Las organizaciones convocantes —entre las que se encuentran Ecologistas en Acción, Entrepueblos, Greenpeace, Fundación Abogacía Española y Derechos Humanos, IM Defensoras, Movimiento por la Paz (MPDL) e Iniciativas de Cooperación Internacional para el Desarrollo (ICID)— han hecho entrega de la carta en la Embajada de Honduras en Madrid. De forma simultánea, organizaciones de Euskal Herria se han concentrado ante el Consulado de Honduras en Bilbao. Exigen verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para la familia de Berta Cáceres y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).
La Red de Defensoras de Derechos Humanos ha recordado que el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI), establecido bajo los auspicios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), publicado en enero de 2026, concluye que el asesinato fue una operación criminal organizada con motivación empresarial para proteger intereses vinculados al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, y que existió conocimiento previo del riesgo por parte de las autoridades hondureñas sin que se adoptaran medidas de protección.
Las organizaciones convocantes han expresado su solidaridad con la familia de Berta Cáceres, con el COPIHN y con el pueblo lenca, y han exigido que se acabe la persecución y criminalización de quienes defienden los derechos humanos y el medioambiente. Estas acciones forman parte de una semana de actividades descentralizadas para rendir homenaje a Berta Cáceres y sus luchas en diferentes ciudades del Estado español. Entre ellas, el 3 de marzo se realizará un acto de memoria en Barcelona con la participación de varias lideresas indígenas y defensoras del medioambiente.
Puedes acceder a la carta firmada por 170 organizaciones de la sociedad civil aquí:
Incremento de la situación de riesgo para el COPINH y la comunidad de Río Blanco
En enero PBI Honduras alertó que, desde el asesinato de Berta en 2016, ha registrado un elevado número de actos de vigilancia, seguimiento, difamación y hostigamiento contra integrantes del COPINH y la comunidad de Río Blanco, lo que permite identificar un patrón de ataques orientado a obstaculizar la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas del crimen.
Al mismo tiempo, todavía persisten las causas estructurales que permitieron la conflictividad territorial, como la falta de reconocimiento del territorio ancestral indígena lenca de Río Blanco, la vigencia de la concesión del proyecto hidroeléctrico y la ausencia de sanciones contra la autoría intelectual y financiera del crimen. Lo anterior pone en mayor riesgo a las personas defensoras del COPINH y de Río Blanco.
A 10 años del asesinato de Berta Cáceres, PBI-EE resaltamos la importancia de que se consiga justicia integral y reparación para su familia, el COPINH y la comunidad de Río Blanco, y que cuenten con todas las garantías de seguridad.
