Por: Ben Leather*

(Artículo originalmente publicado por Espolea A.C. en drogas-en-movimiento.org en 24 de febrero de 2014. También puede verlo en PDF.)

No resulta sorprendente que, siendo América del Norte la región de mayor consumo de cocaína, México se haya convertido en el escenario principal de las batallas frontales en la ‘guerra contra las drogas’, con 3.145 kilómetros de frontera con Estados Unidos y siendo un punto fácil acceso desde América del Sur. En comparación con los países del norte, en México se consumen pocas drogas. Pero esta geografía ha tenido como consecuencia que las fallidas políticas para luchar contra el tráfico de drogas y alejarlas de las y los consumidores occidentales, inevitablemente se desencadenara esta batalla en territorio mexicano, en detrimento de los derechos humanos.

Hace poco tiempo dejé México, tras más de cinco años de trabajar para Brigadas Internacionales de Paz (PBI), una ONG que trabaja para prevenir ataques en contra de defensores y defensoras de derechos humanos amenazados por su trabajo. Con la militarización de la seguridad pública en 2006 – mediante la cual el Presidente Calderón envió al menos 50.000 soldados poco preparados para combatir a los ya fragmentados cárteles en un contexto de corrupción e impunidad – las y los defensores de derechos humanos en México tienen demasiado trabajo que hacer: 50.000 soldados se convirtieron pronto en más de 50.000 muertes relacionadas con la lucha contra las drogas; la fragmentación se convirtió en proliferación; los derechos se tradujeron en abusos.

Es un privilegio para mí trabajar en PBI, puesto que me ha permitido acompañar a activistas locales muy valientes. Pero junto a ellos, he visto de primera mano lo que el teatro de la ‘guerra contra las drogas’ significa para las y los mexicanos.

Tuve la oportunidad de acompañar al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, en Guerrero: un estado que ha sufrido por siglos la marginación desde antes de que la estrategia de Calderón, apoyada por los Estados Unidos, hiciera de éste el segundo estado con los más altos índices de violencia en el país, tan sólo por debajo de Chihuahua. Recuerdo los camiones del Ejército rondando sus pueblos, los retenes militares en los caminos y el encubrimiento de los abusos militares.

Recuerdo aquél día en que asesinaron a Bonfilio Rubio Villegas, un indígena local cuyo único crimen fue estar sentado en un camión en camino a los Estados Unidos para buscar trabajo y poder salir de la pobreza. Estaban pasando por un retén militar cuando elementos militares abrieron fuego indiscriminadamente en contra del camión. Tlachinollan tomó el acompañamiento jurídico del caso, y sus abogados recibieron amenazas por ello. Aunque la Suprema Corte de Justicia obligó a que la jurisdicción militar declinara su competencia a favor de un tribunal civil para conocer de las violaciones a derechos humanos cometidas por los militares, a la fecha ningún militar ha sido aún sentenciado por la ejecución extrajudicial de este indígena que simplemente buscaba empleo.

Las bases de la estrategia contra las drogas han cambiado muy poco desde que llegué a México. Frecuentemente me encontraba con encapuchados con rifles de alto calibre; poco a poco los marinos fueron remplazando a la policía estatal, quienes remplazaban a la policía federal, quienes remplazaban a los militares, quienes remplazaban a la policía municipal (y así consecutivamente). En 2012, regresó al poder aquél partido que gobernara México por más de 71 años, el PRI. El Presidente entrante, Enrique Peña Nieto, prometió un nuevo enfoque para enfrentar al crimen organizado. A más de un año, mientras logra descifrar lo que este nuevo enfoque será, los abusos aún continúan.

PBI ha respondido a las constantes solicitudes de ayuda mediante la apertura el año pasado una nueva oficina en el norte de México. Ahí acompaña al Centro de Derechos Humanos Paso del Norte en Ciudad Juárez, y al Centro Fray Juan de Larios en Saltillo, entre otras muchas organizaciones trabajando para superar la devastación social que ha dejado este conflicto. Ambas organizaciones apoyan a los familiares de algunas de las más de 26.000 personas que han sido desaparecidas desde 2006.En un artículo que escribí en diciembre, mostré cómo el cambio de gobierno en 2012 no ha hecho diferencia en esta realidad desesperante en que las personas continúan desapareciendo y muy pocas son localizadas, vivas o muertas.

A nivel nacional, las y los activistas han probado que muchas de estas desapariciones fueron cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad encargadas de combatir el tráfico de drogas. En México se discute hasta qué punto las autoridades mexicanas están colaborando, tolerando o simplemente fallando en su labor de detener a las bandas criminales quienes presuntamente han desaparecido al resto. Pero mientras estaba en PBI pude ver la inadecuada respuesta de las autoridades con los familiares. El año pasado entrevisté en Ciudad Juárez a María Favela, madre de Adrián quien, según testigos, fue arrestado por policías en 2012. Las autoridades dicen no saber nada. Adrián continúa desaparecido.

En diciembre pasado, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) utilizó estadísticas oficiales para demostrar que durante el primer año de Enrique Peña Nieto los asesinatos y los secuestros habían de hecho aumentado. Edgar Cortez, analista del IMDHD y activista histórico en México, concluyó que en materia de derechos humanos, Peña Nieto “ha hablado mucho, pero hecho muy poco”.

La estrategia de seguridad se mantiene sin cambios y su futuro es incierto, mientras las noticias sobre la guerra contra las drogas son dominadas por el surgimiento de diversos grupos armados de “autodefensas”: algunos de éstos presuntamente patrocinados por las autoridades, otros por bandas criminales. Ninguno de éstos, sin embargo, debe ser confundido – aunque algunos quisieran – con las legítimas y exitosas policías comunitarias.

Pero la verdadera noticia es que no hay noticias, al tiempo que los críticos señalan que la más clara estrategia de Peña Nieto ha sido mantener el silencio mediático sobre el crimen organizado, con el fin de favorecer asuntos políticos y económicos en los medios de comunicación. A pesar del incremento en los crímenes, tal como fue señalado por el IMDHD, y de la opacidad en la respuesta gubernamental, el descenso en el discurso público en México sobre la guerra contra las drogas es inquietantemente palpable.

El Consejo de Asuntos Hemisféricos ha mostrado cómo el Gobierno “ha trabajado para controlar la información oficial, someter la cobertura de medios de comunicación independientes y desorientar la percepción internacional de la violencia relacionada con el narcotráfico”. Además de las técnicas de control oficial, los periodistas están siendo silenciados mediante intimidación, hostigamiento y asesinatos, lo que ha hecho que México se convierta en uno de los países más peligrosos en América para ejercer el periodismo.

Y los periodistas no son el único grupo amenazado que está contribuyendo a generar un debate de seguridad pública con un enfoque de derechos humanos: PBI ha atestiguado continuas amenazas y ataques en contra de defensores y defensoras de derechos humanos, en medio de un ambiente de intolerancia contra la protesta social. A pesar del establecimiento de un Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el silencio de Enrique Peña Nieto sobre la necesidad de su fortalecimiento resulta ensordecedor. Los esfuerzos para hacer funcionar al Mecanismo de Protección serán en vano hasta que el Presidente y el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, garanticen una respuesta a las preocupaciones de la sociedad civil.

Si se pretende recuperar al país de años de estar e el frente de batalla de la estrategia internacional de control de drogas, México requiere una alternativa distinta en materia de seguridad que privilegie un enfoque de derechos humanos. Las voces de periodistas y activistas por los derechos humanos son vitales en esta discusión, por lo que la comunidad internacional debe insistir en que el gobierno de Peña Nieto garantice su protección.

* Consultor independiente de derechos humanos e incidencia internacional. Fue Coordinador de Incidencia en PBI México hasta diciembre de 2013. Aún colabora con el proyecto, así como con el Servicio Internacional por los Derechos Humanos en Ginebra. Las opiniones expresadas en este texto son personales y no necesariamente reflejan la visión de estas organizaciones.