martes, 12 de enero de 2010

“La perversidad con la que se maneja la prueba testimonial en las instituciones judiciales en Colombia no mira solamente a ocultar la responsabilidad en los crímenes de los agentes del Estado o Para/Estado y a garantizarles plena inmunidad frente a la justicia, sino también a inventar falsos culpables; a arruinar la libertad de innumerables inocentes; a desactivar grupos, organizaciones o movimientos críticos, o simplemente a neutralizar o aterrorizar a denunciantes o testigos, convirtiéndolos de acusadores en acusados.” Padre Javier Giraldo

 

Contexto

 

La tesis del enemigo interno, desarrollada por políticos y militares del país, que ubica la peligrosidad de la ideología de izquierda, catalogada como criminal y terrorista, se ha desdoblado a lo largo de las cuatro últimas décadas y se refleja en la criminalización de la protesta social y de la oposición política; en el equiparamiento del delito de rebelión al delito de opinión, en la calificación de las organizaciones sindicales, campesinas, indígenas, estudiantiles, partidos políticos de oposición u organizaciones de derechos humanos como “fachadas de la subversión”, “voceros del terrorismo que se escudan en la bandera de los derechos humanos”, según palabras del propio presidente de la República Álvaro Uribe Vélez.¹

El montaje judicial

La criminalización a la labor de defensa de derechos humanos en Antioquia se puede ver materializada en el proceso que ha adelantado la Fiscal 74, seccional destacada ante el CTI en convenio con las Fuerzas Militares bajo el radicado 686. Este proceso hace referencia a la existencia de un informe de inteligencia elaborado por el CTI- Fiscalía en coordinación con la IV Brigada del Ejercito Nacional, en el cual se relaciona a organizaciones políticas, sindicatos, defensoras de derechos humanos, estudiantiles y culturales como supuestos integrantes del Partido Comunista Clandestino Colombiano (PCCC de las FARC- EP)

La investigación referida se inicia desde el 29 de diciembre de 2006 donde funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigaciones solicitan a la Fiscalía Seccional Destacada ante la RIME decretar apertura de investigación previa en contra de varias personas que según “fuentes humanas” hacen parte de una agrupación insurgente, más específicamente de las FARC.

En este informe se reseñan personas a las cuales se les elabora un perfil, dentro del cual se anotan las actividades amplias que desarrollan organizaciones sociales, populares, estudiantiles y de derechos humanos con el movimiento insurgente, evidenciándose la intención de los militares de incriminar a sus integrantes, señalando las participaciones en marchas, acciones reivindicativas y asesorías judiciales entre otras como acciones o actos “fachada” realizadas por los miembros que hacen parte de esos grupos insurgentes. Es de recalcar que en ningún caso este tipo de informes de inteligencia constituyen una prueba suficiente para dar inicio a procesos judiciales, esto ha sido reiterado por la Corte Constitucional.

La génesis de la actuación penal la constituyen informes de inteligencia militar elaborados por integrantes del RIME, -quienes carecen de funciones judiciales conforme a la Constitución Nacional-, basados en testimonios descalificados en otros procesos penales, pero que son usados recurrentemente e informantes animados por la obtención de beneficios jurídicos y económicos, que utilizados temerariamente por las fuerzas militares como parte de la estrategia de judicialización, en el marco la lucha contrainsurgente.

En el mes de marzo de 2009 comparecieron voluntariamente ante la Fiscalía 74 delegada ante la IV Brigada un grupo de más o menos quince estudiantes de la Universidad de Antioquia, allí se enteraron que existía una investigación contra cuatro de esas personas, de las cuales tres hacen parte del MOVICE. A la fecha estas personas han sido vinculadas a una investigación formal, y una de ellas es Winston Gallego Pamplona, integrante de la Fundación Sumapaz, lugar donde se encuentra actualmente la sede del Movimiento en Antioquia fue detenida el 10 de junio de 2009.

A mediados del mes de abril del presente año se tuvo conocimiento del caso, el cual fue dado a conocer por los abogados: Fernando Vélez del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y Óscar Correa de la Corporación Jurídica Libertad, ante los cuales en la actualidad pesa un proceso disciplinario que demandó la Fiscal 74 por supuesta violación de la reserva sumarial, contradiciendo la constitución Colombiana y los derechos a un debido proceso y a una defensa.

Desde el momento en el que se conoce el proceso, las organizaciones hicieron manifiesta su disposición para comparecer ante la Fiscal 74 y buscaron habilitar espacios de interlocución con dicha funcionaria, la ONU y la Unidad Permanente para los Derechos Humanos de Medellín; en estos espacios fue reiterativo el llamado de las organizaciones de que el caso saliera de la guarnición militar, ya que en ella no existe ningún tipo de independencia y por el contrario se había otorgado funciones de policía judicial a los militares dejándoles direccionar el proceso. Se resalta que en la reunión convocada por las organizaciones señaladas en el proceso, con representantes de la ONU el día 28 de Mayo en la Oficina del Alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Medellín y en la que estuvo presente la Fiscal 74, está dejó constancia en el proceso de que: “Se había reunido con miembros del Partido Comunista Clandestino de las FARC – PC3”; este tipo de señalamiento no solo estigmatizan a los miembros de las organizaciones sino que pone en entredicho el papel de la ONU.

A continuación se relacionan las organizaciones que de una u otra forma aparecen en los informes de policía judicial, en testimonios de reinsertados y en las solicitudes de investigación por parte del ente judicial:

- Sindicatos: CUT, ADIDA, Sintradepartamento, Sintratabaco, Sintrapintuco, Sintraemdes, Colectivo Sindical Clasista Guillermo Marin, Sintraunicol, SindeSena, Sintralimenticia y Escuela Nacional Sindical.

- Organizaciones estudiantiles y juveniles: Red Juvenil, Juventud Comunista, Federación de Estudiantes Universitarios y Federación de Estudiantes de Secundaria.

- Movimiento Sociales: MODEP, Nueva Escuela Popular y Obrera, Corporación Bolivariana Simón Rodríguez y Corporación Cultural Colombo Cubana de Amistad con los Pueblos.

- Derechos Humanos: Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad – CODEHSEL, Asociación Campesina de Antioquia, Corporación Jurídica Libertad, Fundación SUMAPAZ, Movimiento Social de Desplazados ANDAS, Instituto Popular de Capacitación IPC, Corporación Región y Comité Universitario de Derechos Humanos Gustavo Marulanda.

- Políticas: Polo Democrático Alternativo y Alianza Social Indígena.

La detención de Winston Gallego Pamplona

Desde el momento en que Winston Gallego tiene conocimiento de su vinculación en el proceso adelantado por la Fiscal, este decide comparecer de manera libre y voluntaria ante la funcionaria el día 10 de junio de 2009; luego de ser escuchado, la Fiscal resuelve privarle de la libertad desconociendo su disposición de cooperar con el proceso que se le adelanta.

Desde el momento de la detención de Winston Gallego, las organizaciones sociales siguieron denunciando y exigiendo que el proceso saliera de la dependencia de la Fiscal 74, esta petición se logro y el proceso fue enviado al fiscal 94 Jorge Enrique Valencia delegado ante los jueces penales del circuito; es de anotar que en esta instancia el funcionario estuvo ceñido al principio de legalidad generando una mayor confianza entre las partes en el proceso y señalando que en el mismo se habían cometido arbitrariedades e irregularidades.

A pesar de los alcances que tuvo el proceso en esta nueva fiscalía por disposiciones del saliente Fiscal General de la Nación Mario Iguarán, el proceso fue trasladado a Bogotá ante la fiscalía quinta Unidad Nacional contra el terrorismo, radicado bajo el número 68315- bajo el argumento de garantizar seguridad e integridad personal a los funcionarios que adelantan su conocimiento, demás intervinientes y la imparcialidad e independencia sobre la actuación procesal. Este hecho obstaculiza la defensa y la garantía de un debido proceso.

En la última semana del mes de octubre del presente año, se solicitó a esta fiscalía la libertad de Winston Gallego, esta petición fue negada y por el contrario el fiscal dictó resolución de acusación. Este hecho es grave pues como se anotó en líneas anteriores este proceso esta basado en irregularidades y violación de los derechos humanos fundamentales.

Irregularidades en el proceso

“Otro aspecto de la mayor preocupación es la utilización de acciones legales contra

las defensoras y defensores, tales como investigaciones o acciones penales o

administrativas, cuando son instruidas con el objeto de acosarlos y desprestigiarlos”

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Informe sobre la situación de defensoras y defensores 2006

La Unidad Permanente de Derechos Humanos de la Personería de Medellín le ha hecho un seguimiento al proceso de Winston Gallego y lo han denunciado como un ejemplo de las estrategias de judicialización contra las organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos humanos.

Max Yuri Gil, investigador de la Unidad Permanente de Derechos Humanos declaró que últimamente hay una estrategia fuerte de hostilidad para los defensores que se manifiesta en la judicialización, basada en mecanismos judiciales llenos de singularidades como la construcción de procesos a partir de testigos falsos, la utilización de los informes de inteligencia y detenciones con fines preventivos, como es el caso de Winston Gallego.

El proceso de Gallego está atrasado pues se está llevando a cabo con base en el código penal anterior, lo que implica que los tiempos procesales son más extensos. Max Yuri Gil explica que esta es otra de las irregularidades, pues se debería estar en el nuevo sistema penal, donde el acusado tiene mayores garantías y el proceso cuenta con mayor celeridad.

Los señalamientos en el caso también se fundamentan en los testimonios de dos testigos que aparecen como desmovilizados, que a la vez son estudiantes de la Universidad de Antioquia y que apoyan la labor de inteligencia que realiza la cuarta Brigada en el campus universitario; estos dos informantes han sido denunciados por actos de amenazas, intimidación y agresión física contra miembros de la comunidad universitaria. El testimonio de estos “desmovilizados” ya ha sido desvirtuado en procesos anteriores donde también se investigó a personas que nuevamente aparecen vinculadas en el actual proceso.

Situación de detención de Winston Gallego

Desde el momento en que Winston Gallego fue privado de su libertad y a su ingreso al penal, el compañero siguió con su labor de defensa de los derechos humanos; dentro de la cárcel se destacó por adelantar el proceso de conversación con el INPEC sobre las condiciones alimentarias y de salud al interior del penal; el día 30 de octubre Winston envió al Concejo de la Ciudad de Medellín varias denuncias acerca de los tratos crueles, inhumanos y degradantes a los que son sometidos los internos por parte de la guardia penitenciaria; ocho días después (6 de noviembre de 2009) el defensor de derechos humanos es trasladado a la cárcel de Mediana y Máxima seguridad de la Dorada, Caldas. Este traslado es por demás violatorio en tanto el defensor se encuentra en calidad de sindicado.

El traslado de centro de reclusión dificulta así mismo, el contacto inmediato y directo de Winston Gallego Pamplona con su Abogado Defensor, necesario para el ejercicio integral de la defensa técnica y material acorde con los principios internacionales del debido proceso y el derecho de defensa, consagrados en el artículo 14 del Pacto Internacional de derechos civiles y políticos aprobado por Colombia, mediante la Ley 74 de 1968.

Así mismo, se ha observado un deterioro en la salud física de Winston debido a cambios vasculares y de la presión arterial que le producen fuertes dolores de cabeza, a lo que se suma una alergia permanente por el intenso y extremo calor de la región donde está instalada la cárcel. Se anota que el defensor también padece de una enfermedad relacionada con la tiroides.

Otra de las irregularidades en este proceso fue el traslado de Winston Gallego junto a cerca de cien presos de la cárcel de Bellavista, el viernes 6 de noviembre. “Este es un traslado arbitrario pues él (Winston Gallego) es un sindicado; […] además, el argumento por el cual el Inpec realizó los traslados es que están reubicando a los jefes de los combos que siguen delinquiendo y ese no sería el caso de Winston”, explicó Max Yuri Gil.

La hipótesis de las organizaciones de derechos humanos frente a este traslado se basa en las denuncias públicas que Winston Gallego hizo desde la cárcel Bellavista con el objetivo de evidenciar la grave situación de derechos humanos en este centro penitenciario y los tratos crueles del personal del Inpec a los reos; denuncias que fueron leídas el 30 de octubre en el Concejo de Medellín y que generaron polémica en la opinión pública.

El día de hoy (6 de Noviembre de 2009) en la emisor Caracol Radio se justifican los traslados de la cárcel de Bellavista, como decisión de las autoridades carcelarias atendiendo la solicitud del Comandante de la Policía Metropolitana, él cual señala que Jefes de Bandas criminales de la ciudad detenido allí, aún siguen delinquiendo, esto es sumamente preocupante puesto que Winston Gallego Pamplona es un defensor de Derechos Humanos y no jefe de ningún grupo armado delincuencial de la ciudad.

Antecedentes

El día 7 de Mayo de 2008 Winston Gallego y Jorge Meneses, ambos miembros de la Fundación Sumapaz, fueron abordados a la salida de la Universidad de Antioquia por dos hombres de civil que portaban armas de fuego que detuvieron al taxista y posteriormente obligaron a los dos jóvenes a entregar sus pertenencias y sus documentos de identidad, las cuales nunca fueron devueltas a sus dueños. Ante la presencia de la policía en el lugar de los hechos se vieron obligados a identificarse como integrantes del Ejército Nacional. Por los hechos se inició una investigación disciplinaria ante la Procuraduría para investigar la conducta de los miembros de inteligencia militar implicados. Sin embargo a la fecha no se conoce el resultado de la misma, pero en cambio todos los datos de Winston y Jorge aparecen reportados en los informes de intel