Por Constanza Vieira
BOGOTÁ, 5 sep (IPS) - Desde el jueves hay un defensor de derechos humanos menos en el Bajo Río Atrato, noroccidente de Colombia. Jimmy Jansasoy, de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, tuvo que abandonar la región, donde los cultivos de palma africana avanzaron sobre territorios selváticos de comunidades mestizas y negras.
El viernes 29 de agosto, Jansasoy dictó un taller sobre zonas de biodiversidad en un caserío en la cuenca del río Curbaradó, afluente del Atrato.
En esa región, la Comisión de Justicia y Paz, y organizaciones internacionales de derechos humanos como la canadiense Proyecto Acompañamiento Solidaridad Colombia (PASC) y Peace Brigades International (PBI), respaldan a comunidades que han sido objeto de crímenes de lesa humanidad.
Todos han recibido una seguidilla de amenazas de muerte desde el 24 de agosto, que ya hicieron salir de la zona a otros dos miembros de la Comisión de Justicia y Paz.
El miércoles 3 a las tres de la tarde, en el municipio de Chigorodó, noroccidental departamento de Antioquia, cuatro civiles armados encañonaron a Jansasoy y lo obligaron a abordar una camioneta de doble cabina y vidrios polarizados, secuestrándolo durante poco más de una hora.