Cataluña da un paso histórico para combatir la impunidad empresarial
La aprobación del Centro Catalán de Empresa y Derechos Humanos representa una victoria para las comunidades defensoras de derechos humanos y para años de incidencia de la sociedad civil.
El Parlamento de Cataluña ha aprobado la creación del Centro Catalán de Empresa y Derechos Humanos, un organismo público pionero que tendrá la misión de investigar, supervisar y emitir informes sobre los impactos de las empresas que operan en Cataluña cuando existan indicios de vulneraciones de derechos humanos o daños ambientales, incluso cuando estos ocurran fuera del territorio catalán. La nueva ley culmina más de una década de trabajo conjunto de organizaciones sociales, plataformas de justicia global y comunidades afectadas que han exigido mecanismos efectivos para poner fin a la impunidad corporativa.
Para Peace Brigades International (PBI), esta noticia representa un avance muy significativo. Durante más de cuarenta años, PBI ha acompañado a personas defensoras de derechos humanos que denuncian los impactos de proyectos empresariales vinculados a la minería, la agroindustria, la energía o las grandes infraestructuras. En muchos de los países donde PBI trabaja, las comunidades enfrentan amenazas, criminalización e incluso asesinatos por defender su territorio frente a intereses económicos.
Un paso hacia la rendición de cuentas empresarial
Uno de los principales obstáculos que enfrentan las personas defensoras es la dificultad para exigir responsabilidades a empresas transnacionales cuyas sedes se encuentran en Europa, mientras las violaciones ocurren en países del Sur Global.
El nuevo Centro no sustituye a los tribunales ni podrá sancionar directamente las vulneraciones de derechos humanos. Sin embargo, sí podrá recibir denuncias, investigar casos, solicitar información a las empresas, elaborar informes independientes y hacer recomendaciones a las administraciones públicas. Además, las empresas podrán ser sancionadas si se niegan a colaborar con las investigaciones del organismo. Sus informes también podrán servir como evidencia en futuros procedimientos judiciales y contribuir a mejorar la transparencia y la diligencia debida empresarial.
Quizás el texto final no incorpora todas las competencias que podría aglutinar el Centro -o que la sociedad civil demandaba-. pero supone sin duda alguna un primer paso decisivo para romper con un modelo basado únicamente en compromisos voluntarios de responsabilidad social corporativa.
¿Por qué es importante para PBI?
Las organizaciones acompañadas por PBI han documentado durante años cómo numerosas violaciones de derechos humanos están vinculadas a actividades empresariales: desalojos forzosos, contaminación ambiental, apropiación de tierras, violencia contra pueblos indígenas y ataques contra quienes defienden el territorio.
Con frecuencia, las empresas responsables pertenecen a grupos multinacionales con presencia en Europa. Por ello, PBI ha defendido históricamente la necesidad de que los Estados donde estas empresas tienen su sede establezcan mecanismos efectivos de supervisión y rendición de cuentas.
La creación del Centro Catalán de Empresa y DDHH responde precisamente a esa demanda: reconoce que la responsabilidad empresarial no termina en las fronteras nacionales y que las administraciones públicas tienen un papel que desempeñar en la prevención de abusos y en la protección de quienes los denuncian.
Este nuevo organismo también fortalece un enfoque que PBI considera esencial: la prevención. Cuando existen instituciones independientes capaces de investigar, visibilizar y generar presión pública sobre posibles abusos, aumenta el coste político y reputacional de cometer violaciones de derechos humanos y disminuyen los espacios de impunidad.
Un logro construido desde la sociedad civil
La aprobación de esta ley no habría sido posible sin el trabajo sostenido de una amplia alianza de organizaciones de derechos humanos, justicia global y solidaridad internacional que durante más de diez años impulsaron esta propuesta.
Este esfuerzo demuestra que la incidencia política, cuando se sostiene en el tiempo y se construye desde las alianzas entre organizaciones, comunidades afectadas y personas defensoras, puede traducirse en cambios institucionales concretos.
Para PBI, este logro envía además un mensaje positivo a las personas defensoras que acompaña en América Latina y otras regiones: sus denuncias no solo generan solidaridad internacional, sino que también pueden impulsar reformas que fortalezcan los mecanismos de protección y la rendición de cuentas de las empresas transnacionales.
Mirando hacia el futuro
La creación del Centro Catalán de Empresa y Derechos Humanos no pone fin a la impunidad empresarial, pero constituye un precedente innovador dentro del Estado español y un referente para otros territorios europeos que buscan reforzar la protección de los derechos humanos frente a la actividad empresarial.
PBI seguirá apoyando iniciativas que promuevan la responsabilidad de las empresas, fortalezcan la protección de las personas defensoras y contribuyan a garantizar que quienes sufren violaciones de derechos humanos puedan acceder a la verdad, la justicia y la reparación.