El 16 de abril de 2009 una delegación de embajadas de la Unión Europea, encabezada de la República Checa a cargo de la presidencia, fueron a Chilpancingo, Guerrero para comprobar la grave situación de seguridad para los defensores de derechos humanos en el estado tras el asesinato de Raúl Lucas y Manuel Ponce, dirigentes de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM). Asistieron a la delegación representantes de la Comisión Europea y de los siguientes países: República Checa, Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal y el Reino Unido.

Al llegar a Chilpancingo, la delegaciónse reunió  primero con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolllan y la Organización del Pueblo Indígena Me'Phaa (OPIM) en la casa de Brigadas Internacionales de Paz para recabar información sobre los casos de Raúl Lucas y Manuel Ponce, el caso de los presos de conciencia de la OPIM, los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, y comprobar la situación de seguridad de los defensores de derechos humanos en Ayutla de los Libres. La delegación se reunió posteriormente con instancias del gobierno estatal como el Secretario de Gobierno, el Procurador, y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Guerrero.

Al día siguiente, representantes de las embajadas de Alemania y de Francia junto con miembros de PBI, continuaron hasta Ayutla de los Libres, donde pudieron hablar directamente con más miembros de la OPIM y de la OFPM. En estas reuniones se habló con Obtilia Eugenio Manuel, presidenta de la OPIM, con los cuatro presos de conciencia de la OPIM recién liberados de la cárcel, así como, las viudas de Raúl Lucas y Manuel Ponce. También mantuvieron reuniones con autoridades de este municipio.

El viaje a Guerrero fue motivado por la grave situación de seguridad de los defensores en Ayutla de los Libres, y forma parte de las acciones que los países miembros de la Unión Europea pueden tomar en cumplimiento de las Directrices de la Unión Europea para protección de los defensores de derechos humanos, en vigor desde el año 2004.