144 organizaciones de todo el Estado y la Coordinadora Valenciana de ONGD suscriben un comunicado en el que muestran su preocupación por la criminalización en contra de personas, organizaciones y comunidades defensoras de la tierra y el territorio en Guatemala, y reclaman al Gobierno de España que actúe para favorecer su protección.
Guatemala es uno de los países más desiguales del mundo. Las profundas inequidades sociales están relacionadas con la alta concentración de la tierra y la expansión de megaproyectos de inversión -hidroeléctricos, mineros y agroindustriales-. A día de hoy, existen en Guatemala al menos 1.400 conflictos agrarios sin resolver que afectan principalmente a pueblos indígenas. En este contexto de conflictividad, las comunidades que defienden el derecho a la tierra y el territorio se enfrentan a procesos de criminalización y a desalojos forzosos.
Tal y como señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe de 2017, existe «un patrón de violaciones a derechos humanos cuando se ejecutan los desalojos, que incluye la violación al derecho a la consulta, y la falta de notificación previa, que suelen ser realizados de manera sumaria y violenta por Protegidas (CONAP), e involucran la quema y destrucción de viviendas, alimentos, animales, sin previsión de retorno ni reubicación, sin posibilidades reales de un debido proceso ni de acceso a la justicia”.
En el mismo informe, la CIDH identificó que líderes y lideresas que defienden los derechos de los pueblos indígenas, el territorio y el medio ambiente, están especialmente expuestos a la criminalización. Según los registros de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos –Guatemala (UDEFEGUA), entre enero y noviembre de 2021 se cometieron 839 acciones de criminalización contra personas defensoras de derechos humanos, siendo las más frecuentes la difamación y estigmatización, las denuncias judiciales sin fundamento y las detenciones ilegales.
En un contexto de debilitamiento de la institucionalidad pública y de ataques contra la independencia de la justicia en Guatemala, la situación para las personas defensoras criminalizadas se vuelve muy crítica. La comunidad internacional tiene un importante papel para promover su protección: reconocer la labor de las personas defensoras y dar seguimiento a sus casos resulta fundamental. Por eso, más de un centenar de organizaciones sociales del Estado español han dirigido un comunicado al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación mostrando su preocupación por la vulneración de derechos humanos y los procesos de criminalización en contra de las personas defensoras de la tierra y el territorio en Guatemala, e instando al Gobierno de España a que:
1. Monitoree el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT, ratificado por el Estado de Guatemala, en áreas de presencia de inversiones de proveniencia española, y que estas inversiones no violen los derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas.
2. A través de su Embajada en Guatemala, realice observaciones de las audiencias de los juicios en contra de las personas defensoras de la tierra y el territorio judicializadas para favorecer que se garantice el debido proceso.
3. En sus diálogos bilaterales con Guatemala, subraye la urgencia de que se restablezcan instituciones y mecanismos responsables y capaces de promover soluciones dialogadas y pacíficas a los conflictos de tierra.
La sociedad civil organizada del Estado español reafirma su respaldo a la labor de las personas, organizaciones y comunidades que defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente en Guatemala.
Puede consultarse el comunicado íntegro aquí
#Defendemoslavida #Defensemlavida