México D.F., 9 febrero 2016.– En el marco de la visita del Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo (DROI) a México este 9 y 10 de febrero, PBI junto con otras ONGs internacionales publica recomendaciones concretas para temas a incluir en los diálogos de alto nivel con las autoridades mexicanas, instando al Estado Mexicano a, entre otros:

- Crear mayor conciencia sobre la legitimidad del trabajo de las y los defensores, apoyando públicamente su labor con declaraciones públicas, y campañas reconociendo su labor y su contribución al Estado de Derecho y la Democracia.

- Fortalecer el Mecanismo de protección federal para que brinde una protección efectiva, incorporando un enfoque de género y etnicidad, garantizando la integridad física y psicológica de las personas defensoras y periodistas que acuden a él .

- Adoptar un cronograma para el retiro de las fuerzas militares de las funciones de seguridad pública en línea con las recomendaciones del Alto Comisionado de NU para los Derechos Humanos.

- Establecer un proceso de diálogo transparente e incluyente que resulte en una Ley General de Desapariciones y una Ley General contra la Tortura acordes con las exigencias de las familias y víctimas y los colectivos que les representan.

- Implementar las recomendaciones formuladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y avanzar en las líneas de investigación propuestas.

- Incorporar los principios rectores de NU sobre Empresas y Derechos humanos al Plan de Acción Nacional en construcción y garantizar la participación inclusiva de la sociedad civil mexicana.

- Garantizar el derecho a la Consulta y Consentimiento Libre, Previo e informado de acuerdo al Convenio 169 de la OIT, ratificado por México.

 

A continuación el documento completo, que puede descargar aquí: bit.ly/DROI_Mx

 

 

Misión DROI a México Febrero 2016: Temas prioritarios para la Sociedad Civil

Situación de Derechos Humanos en México

En sus recientes visitas a México, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos constataron la grave situación de derechos humanos, que afecta especialmente a las personas en situación de pobreza, personas migrantes, mujeres, niños, niñas y adolescentes, defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, pueblos indígenas, personas lesbianas, gay, bisexuales y trans (LGBTI), entre otros¹. Se destacaron igualmente las graves violaciones de derechos humanos como ejecuciones extrajudiciales, tortura o desapariciones forzadas que se dan en un contexto de impunidad. Hasta diciembre de 2014, la violencia arrojó las cifras de 24mil 812 personas desaparecidas o no localizadas del fuero común² y 151mil 233 personas asesinadas entre diciembre de 2006 y agosto de 2015. Sumado a esto, los casos emblemáticos ocurridos en Tlatlaya (Estado de México, Junio 2014), Apatzingán (Michoacán, Enero de 2015) o Tanhuato (Michoacán, Mayo de 2015) han provocado pronunciamientos de organismos de derechos humanos, mostrando su preocupación por el supuesto uso indebido de la fuerza por parte de cuerpos policíacos y militares que ha derivado presumiblemente en ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones a los derechos humanos.

Defensores/as de derechos humanos y periodistas en riesgo

En este contexto de inseguridad y violencia que enfrenta México, se ven afectados especialmente las y los defensores de derechos humanos. En 2015, se registraron en 20 Estados de la República, 76 casos de violaciones³ a los derechos humanos y agresiones contra personas defensoras, debido a su legítima labor de defensa de los derechos humanos y la impunidad de estos ataques es sistemática. Se identifican como los Estados más peligrosos para este colectivo, Chiapas, Oaxaca, Distrito Federal, Guerrero y Veracruz, siendo los tipos de ataques más comunes el hostigamiento, las agresiones y amenazas. Diversas Organizaciones Sociales identifican a los colectivos de mayor riesgo, aquellos que defienden el derecho a la Tierra y Territorio, seguidos por los que trabajan temas de Violencia e Inseguridad y DESCA⁴ y Políticas Públicas.

El multihomicidio en la colonia Narvarte (Distrito Federal) en julio 2015, donde fueron asesinados el fotoperiodista Rubén Espinosa y la defensora Nadia Vera, puso de relieve el alto riesgo que enfrentan las y los periodistas en el ejercicio de su labor. Según Reporteros sin Fronteras, ocho periodistas fueron asesinados en 2015, situando a México como el país más mortífero de América Latina para el gremio periodístico⁵. Este contexto de graves ataques a periodistas y la impunidad que prevalece ante la inacción estatal fueron denunciados por el informe preliminar emitido por la CIDH al concluir su visita en el país⁶.

En lo relativo a la situación de las defensoras de derechos humanos resulta especialmente preocupante el Estado de Oaxaca, dónde el número de ataques en su contra ha aumentado un 300% del 2012 al 2015 situando al Estado en el primer lugar del ranking a nivel nacional ante la inacción de las autoridades⁷.

Diversas organizaciones de derechos humanos coinciden en un aumento de las violaciones a los derechos humanos contra personas defensoras en el actual sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto, con la documentación de 1.138 detenciones arbitrarias y 81 desapariciones forzosas de personas defensoras⁸.

La militarización institucional y del territorio como parte de la estrategia de seguridad se ha vinculado con mayor violencia y ataques contra defensores/as. Especialmente en el marco de las elecciones federales intermedias, organizaciones sociales de los estados de Oaxaca y Guerrero, denunciaron un despliegue de efectivos de fuerzas de seguridad que vino acompañado de enfrentamientos violentos y hostigamientos⁹. Ante esta tendencia, el Alto Comisionado de NU para los Derechos Humanos, recomendaba adoptar un cronograma para el retiro de las fuerzas militares de las funciones de seguridad pública¹⁰.

El cierre de espacios de la sociedad civil se ha visto afectado por la aprobación de leyes restrictivas de la protesta social en algunas entidades federativas como Distrito Federal, Quintana Roo o Puebla, dónde fue posteriormente derogada tras la muerte de un niño durante una manifestación. En el contexto de las protestas del magisterio en Guerrero o de los jornaleros de San Quintín en Baja California, se produjeron detenciones arbitrarias masivas, según la organización mexicana ACUDDEH. En este contexto, personas defensoras han subrayado la progresiva instrumentalización de la ley para sancionar y deslegitimar su acción.

El Mecanismo Federal de protección a personas defensoras y periodistas sigue presentando fallas, tal y como señala el Espacio OSC en su Diagnóstico del Mecanismo¹¹. Se aprecian avances significativos en cuanto a la apertura de las instituciones gubernamentales y la instalación de la Tercera Unidad de Prevención, Seguimiento y Análisis. Sin embargo, entre los retos se aprecia una coordinación deficiente entre los diferentes niveles de Gobierno responsables de la aplicación de las medidas de protección, así como, falta abordar el problema de la impunidad que prevalece en los ataques contra personas defensoras.

En virtud a ello, le recomendamos que inste a las autoridades de México a:

1. Crear mayor conciencia sobre la legitimidad del trabajo de las y los defensores, apoyando públicamente su labor con declaraciones públicas, y campañas reconociendo su labor y su contribución al Estado de Derecho y la Democracia.

2. Velar por que las y los defensores puedan desempeñar su labor en un marco nacional con textos legislativos y reglamentarios adecuados que no criminalicen la protesta social.

3. Garantizar la independencia y la capacitación del sistema judicial para que pueda llevar a cabo investigaciones imparciales y velar por que los autores materiales e intelectuales de violaciones de los derechos de los defensores comparezcan ante la justicia para hacer frente a la impunidad que impera actualmente.

4. Fortalecer el Mecanismo de protección federal para que brinde una protección efectiva, incorporando un enfoque de género y etnicidad, garantizando la integridad física y psicológica de las personas defensoras y periodistas que acuden a él .

5. La militarización institucional y del territorio como parte de la estrategia de seguridad se ha vinculado con mayor violencia y ataques contra defensores/as. Debe adoptarse un cronograma para el retiro de las fuerzas militares de las funciones de seguridad pública en línea con las recomendaciones del Alto Comisionado de NU para los Derechos Humanos.

Cambios legislativos en materia de Desapariciones y Tortura

Dos nuevas propuestas de ley que buscarían enfrentar los niveles epidémicos de tortura y desapariciones en México están siendo debatidas en la actualidad por lo que es un momento clave para asegurar que estas leyes cumplen con los más altos estándares internacionales de derechos humanos . En este sentido se aprecian ciertos avances como la reforma constitucional que abre la puerta al Congreso de la Unión para elaborar leyes generales y por tanto de obligado cumplimiento en los tres niveles de gobierno.

Este paso ha venido favorablemente acompañado del establecimiento de espacios de diálogo entre el Senado y Organizaciones de la Sociedad Civil para discutir sobre el contenido y forma de la futura Ley General de Desapariciones. La articulación de organizaciones de familiares y víctimas de desapariciones ha permitido elaborar dos iniciativas ciudadanas que fueron entregadas a la Secretaría de Gobernación¹². El Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas y el Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias, han señalado la necesidad de tipificar las desapariciones en su definición más amplia en la legislación mexicana.

Diversos mecanismos internacionales de derechos humanos han alertado de la práctica de la tortura y malos tratos durante la detención y la falta de investigación y sanción que prevalece. ACUDDEH señala “de los 459 casos documentados [entre Junio2014-Mayo2015] de detención arbitraria, en 70 casos el detenido, sus familiares o sus organizaciones denunciaron que existieron tratos crueles, inhumanos o degradantes o tortura”. Diversas organizaciones sociales se han articulado igualmente para exigir unos estándares mínimos que debiera contener la futura Ley General contra la Tortura¹³. Sin embargo, el texto enviado por el presidente Peña Nieto presenta numerosos problemas, dado que entre otras medidas, abre la posibilidad de que los torturadores sean beneficiados por alguna amnistía o indulto, y no investiga la cadena de mando, por lo que es previsible que la impunidad continúe en el país de no mejorarse el actual articulado. Además, en vez de crear una única definición y sanción para el delito de tortura y malos tratos tal y como requieren los estándares internacionales, el proyecto de ley establece la diferenciación entre ambas figuras y no se establece la exclusión de pruebas obtenidas mediante tratos crueles, inhumanos o degradantes, cuya definición además es excesivamente restringida puesto que excluye que este delito pueda ser cometida excepto por servidores públicos adscritos a tareas de seguridad.

En virtud a ello, le recomendamos que inste a las autoridades de México a:

1. Establecer un proceso de diálogo transparente e incluyente que resulte en una Ley General de Desapariciones y una Ley General contra la Tortura acordes con las exigencias de las familias y víctimas y los colectivos que les representan. El Estado debe aportar los medios necesarios que faciliten su participación efectiva en los debates en las instituciones políticas.

2. Respetar los tiempos necesarios que requieren las organizaciones de derechos humanos para su articulación y evitar que se dé un “proceso express”.

3. Incorporar los más altos estándares internacionales en la lucha contra las desapariciones y garantizar su efectiva implementación práctica a través de medidas como la creación de una unidad especializada en la Procuraduría General de la República.

4. México debería reconocer la competencia del Comité de NU contra las Desapariciones Forzadas para examinar quejas individuales.

5. Establecer un registro nacional de personas desaparecidas que recopile información si hubo indicios de intervención de las fuerzas de seguridad del Estado y garantizar una coordinación eficaz entre el nivel Federal y Estatal que permita incluir de forma exhaustiva todos los casos de desaparición en una única base de datos.

6. Incorporar los más altos estándares internacionales en la lucha contra la tortura con especial énfasis en la definición de la tortura, la prohibición absoluta de testimonios obtenidos bajo tortura, el establecimiento de un registro nacional de casos de tortura, la correcta implementación del Protocolo de Estambul, el final de la impunidad para los perpetradores, la eliminación de la figura del arraigo por constituir una forma de detención arbitraria, la reforma del Código de Justicia Militar en términos de las sentencias pronunciadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanas para asegurar que toda violación a los derechos humanos sea de competencia exclusiva de la jurisdicción ordinaria o civil y la reparación efectiva de las víctimas.

7. Garantizar que la Ley General contra la Tortura establezca que la Procuraduría General de la República (PGR) pueda atraer casos del fuero local si las Procuradurías estatales no realizan las diligencias de la forma debida.

8. Implementar las recomendaciones del Relator NU contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como aceptar su petición de visita al país en 2016.

Los 43 Estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa

A 16 meses de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, los hechos siguen sin esclarecerse y los familiares siguen buscando su paradero. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó su informe evidenciando deficiencias en las investigaciones así como descartando la línea de investigación oficial, la “Verdad Histórica”, presentada a principios de año por la Procuraduría General de la República. Diversas organizaciones de derechos humanos saludamos la extensión del mandato del GIEI y recogemos el compromiso del Presidente Enrique Peña Nieto, de dar cumplimiento íntegramente a las recomendaciones publicadas en el informe, así como responder a las peticiones del GIEI, en particular de realizar entrevistas al 27º Batallón de Infantería de Iguala.

Tras los sucesos en Iguala, han aparecido numerosas fosas con decenas de cadáveres de personas desaparecidas, al mismo tiempo que se siguen denunciando nuevos casos. Esto indica una práctica común en un contexto de represión. Principalmente, estas fosas han sido localizadas por familiares y amigos en búsqueda de sus seres queridos, ante la falta de investigación por parte de las autoridades. Esta búsqueda, les ha expuesto a un mayor riesgo, siendo blanco constante de amenazas, difamación y incluso provocando la muerte¹⁴.

En varios sucesos, fuerzas de seguridad públicas han sido señaladas e investigadas por estar involucradas en la comisión de violaciones a los derechos humanos. En el caso Ayotzinapa, el Gobierno Mexicano ha reconocido públicamente la colusión entre la policía municipal de Iguala con el crimen organizado. Estos hechos motivaron la decisión de recortar 15% de los fondos de la Iniciativa Mérida¹⁵, algo que hasta la fecha no había ocurrido desde que entrara en vigencia el Plan en 2008.

Las organizaciones firmantes instamos al Parlamento Europeo a organizar un debate con el grupo de expertos del GIEI durante el año 2016 de modo que los parlamentarios puedan tener información suficiente sobre el caso de Ayotzinapa y más generalmente sobre las desapariciones forzadas en México y para enviar un mensaje claro del compromiso del Parlamento con esta situación.

En virtud a ello, le recomendamos que inste a las autoridades de México a:

1. Implementar las recomendaciones formuladas por el Grupo Interdisciplinario de expertos Independientes y avanzar en las líneas de investigación propuestas.

2. Cumplir con los acuerdos alcanzados con los familiares de los 43 Estudiantes Normalistas

3. Garantizar la integridad física y psicológica de las familias de desaparecidos y organizaciones de derechos humanos e investigar las agresiones perpetradas en su contra.

Derechos de los Migrantes

El Plan Frontera Sur se consolidó en 2015 significando un mayor control de la frontera entre México y Guatemala, lo cual resultó en un cambio de las rutas migratorias . Según los defensores de derechos humanos, los migrantes son empujados a transitar por rutas más peligrosas a merced del crimen organizado y, alejadas de la red de Albergues que les brindan asistencia humanitaria y jurídica. Esta situación eleva el riesgo de los migrantes y de las personas que les defienden. La falta de protección jurídica de los migrantes ha sido resaltada por varias organizaciones, por lo que se valora positivamente la creación de la unidad de investigación de delitos para personas migrantes y el mecanismo de apoyo exterior mexicano de búsqueda e investigación¹⁶.

En virtud a ello, le recomendamos que inste a las autoridades de México a:

1. Instalar eficazmente el mecanismo de apoyo exterior mexicano de búsqueda e investigación y dotarle de los recursos necesarios para su correcta implementación.

2. Tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de personas en tránsito por México, así como las personas defensoras de derechos humanos quienes los defienden.

La defensa de la tierra y el territorio en el contexto de proyectos de desarrollo

Diversas Organizaciones Sociales identifican a las y los defensores de la tierra y el territorio, como uno de los grupos más vulnerables y con mayor riesgo de ser blanco de ataques. El Centro Mexicano de Derecho Ambiental ha registrado entre Mayo 2014- Junio 2015, 11 casos de asesinatos de defensores ambientales¹⁷ y señalan una evolución al alza respecto a años anteriores.

La explotación del recurso eólico está en auge y la reciente aprobada reforma energética favorece la inversión extranjera en la producción y distribución de energía. En este marco, se están construyendo parques eólicos, con inversión de empresas mayormente europeas, en zonas con alta presencia de población indígena y donde aparentemente no se están cumpliendo con los debidos procesos de consulta y consentimiento previo, libre e informado¹⁸. En el Istmo de Tehuantepec (Oaxaca), hay 24 parques eólicos en operación y hasta la fecha solo se ha realizado una consulta para el desarrollo de un nuevo proyecto. El proceso de consulta fue altamente criticado por diversas entidades y actualmente el proceso de construcción se encuentra paralizado por un amparo.

El Relator Especial de NU para la situación de defensores, alertaba de la tendencia a nivel mundial de “la existencia de proyectos de desarrollo en los que algunos agentes económicos tratan de imponer sus intereses, a veces con el apoyo explícito de los gobiernos, en detrimento del respeto de los derechos humanos”.

En virtud a ello, le recomendamos que inste a las autoridades de México a:

1. Incorporar los principios rectores de NU sobre Empresas y Derechos humanos al Plan de Acción Nacional en construcción y garantizar la participación inclusiva de la sociedad civil mexicana.

2. Garantizar el derecho a la Consulta y Consentimiento Libre, Previo e informado de acuerdo al Convenio 169 de la OIT, ratificado por México.

3. Garantizar una protección con un enfoque de género y etnicidad a las y los defensores de los DESCA en riesgo.