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EL COPINH VISITA MADRID BUSCANDO JUSTICIA PARA BERTA CÁCERES

Del 10 al 14 de junio Bertha Zúñiga Cáceres y Camilo Bermúdez, integrantes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), visitaron Madrid en una gira internacional por varios países europeos acompañada por PBI.

La gira puso el foco en la importancia de ejercer presión internacional para poner en marcha medidas de reparación integral por el asesinato de Berta Cáceres, así como medidas de protección para las integrantes del COPINH, las comunidades del pueblo lenca y las personas defensoras de derechos humanos en Honduras.

A 10 años del asesinato de la lideresa y defensora del territorio Berta Cáceres, su familia, el COPINH y las comunidades del pueblo lenca continúan exigiendo justicia. La gira se realiza a los pocos meses de la publicación del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) que refleja los vínculos entre actores estatales, empresariales y financieros en el asesinato de la lideresa hondureña, y en un contexto de incremento de las amenazas hacia el COPINH.

El GIEI concluye que el asesinato de la defensora hondureña fue la culminación de una operación criminal con motivación empresarial para proteger intereses vinculados al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. El informe refleja que se trató de un crimen cuidadosamente planificado y ejecutado mediante una estructura que incluyó sicarios, intermediarios con formación militar, personal y directivos de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), así como redes de apoyo, tolerancia y omisión desde distintos ámbitos del Estado de Honduras. El GIEI establece que existía información concreta y en tiempo real sobre la planificación del asesinato. Pese a ello, el Estado no adoptó medidas eficaces de prevención ni protección, aun cuando Berta Cáceres contaba con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El informe también documenta que cerca del 67% de los recursos provenientes de préstamos de bancos de desarrollo internacionales, principalmente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) —del cual España forma parte como socio extrarregional— y del Banco de Desarrollo de los Países Bajos (FMO), fueron desviados de su finalidad original y utilizados para financiar actividades ilícitas vinculadas a la gestión violenta del conflicto territorial, incluyendo vigilancia ilegal, incursiones armadas, pagos logísticos y, finalmente, el asesinato de Berta Cáceres.

En las conclusiones de su informe, el GIEI recomienda un Plan Integral de Reparación que incluye medidas como la investigación y juzgamiento de todos los actores estatales, empresariales, financieros y operativos vinculados al asesinato de Berta Cáceres, la revocación definitiva del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, la titulación y saneamiento del territorio ancestral de Río Blanco,  o el control de las empresas e instituciones financieras internacionales, entre otros.

Desde el asesinato de la lideresa indígena, la situación de riesgo de las personas, organizaciones y comunidades defensoras que luchan contra la impunidad de este caso se ha incrementado. En el marco de la publicación del informe del GIEI en enero, PBI Honduras publicó una alerta por el elevado número de actos de vigilancia, seguimiento, difamación y hostigamiento registrados en contra de integrantes del COPINH y de la comunidad de Río Blanco, “lo que permite identificar un patrón de ataques orientado a obstaculizar la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas del crimen”.

Actividades realizadas  en Madrid 

Dentro de la agenda de actividades, se han llevado a cabo reuniones de incidencia política en el Congreso de los Diputados y en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Se han abierto espacios de encuentro y articulación de redes con abogacía, organizaciones sociales, y colectivas. Se han realizado acciones de visibilización como la proyección del documental «Water for life» y un coloquio posterior con el COPINH y con la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, Guatemala (UDEFEGUA).  Finalmente, se han llevado a cabo entrevistas con varios medios de comunicación que han dado visibilidad a las demandas del COPINH: