y Sopetrán.

Entre los predios usurpados está el de Carlos. Se trata de “La Candelaria”, una finca ganadera de 240 hectáreas ubicada en el corregimiento Macondo, municipio de Turbo. En 1997, un hombre identificado como Juan Mejía llegó hasta la propiedad acompañado de varios hombres armados. Dijo ser un hombre de negocios, pero todos sabían que era paramilitar. Eran los años en que el bloque Bananero de las Auc consolidaba su dominio en la zona a sangre y fuego.

“El hombre nos dijo que le vendiéramos y nosotros, pues, no queríamos. Él fue a la finca como unas diez veces hasta que al final nos dijo: ‘o nos venden o se las quito”, recordó Carlos. En una tarde de domingo se selló el “negocio”. Juan Mejía llegó acompañado de un notario de Chigorodó, municipio del Urabá antioqueño. Pactó el precio de la tierra a 200 mil pesos hectárea y acordó las formas de pago: la mitad a la hora de firmar el contrato y el resto a un año.

“Nos tocó firmar. Mejía sólo nos dio 20 millones de pesos. Y no más. Nos dijo que si no queríamos problemas, dejáramos las cosas así. Es decir; la hectárea salió a menos de 100 mil pesos, cuando bien hubiera podido valer más de un millón de pesos”, relató Carlos.

Mediante este mecanismo, hombres de los bloques Bananero, Élmer Cárdenas, Nororiental y la denominada “Casa Castaño”, lograron apoderarse de por lo menos 1.570 hectáreas en el Urabá y Occidente antioqueño. “Pero como ve, la audiencia la aplazaron. Uno se va desilusionando, pero que más vamos a hacer. Seguir insistiendo”, añadió el urabaense.

Pero en casos como el de Carlos, la acción de la justicia será más compleja de lo que parece. “La Candelaria” es ahora una extensa hacienda ganadera llamada “Guacamaya”, cuya extensión supera las mil hectáreas y que figura a nombre de Jaime Uribe, primo del presidente Álvaro Uribe Vélez.

“Sabemos que es difícil. Cualquiera que revise las escrituras pensará que fue un negoció lícito, pues aparentemente todo está en orden. Entonces, es mi palabra, es el testimonio de lo que nos hicieron contra empresarios muy poderosos cercanos al poder”, agregó Carlos.

Lo único que él agradece es que hasta ahora no ha sido víctima de amenazas ni intimidaciones como sí las han sufrido otras afectados por este delito. Tal es el caso de Albeiro Valdez, quien por reclamar el predio del que fue desterrado ya ha sido amenazado en tres ocasiones.

“El 20 de diciembre del año pasado me llamaron al celular y me dijeron que me iban a matar a mí y a mi familia si seguía insistiendo en recuperar la finca”, contó Albeiro. Su historia, como todas las relacionadas con despojo de tierras, es dramática y delicada.

Hasta el año de 1995 Albeiro era propietario de dos pequeñas parcelas llamadas “Siete Vueltas” y “La Loba”, de 35 y 70 hectáreas de extensión respectivamente, ubicadas en el corregimiento El Totumo, municipio de Necoclí, Urabá antioqueño.

Pero un día recibió la visita del comandante paramilitar alias Carlos Correa, jefe del grupo conocido como “Los Correas”, quien le hizo una oferta para nada atractiva. “Me dieron tres opciones: o trabajaba para ellos, me iba o me quedaba y me moría. Decidí irme y días después, montaron en mi finca la primera base de los ‘paras’ que hubo en Necoclí”, señaló Albeiro.

A Albiero no le quedó más remedio que desplazarse con su familia para el municipio chocoano de Capurganá. Pero su desdicha fue tal que los tentáculos de Carlos Correa, el comandante paramilitar que lo desplazó, llegaron hasta esta localidad. “Y en Capurganá me encontró. Me dijo que me iba matar y me tocó irme para Apartadó”.

Albeiro pensó que con la desmovilización de los paramilitares y la muerte trágica de Carlos Correa iba poder recuperar su tierra. Hace cuatro años se inscribió en la Asociación de Víctimas para la Restitución de Tierras y Bienes, entidad que agrupa a cerca de 2.000 pobladores de esta región agroindustrial víctimas de despojo.

Gracias a la asesoría que allí le brindaron, comenzó sus diligencias ante las autoridades respectivas. Hace dos años, el Incoder emitió sobre ambas propiedades la medida de protección. Pero, para su sorpresa, ambas propiedades ya figuraban a nombre de Jairo Humberto Echeverrí Bedoya y Alberto Echeverri Rico, quienes anexaron otras parcelas y ahora poseen una extensa propiedad de cerca de 1.000 hectáreas dedicadas a la ganadería.

Y aunque la Ley está del lado de Albeiro, los Echeverri han dado muestras de emplear todo los mecanismos necesarios para no permitir el retorno del labriego. “En noviembre del año pasado el señor Echeverrí Bedoya me dijo que no respondía por lo que pudiera pasar si seguía con este cuento. Él alega que las fincas se las compró a la viuda de Carlos Correa y se empeña en difamar el trabajo de la Asociación”, expresó Albeiro.

Albeiro cuenta actualmente con medidas de protección debido a las amenazas de muerte proferidas en su contra. Sin embargo, esto no ha sido impedimento para que él continúe reclamando lo que un día fue suyo.  Sin embargo, su esperanza en la justicia no parece ser la misma de varios de sus paisanos. En varios sectores del Urabá ya comienza a gestarse la idea de que la única justicia efectiva es la del Talión: ojo por ojo.

“En Urabá la gente está muy desilusionada con esto de la reparación. Incluso, hay quienes andan diciendo que si no hay un arreglo por las buenas, pues que cogen las armas y a las malas recuperan las tierras que los ‘paras’ les robaron”, sentenció Carlos con aire de preocupación.