El informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) subraya la preocupación recurrente por el uso ilícito e impune de recursos inicialmente destinados al desarrollo. En el contexto actual de creciente implementación de los proyectos de la Iniciativa Global Gateway, la estructura del poder económico no debe construirse a expensas de los derechos humanos.
Por lo tanto, la Red y las organizaciones firmantes solicitan a la Unión Europea y a sus Estados miembros que:
- Hagan un llamado al FMO a reconocer públicamente su responsabilidad en la facilitación de un proyecto que generó graves violaciones a los derechos humanos, al territorio y al ambiente, y a contribuir de manera sustantiva y proporcional al Fondo de Reparación “Berta Cáceres”;
- Urjan al Estado de Honduras a implementar las recomendaciones del GIEI para asegurar el acceso a la justicia, las garantías de no repetición y de reparación;
- Establezcan reglas vinculantes, transparentes y estandarizadas de debida diligencia en materia de derechos humanos, medio ambiente y derechos de los pueblos indígenas para todos los proyectos financiados en el marco de Global Gateway, incluyendo el respeto del derecho al consentimiento libre, previo e informado, e incorporando obligaciones de suspender o retirar financiamiento cuando existan riesgos graves o persistentes de violaciones, en linea con los compromisos internacionales de la UE en materia de derechos humanos.
- Garanticen que todos los proyectos Global Gateway incluyan evaluaciones independientes de impacto en derechos humanos y medio ambiente, mecanismos efectivos de participación de las comunidades afectadas, y plena transparencia en todas sus etapas mediante la publicación de contratos, informes de monitoreo y decisiones de financiamiento;
- Creen mecanismos independientes de supervisión, reclamación, rendición de cuentas y reparación accesibles para comunidades, organizaciones y personas defensoras afectadas por inversiones respaldadas por la UE, y adopten medidas específicas para prevenir, monitorear y responder a los riesgos que enfrentan las personas defensoras del territorio, del medio ambiente y de los derechos humanos en el contexto de proyectos de desarrollo e infraestructura;
- Garanticen que las instituciones financieras de desarrollo, incluido el FMO, proporcionen mecanismos efectivos de reparación cuando sus actuaciones u omisiones hayan contribuido a generar impactos negativos sobre los derechos humanos.
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